LOS ANTECEDENTES QUE COMPLICAN AL PSUV (II)

La deriva autoritaria que le siguió al desconocimiento de la derrota del 2015, prosiguió al año siguiente con el intento de la derecha de convocar un referéndum revocatorio contra Maduro. El Consejo Nacional Electoral (CNE) había autorizado el inicio del proceso el 26 de abril de 2016, cuando aprobó la entrega del formulario para la activación del mecanismo. Sin embargo, rápidamente dejó entrever su poca predisposición con la medida. Desde el principio -alegando razones logísticas- el ente anunció que, en caso de llevarse a cabo, se realizaría recién a mediados del primer trimestre de 2017.

La elección de la fecha no era un tema menor. Según el artículo 72 la Constitución venezolana, el referéndum solo puede invocarse tras cumplirse los primeros tres años del periodo presidencial; alcanzados los cuatro años (después del 10 de enero de 2017, en este caso), si el mandato llegase a ser revocado, el presidente debe ser reemplazado por su vicepresidente, por todo el resto del período, sin posibilidad de elecciones adelantadas.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había realizado las primeras solicitudes oficiales al CNE para activar la primera etapa del proceso (fase de promoción) a principios de marzo de 2016, esperando recibir del ente un modelo de planilla oficial que sirviese para recolectar las firmas de los ciudadanos. Pero el CNE rechazó reiteradamente las solicitudes bajo argumentos técnicos, llegando a alegar en última instancia que, para la entrega del modelo de planilla, era necesario respaldar el pedido por medio de asambleas ciudadanas; ya que, según la autoridad electoral, la solicitud no podía ser tomado como un derecho de los partidos políticos, sino de los ciudadanos.​

El 12 de abril la derecha presentó 2.040 firmas recolectadas en las asambleas requeridas. Finalmente, el CNE terminó entregando el modelo de planilla a la MUD el 26 de abril. Pero contraviniendo el reglamento previsto por el CNE, la autoridad electoral impuso como nueva medida que la recolección y autentificación debía contabilizar no menos del 1% del electorado en cada Estado, y no a nivel nacional, por lo que si en cualquiera de las 24 administraciones regionales se contabilizaba menos del 1%, la convocatoria no prosperaría. A pesar de todo el 2 de mayo la coalición entregó 1,85 millones de actas de voluntad, cuando el equivalente del 1% requerido eran 195.721.

Rápidamente, el gobierno de Maduro organizó una comisión dirigida por el entonces alcalde del municipio Libertador de Caracas y ex rector del CNE, Jorge Rodríguez, para que auditase la totalidad de las firmas recogidas por la MUD, a fin de “revisar el cumplimiento de los términos legales” para tal proceso constitucional. La comisión visitó las oficinas del CNE en Caracas para exigir al ente la entrega de copias de todas las planillas originales entregadas por la oposición para constatar su autenticidad, previo al proceso de verificación oficial dirigido por el poder electoral.  

En aquel momento, Rodríguez justificó el pedido argumentando que “las manifestaciones de voluntad son públicas”. También informó que acudirían al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para para activar una serie de mecanismos jurídicos para defender el trabajo del CNE de los ataques destinados a desprestigiarlo. También aseguró que en caso de que la oposición tomase caminos violentos solicitarían al ente comicial la suspensión del revocatorio. ​

Los dirigentes de la oposición rechazaron la conformación y las exigencias del PSUV. El representante de la MUD ante el CNE, Juan Carlos Caldera, reclamó que la auditoría de las firmas no estaba prevista -ni en la Constitución ni en las resoluciones de 2007 que reglamentaban el referéndum- para la fase de promoción del proceso, sino para la siguiente etapa; y que el PSUV solo buscaba usurpar las funciones del CNE y amedrentar a los firmantes. Una apreciación compartida por el ex rector del organismo, Vicente Díaz.

El 9 de junio, el CNE informó que la auditoría de las actas presentadas dio como resultado la inhabilitación de 600 mil de las firmas, debido a fallas en su calidad o autenticidad, tales como la presunta usurpación de la identidad de ciudadanos fallecidos. Acto seguido, la autoridad electoral agregó un nuevo proceso (que no figuraba en la normativa), denominado de autoexclusión -precedente al de autentificación de las firmas- en el que los ciudadanos podían remover sus actas de voluntad de la base de datos para que no contasen en el proceso de validación. Sin embargo, para el 17 de junio tan solo 5 mil 500 electores habían firmado para que se los excluya, una cifra intrascendente para el proceso final. Por el contrario, una semana después, el proceso de validación logró certificar 409 mil firmas.

