RESPONSABILIDADES
EN LA DERROTA
La tentación de culpar a la gente, resulta, como menos,
una desinteligencia, porque es esa misma gente, la que llevo a la izquierda a ganar tres elecciones
nacionales; y es la misma gente a la cual se apelara para ganar los próximos
comicios. Pero también, es éticamente discutible, porque echarle la culpa a la
desmemoria del pueblo (que existe, es real y es un gran problema), es no asumir
los errores propios: cuando se renuncia a conquistar la memoria, cuando se rehúye
a dar la batalla en el campo de lo simbólico -de las ideas- cuando no se
discuten los valores imperantes; el Frente Amplio no se puede quejar de que el
pueblo adhiera a los paradigmas de la derecha, cuando es el propio Frente
Amplio el que se pliega a los paradigmas de la derecha. Endilgar
responsabilidades a los demás, es totalmente antiético cuando no es precedido
de una autocritica.
Tampoco parece pertinente una autocritica que
focalice la cuestión en la campaña electoral, las razones de los éxitos y
fracaso políticos no se agotan en las estrategias comunicacionales. El cómo se
transmite un mensaje hace parte de una comunicación exitosa, pero si no hay
nada que transmitir, difícilmente prospere el mensaje. Las democracias
capitalistas con sus técnicas de marketing, sus asesores de imagen y sus
millones de dólares, intentan escamotear la política de la discusión política,
pero esto es imposible. Una autocritica bajo estos preceptos resulta muy
conveniente para algunos: la evaluación se limita al tiempo de la campaña
electoral y a la figura central de esta, el candidato. Todos y todo lo que
escapa a este lapso es suprimido. Lo que un gobierno hizo o dejo de hacer,
quienes fueron favorecidos y desfavorecidos por sus políticas. No se puede
juzgar un proceso político sin considerarlo en toda su extensión y sin
contemplar todas sus implicancias. Y si bien los personalismos acaparan la
escena, ningún proceso se explica por el accionar de una persona; y en el caso
de que así lo sea, su suerte está echada, fracasara ineluctablemente, porque,
sencillamente, la empresa es demasiado
grande para ser sostenida por un solo individuo.
Los fenómenos
sociales generalmente son policausales, difícilmente haya una razón
determinante, que, cual llave mágica, explique por si sola ningún
acontecimiento. Nadie puede negar que una formula sin los referentes históricos
–Vázquez, Mujica y Astori- representaba un verdadero desafío para el Frente
Amplio. Es cierto que el binomio que postulo la izquierda pude llegar a ser
considerado como poco representativo del interior del país. Es probable que la
poca visibilidad de Mujica en la campaña haya mermado la votación del frente en
las clases bajas y en el interior. Pero soslayar y no reconocer la centralidad
de la cuestión económica en la política, es un autentico sinsentido. No se puede olvidar, que la brutal crisis de
2002 provoco el descalabro final de los partidos tradicionales y el triunfo por
primera vez en su historia de la coalición de izquierda.
LA
ECONOMIA Y SUS NUMEROS
El Frente Amplio llega al poder por primera vez en la
historia luego de 5 años de Jorge Batlle en la presidencia. La última
administración colorada, signada por la crisis de principios de siglo, redujo
el PBI uruguayo en un 7,9% entre 1999 y 2004. La elección del segundo gobierno
de izquierda en 2009, fue precedida por un crecimiento del producto del 33,1%
entre 2004 y 2009. La coalición de izquierda llego a su segunda votación como
partido gobernante, con un crecimiento económico de 26,8% entre 2009 y 2014.
Finalmente, el Frente Amplio pierde los comicios con un crecimiento del PBI
entre 2014 y 2019 de un 6,6%.
En 2004 los uruguayos en situación de pobreza eran un
39.9%, Jorge Batlle había recibido de su predecesor un país con 22.8% en 1999.
Al concluir el primer quinquenio de Tabaré Vázquez, la población bajo la línea
de la pobreza había disminuido al 21%. Lo mismo paso con el periodo presidido
por Mujica, en donde se redujo hasta el 9.7%. En la que sería la última
administración frenteamplista, la pobreza se redujo hasta el 8.8% de la
población. No solo la reducción es mínima, sino que a diferencia de los dos
primeros periodos donde la disminución de la pobreza fue una constante año a
año, entre 2014 y 2016 la pobreza se estanco –los dos primeros años permaneció
igual en 9.7%, para bajar 3 decimas en 2016-. Al año siguiente pasa a 7.9% para
subir los siguientes dos años.
En marzo del 2000 Batlle recibe el país con una Tasa de Desempleo de 11,4% (promedio de los últimos 12 meses de la administración
precedente, es decir, entre marzo del 1999 y febrero del 2000). Cuando le
entrego la banda a su sucesor, esta cifra era de 12,6% (promedio de los últimos
12 meses de su administración, es decir, entre marzo del 2004 y febrero del
2005). Su gestión promedio un 15,1% anual de desempleo (entre marzo de 2000 y
febrero del 2005). En el último año de la primera presidencia de Vázquez los
desempleados eran 7,9% de la población. Su quinquenio promedio una Tasa de
Desempleo de 9,7%. Mujica, por su parte, dejo el cargo con un
6,6% de desempleo en su último año, idéntica cifra al promedio anual de su
administración. El segundo periodo de Tabaré Vázquez promedio a lo largo de sus cinco años una
Tasa de Desempleo de 8,2%. En su último año al frente del ejecutivo, la cifra
era de 9,1%.
En el último gobierno del Partido Colorado el salario real cayó un 22,5% (diferencia entre los últimos 12 meses de Batlle, es decir
entre marzo del 2004 y febrero del 2005; y el ultimo año de su antecesor, entre
marzo de 1999 y febrero del 2000). Solo en el año 2001 con 0,01% y 2004 con
2,9% el salario real creció. El primer periodo de Vázquez registro un alza del
26,9%. Con Mujica como jefe de Estado el salario real creció en cinco años
19,1%. En el tercer periodo frenteamplista el Índice creció un 7%. 2019 fue el
primer y único año donde los trabajadores perdieron poder adquisitivo, un
0,27%, en los quince años de gobiernos del Frente Amplio.
CIERTAS
DESICIONES
A continuación se pasa a dar cuenta de ciertas
actuaciones y medidas llevadas a cabo por el Gobierno encabezado por Tabaré
Vázquez, que fueron en contra de la propia base electoral del Frente Amplio,
entendiéndose por esta, las grandes mayorías trabajadoras.
Sin revestir carácter exhaustivo alguno, ni arrogarse
ninguna suficiencia explicativa de la derrota frenteamplista; si pretende
atestiguar como la izquierda conspiro contra sus propias posibilidades, minando
su caudal de votos, al impulsar políticas contradictorias de los intereses de
los trabajadores.
CAMBIOS EN EL FONDES
Desde su creación en 2011, por el decreto 341/011 firmado
por José Mujica, el Fondo de Desarrollo (FONDES) venia financiando empresas con
autogestión obrera. Si bien no se excluía a la empresa privada, si se le daba
valor prioritario a los emprendimientos con dirección de los trabajadores.
Sus recursos provenían de las utilidades del BROU: hasta el 30% de estas, según
lo establecido por el artículo 40 de la carta orgánica del banco.
A impulso de Tabaré Vázquez, el FONDES paso también a
financiar micros, pequeñas y medianas
empresas del sector privado. Este y otros cambios, serian plasmados en la ley 19.337 promulgada el 20 de agosto de 2015. El FONDES pasaría a estar integrado
por dos divisiones: una encargada de atender los proyectos autogestionados por
los trabajadores, encomendada al Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP);
y la otra enfocada en la pequeña y mediana empresa privada, dirigida por la
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). A cada partición le correspondería la
mitad de los recursos del FONDES. Estos, seguirían nutriéndose del aporte del
BROU, pero de ahora en más contarían con un mínimo del 15% de las utilidades
netas del banco. También se limito la cuantía de los apoyos: ningún proyecto
podría ser beneficiado con más del 10% de los activos administrados en el año
corriente por cada partición; y se estableció un máximo por empresa de dos
préstamos en un lapso de cinco años, los cuales no podrían superar el 15% del
valor promedio anual de los activos administrados por la partición
correspondiente en los últimos cinco años.