Fu en ese momento que el PSUV decidió jugar la carta judicial para frenar el revocatorio. El 13 de junio el oficialismo ya había presentado un amparo ante el TSJ por las firmas fraudulentas y defectuosas presentadas por la derecha. Un mes después, el 26 de julio, interpuso una solicitud formal ante el CNE para que se anulase la inscripción formal de la MUD como partido político -inhabilitando a tal formación como solicitante del referéndum revocatorio- en virtud de lo contenido en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos. A juicio del oficialismo, las 600 mil actas inhabilitadas serian la prueba de que la oposición habría incurrido en "el fraude más grande que haya conocido la historia venezolana", un acto deliberado contra la Constitución".

En tanto que el primero de agosto, el PSUV notificó al ente comicial que había presentado ante tribunales un aproximado de 8.600 denuncias formales por presuntas usurpaciones de identidad por parte de la MUD durante la recolección de firmas del 27 de abril, a fin de que el CNE ratificara la nulidad del proceso. A su salida de la reunión con la rectoría del ente, Rodríguez opinó que el proceso de referéndum estaba “legalmente muerto”.

Las fechas de las presentaciones no eran casuales.Tras una extensa auditoría que culminó el 26 de julio, el 1 de agosto la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, confirmó en una rueda de prensa que en todos los estados se había logrado el requerimiento del 1%. Pese a que no entregó detalles del número exacto de actas validadas de forma efectiva por Estado, anunció que habían sido validadas 399 mil firmas de las más de 407 mil que fueron emitidas en la etapa de validación.

El 2 de agosto la MUD presentó la solicitud formal para la convocatoria del proceso de recolección de firmas del 20% del electorado. A pesar de que los plazos fijados por el reglamento de 2007 establecían que el 20 de agosto el CNE debía dar su respuesta sobre la activación del mecanismo, la presidenta del poder electoral anunció el 9 de ese mes que el ente no se pronunciaría hasta el 14 de septiembre; por lo cual, de darse por satisfechos los requisitos, el proceso no tendría lugar sino hasta finales de octubre.

Según la rectora, tras el proceso de tres días de recolección de firmas, el CNE dispondría de 29 días de plazo para evaluar la validez de dichas actas, tras lo cual comenzaría el lapso reglamentario de 90 días máximos para la realización del referéndum.​ Sin embargo, el reglamento sólo contemplaba 15 días de auditoría para el proceso de participación, antes de que corriera el plazo de los 90 días. Por su parte, la rectora Sandra Oblitas detalló que el lapso de 29 días contemplaba tres días para la realización de la recolección de actas, cinco para la recepción de actas, y 15 días para la verificación de las mismas.​ Las directoras se resistieron a especificar textualmente fechas tentativas para la realización de la consulta, y desde la oposición se quejaron de que el cumplimiento de todos los plazos máximos expuestos en el cronograma sólo permitirían que el mismo fuese posible entre febrero y marzo de 2017.

Recién el 21 de septiembre concluyeron las discusiones dentro del CNE. El rector Luis Emilio Rondón adelantó algunas de las definiciones alcanzadas. Se estableció que el 20% de las firmas requeridas debían recogerse por Estado y no a nivel nacional como ocurrió en 2004; se fijaron 5.392 máquinas para hacer la recolección los días 26, 27 y 28 de octubre.​ Rondón destacó que el suyo fue el único voto salvado dentro del directorio, por considerar que las condiciones previstas resultaban restrictivas y porque la regionalización del cuórum mínimo contravenía de manera explícita el artículo 72 de la Constitución.

Pero nunca llegó a haber una comunicación oficial por parte de la autoridad electoral. En una nota de prensa, adelantaba que el cumplimiento de los lapsos reglamentarios haría que el CNE no anunciase el cumplimiento o no de la cuota nacional hasta finales de noviembre, y que por lo tanto, el referéndum tendría lugar “a mediados del primer trimestre de 2017”.

Finalmente, el 20 de octubre de 2016, el CNE suspendió la recolección de las firmas con la excusa de que tribunales de los estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas, Apure y Zulia (que se sumaría un día después) dictaminaron de manera paralela la anulación del primer proceso de recolección de firmas -la etapa de promoción, que exige la convocatoria del 1% del electorado- para el referéndum. La justicia de estados mencionados acusó a la derecha de cometer fraude (firmas de personas muertas, en prisión y suplantación de identidad). ​​

La MUD denunció que la decisión de validar para todo el país un fallo de tribunales regional era una medida ilegal, ya que solo aquellos con jurisdicción nacional serían los únicos habilitados para modificar o suspender la realización de un referéndum nacional. Sin embargo, el gobierno se salió con la suya y logró abortar un proceso que, muy probablemente, le hubiese resultado adverso.