A mayo de 2016 aun no se había emitido el decreto
reglamentario de la ley, lo cual dificultaba el funcionamiento del fondo. Esta
tenía un artículo (20) que mandataba al BROU a transferir el correspondiente
porcentaje de ganancias del ejercicio
2013 -unos US$30 millones-, hacia el INACOOP, pero a falta de la reglamentación el
banco no se sentía obligado a realizar el giro. Mientras que por ese mismo
tiempo, el Ejecutivo dispuso que el dinero que tenía en caja el FONDES hasta la
fecha de promulgación de la ley 19.337
–unos US$60 millones-, pasara a la ANDE (Brecha 13/5/16, 5). Pero los
problemas con el banco estatal no terminaron cuando, el 30 de mayo de 2016, se reglamento la ley. A
junio de 2017, el BROU solo le había transferido 10 millones de dólares –en
2016- de los US$30 millones correspondientes (Brecha 27/1/17, 7) a las
ganancias del 2014 y 2015. A propósito de la Rendición de Cuentas de ese año,
el Gobierno comunico que el BROU cortaría totalmente el financiamiento al
FONDES – así como a Rentas Generales- por lo menos hasta 2020, aduciendo que nuevos parámetros
contables se lo impedían (Brecha
23/6/17, 4).
Pero la capacidad para volcar utilidades
le fue restituida al banco público en la Rendición de Cuentas del año
siguiente, aportaría US$50 millones a Rentas Generales en 2019 y 2020; sin
embargo, seguiría sin proveer al FONDES.
LA PAUTA SALARIAL DEL SECTOR PRIVADO
A fines de junio de 2015 el Gobierno difundió la pauta
salarial para la sexta ronda de los consejos de salario. Por primera vez en una
administración frenteamplista, se desindexa los salarios de la inflación. Se
establecen aumentos diferenciales en función de los diferentes desempeños
sectoriales, por lo que se dividió a las empresas en tres categorías. Aquellas
con un crecimiento de 4% anual conformarían el grupo dinámico; en el otro extremo, un sector
problemático, comprendido por empresas subsidiadas por el Estado, en riesgo de
empleo, con envíos importantes al seguro de paro o con problemas de
competitividad; y entre ambos, un denominado sector medio. Los aumentos nominales para el primer año
fueron fijados en 8% para el sector en problemas, 8,5% para el medio y 10% para
el dinámico.
Para
el segundo año, si bien en un principio se establecieron aumentos inferiores
-entre 1,5 y 1 punto más bajos- en agosto de 2016 el Gobierno rectifico y mantuvo los guarismos del año pasado.
Para el tercer año se planteo un crecimiento de 6,5% para los sectores en
problemas, 7,5% para el intermedio y 9% para el dinámico.
Cualquier aumento que superase estos guarismos seria homologado por el Gobierno, solo sino se trasladaba a los precios. Pero estos
porcentajes se dividirían a la mitad, ya que los ajustes dejarían de ser
anuales para pasar a ser semestrales. La
pauta del Ejecutivo también modificaba el correctivo por inflación, que ya no
serian ejecutados anualmente sino a 18 meses (para los acuerdos firmados a dos
años) o
24 meses (para los convenios firmados a tres años). A fines de 2016 el
Ejecutivo volvió a autorizar correctivos anuales para aquellos convenios que
todavía no habían sido firmados. Por
su parte, la clausula gatillo –que
dispone, que si la inflación acumulada en el primer año desde la firma del
convenio supera determinado limite, se aplica un ajuste adicional por la
diferencia entre la inflación y el correspondiente ajuste salarial- dejaría de
activarse si la inflación anual acumulada sobrepasase el 10% (Brecha 11/3/16,
8), para establecer el nuevo umbral en 12%.
Además se preveían aumentos adicionales del 3,5% para
sueldos de hasta $13.400 nominales, y de 2,5% para los de entre $13.400 y
$15.600 mil pesos, mejorando lo propuesto inicialmente en 2015. A
propósito de los sueldos más bajos, en la primera quincena de noviembre de 2016
el Ejecutivo afirmo que no se opondría a que los aumentos superasen los
lineamientos establecidos en la pauta (Brecha 18/11/16, 12).
A lo largo de 2016 se fueron cerrando los convenios
salariales de los grupos que venían negociando desde el año anterior. En las 30 instancias que no hubo acuerdo (entre el Ministerio de Trabajo, los empresarios
y los trabajadores) y se debió resolver por votación, el Gobierno voto solo una
vez junto a los trabajadores en contra de los empresarios, catorce veces opto
por la posición de los empleadores contra los trabajadores, mientras que en el
resto de las votaciones la mayoría se consiguió con otras formulas.
Por su parte, el trece de marzo de 2018 el Ejecutivo presento los lineamientos para la séptima ronda de los consejos de salario. Los
aumentos nuevamente serian nominales, con ajustes semestrales o anuales (en el
caso de que hubiera acuerdo entre empleadores y empleados). Los correctivos por
inflación serian cada 18 meses, pero ahora sería posible volver a convocar los
Consejos de Salario si la inflación a los 12 meses superase el 8,5%. Mientras,
que la clausula gatillo se mantuvo en 12%. Para el primer año los sectores en
problemas tendrían aumentos del 6,5%, los sectores medios 7,5% y los sectores
dinámicos un 8,5%. Para el segundo año se fijaban en 6%, 7% y 8%,
respectivamente; en tanto, que para el último semestre o tercer año, se
establecieron subas de 5%, 6% y 7%. Para los salarios sumergidos (hasta 25% por
encima del salario mínimo de aquel entonces, es decir, hasta $16.787) se
preveía aumentos adicionales anuales del 1% para las empresas en problemas, 2%
para las intermedias y 2,5% para las dinámicas. Nuevamente no se toleraría el
traslado a precios de aumentos que excedieran los lineamientos. También se
resolvió llevar el salario mínimo desde los $13.430 a los $15.000 nominales
para enero de 2019, lo que implicaba un aumento de 11,7%; para llegar a julio
del mismo año a $15.650 (adelantando la mitad del ajuste previsto para enero de
2020) y a $16.300 en enero de 2020.
Los diferendos en el primer año de negociación de la
séptima ronda se resolvieron con trabajadores y patrones votando juntos y el
Gobierno absteniéndose, así fue en 53 de las 70 ocasiones que se llego a esta
instancia. El Ejecutivo respaldo a los empleados en contra de los empresarios
en 13 oportunidades; mientras que esta vez, solo en 3 ocasiones opto por
aliarse a la patronal en contra de los trabajadores.
Pese a que esta
política de contención salarial tenía como objetivo la preservación del empleo,
en el quinquenio del tercer Gobierno frenteamplista se perdieron 55.000 puestos
de trabajo; cuando en los diez años anteriores se habían creado 300.000 nuevos
empleos (Brecha 28/2/20, 8).
EL CONFLICTO CON LA EDUCACION PÚBLICA
El 6 de agosto de 2015 los sindicatos de la enseñanza
comenzaron movilizaciones y paros, el 31 de aquel mes era la fecha límite para
que el Gobierno presentara el presupuesto en el Parlamento, y aun no había
informado la pauta salarial para los docentes (Brecha 7/8/15, 14). El viernes
14 era la fecha para esto, pero los representantes del Ministerio de Economía y
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no se presentaron. El lunes los
docentes de Montevideo fueron a huelga. Al día siguiente las partes finalmente se
sentaron a dialogar (Brecha 21/8/15, 16), pero sin propuesta oficial. Esta llegaría recién el 21 de agosto: el Gobierno ofreció aumentos de 3,5% real
anual, cifra que no alcanzaba ni la mitad de lo que pedían los trabajadores. Las
movilizaciones continuaron (Brecha
28/8/15, 2-4) y la respuesta del Gobierno fue decretar la esencialidad de la educación, un 24 de agosto de aquel año.
En 2017 finalizaba el convenio colectivo con los docentes
del sector público, la intención del Gobierno era replicar el acuerdo salarial
firmado en 2015, es decir, que en 2018 el salario real tuviera el mismo aumento
que en 2016 y 2017; para esto el Gobierno había previsto una suma de US$10
millones (294 millones y medio de pesos de la época). Pero en plenas
negociaciones, el Ejecutivo dio por finalizada unilateralmente la discusión y
decidió enviar el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2017 al Parlamento,
adelantándose 10 días a la fecha límite para su presentación; y como no hubo
acuerdo con los sindicatos elimino la
mencionada partida del proyecto de rendición (Brecha 23/6/17, 6 y Brecha
14/7/17, 4). Finalmente, el incremento total concedido a la ANEP fue de $1.500
millones (articulo 190).
Pero solo para replicar el convenio de 2015 el ente calculo necesarios $1.936 millones.
La diferencia radicaba en que el Ministerio de Economía no tuvo en cuenta el
incremento de cargos; a pesar de reconocer el error el ministerio no rectifico
el monto (Brecha 23/6/17, 6 y Brecha 14/7/17, 4). Para acercarse en parte a la
cifra retaceada por el Ejecutivo, el Parlamento reasigno $200.000.000 del
presupuesto de la propia ANEP (articulo 235).
En la UDELAR, el incremento total planteado por el
Ejecutivo para 2018 fue de $348 millones (articulo 191), lo
cual representaba el 17,7% de lo solicitado por la universidad para la
adecuación salarial (Brecha 14/7/17, 8).
DECRETOS DE ESENCIALIDAD
La esencialidad también se decreto en febrero de 2017
para los trabajadores del Instituto Uruguayo de Meteorología –ante el anuncio
de un paro- y a los funcionarios de ANCAP–por la supresión del servicio médico del ente y el
paso de los funcionarios a una mutualista- el 12 de junio de 2017.
TARIFAS
En los primeros once años de Gobiernos frenteamplististas
las subas de tarifas de los entes públicos solo habían superado la inflación en
el 2006. Esto cambio en 2016, en enero de aquel año ANTEL promedio un aumento
de 9,44%, pero las tarifas de internet subieron hasta en un 26% (Brecha
22/1/16, 2-3); mientras que el reajuste en UTE y
en las franjas de mayor consumo de OSE fueron de 9,85%. La inflación de 2015 fue de 9,44%.
El Gobierno progresista estaba abocado a bajar el déficit fiscal y utilizaba
las tarifas para esto, las empresas publicas debían aportar un 1% del PBI,
según declaraciones del Ejecutivo (Brecha 5/2/16, 10).
En la primera semana de diciembre de 2017 el Gobierno
anuncio que a partir del primero de enero del siguiente año ANCAP subiría la
nafta 9,8% y
el supergas 15%,
siendo los únicos rubros tarifarios de los servicios públicos que crecerían por
encima de la inflación(6,5%).
CAMBIOS IMPOSITIVOS
En el año 2017 la Rendición de Cuentas estableció cambios
impositivos. El artículo 168 consignaba que la franja que va desde $50.100 a
$100.200 pasaría de pagar 20% a
24% por IRPF.
El sistema de deducciones también fue modificado, el articulo 169 estableció
que las personas con un ingreso nominal inferior a $54.165 pasarían a poder
descontar un 10%, cuando antes deducían entre un 15% y 20%.
LEGISLACION LABORAL
El 18 de octubre de 2016 la cámara de diputados aprobaba
un proyecto de ley que obligaba a las empresas privadas con 25 o más trabajadores
a contratar un mínimo de 4% de personas con discapacidad . En
ese mismo tiempo, los representantes establecieron modificaciones a la ley de
trabajo nocturno. Esta, decía que para
cobrar el plus del 20% se debe trabajar 5 horas seguidas entre las 22 horas y
las seis de la mañana; los cambios eliminaban el requisito de las 5 horas.
Pero ambos proyectos fueron paralizados por el Ministerio de Trabajo al llegar
al senado, debido a la disconformidad del empresariado (Brecha 5/1/17, 2).
Finalmente (dos años más tarde), los senadores votaron la ley de empleo para personas con discapacidad, pero con variantes: su aplicación regiría solo para
trabajadores permanentes, por lo que los trabajadores zafrales quedaban
excluidos; además se otorgaba un plazo de tres años para que las empresas
ajustaran sus plantillas; también se eliminaron los días de licencia para
padres con hijos discapacitados; y se suprimió toda mención acerca de la
igualdad salarial y de condiciones de trabajo.
Por su parte, la modificación del artículo 4 de la ley de trabajo nocturno no
prospero y fue archivada.
DECRETO ANTIPIQUETES
Un decreto que habilitaba a la Policía a intervenir sin
orden judicial previa, para disolver cualquier agrupamiento que dificulte la
libre circulación en calles, caminos o rutas, fue firmado por Vázquez el lunes
20 de marzo del 2017. Si bien, el artículo 4 del texto establecía la salvedad
ante lo previsto por el artículo 57 de la Constitución –sobre la promoción de
la organización sindical y el derecho a huelga-,
los primeros detenidos por hacer un piquete fueron afiliados del Sindicato
Único del Transporte de Carga, que trancaron la entrada de camiones a Montes
del Plata en conchillas (Brecha 24/3/17, 6).
MODIFICACIONES A LOS CONSEJOS DE SALARIO
El martes 29 de octubre –dos días después de las
elecciones- el Ministerio de Trabajo envió al Parlamento un proyecto que
modificaba la ley de negociación colectiva. En él se suspendía la ultractividad
(la permanencia de lo dispuesto en los acuerdos vencidos, mientras no se firme
otro) y se habilitaba la negociación por empresa, lo cual dejaba a los
trabajadores no organizados en disparidad de fuerza con sus empleadores.
Pese
a que los parlamentarios del Frente Amplio se negaron a dar tratamiento alproyecto, de esta forma el Gobierno daba lugar a los reclamos de las cámaras
empresariales que venían hace 10 años –desde su promulgación- quejándose en la
Organización Mundial del Trabajo para que se modificara la ley.
