¿POR QUE SOMOS CHAVISTAS?

(Parte II)

GASTO SOCIAL

GASTO SOCIAL 1969-2012

El promedio anual del gasto social real por habitante (Bs. de 1984) del gobierno de R. Caldera (COPEI) fue de Bs. 2.320 entre 1969 y 1973. La administración de Acción Democrática que le siguió, presidida por C.A. Pérez, entre 1974 y 1978, elevo el promedio de las erogaciones a Bs. 3.311. Entre 1979 y 1983 COPEI retomo el Ejecutivo de la mano de Campins, que elevó el gasto social per cápita a Bs. 3.363. Lusinchi inauguro el periodo de gobiernos de Acción Democrática, en los cuales el gasto social bajó a Bs. 2.393 en 1984-1988 y ascendió a Bs. 2.621 en el segundo mandato de C. A. Pérez entre 1989 y 1993. Entre 1994 y 1998 el democratacristiano R. Caldera retorna para su segundo periodo, en el que el promedio anual del gasto social por habitante pasa a Bs. 2.684. Ya en el primer gobierno de Chávez las erogaciones en este apartado pasan a Bs. 3.238 entre 1999 y 2003, solo superado por el gobierno encabezado por Campins (Aponte Blank, El gasto público social venezolano: sus principales características y cambios recientes desde una perspectiva comparada. Universidad Central de Venezuela. Cuadernos del CENDES, vol. 23, núm. 63, septiembre-diciembre 2006. 92-93).

Desde 1968, solo en 1978 y 1981 el gasto social real superó al de 2001, en 6,3% y 0,9%, respectivamente. El autor del informe aclara, que aunque los datos posteriores a 2003 están deflactados según un año base distinto, la diferencia exponencial entre el gasto de 2004 y 2005 con respecto al de 2001 (13,2% y 22,6%) (Aponte Blank, 2006. 91) –y al ser estos superados por los futuros presupuestos-, permite señalar que los del periodo 2004-2014 son los más altos de la historia venezolana (Aponte Blank, El gasto público social durante la gestión de Maduro 2013-2015. Revista  SIC. Centro Gumilla,  Año 79, núm. 783, Abr. 2016. 111-112).

De este modo, el gasto social real per cápita (Bs. 1997) registra un promedio anual de Bs. 383 entre 2004 y 2012, subiendo a Bs. 404 entre 2006 y 2012; estableciendo records históricos en 2006-2007 y 2011-2012 con Bs. 430 y Bs. 431, respectivamente. A partir de 2004 el gasto social del Estado no bajara a los niveles de 1997 (1998 es muy inferior). Antes de eso, este solo supero esos niveles en 2001 (Aponte Blank, Ascenso y vulnerabilidad del gasto publico social durante las gestiones presidenciales de Hugo Chávez: 1999-2012. CEDICE, 2015. 6-7).

Por su parte, el promedio anual del gasto social como porcentaje del PBI entre 1969 y 1973 fue de 8,4%. Para el quinquenio 1974-1978 ascendió a 10,2%. Crecen  a 11,8% para el periodo que va de 1979 a 1983. Luego baja a 9,5% para 1984-1985. La década de los 90 se inaugura con una partida social con un promedio anual de 10,5%, correspondiente a los años que transcurren entre 1989 y 1993. El periodo 1994-1998 promedia un 11,2% del PBI destinado a dicho rubro (Aponte Blank, 2006. 93-94).

Ya con Chávez de presidente, el gasto social trepa al 15,1%, para 1999-2003 (Aponte Blank, 2006. 93-94). Estas pasan a 19,8% del PBI para 2004-2012; en el cual se pasó de un promedio de 18,3% en 2004-2005 a 20,2% entre 2006 y 2012. Aquí se destacan el 22,3% del 2006, el 21,6% del 2007, el 21,4% de 2011 y el 21,1% del PBI del año siguiente. Cabe destacar que pese a estos altos y bajos, en ningún caso el gasto social se situó por debajo de los niveles de 1997 y 1998, de hecho solo 1999 pose guarismos inferiores a los de 1997 (Aponte Blank, 2015. 9-10).

En el primer gobierno de Caldera el gasto social represento el 39,4% del gasto total. Con C. A. Pérez el promedio anual descendió al 30,8%. En la administración de Campins este explico el 40,7% del gasto público total.  Para el quinquenio de Lusinchi la partida social significo un 39,8%. De 45,3% fue la participación de las erogaciones sociales en el presupuesto del segundo mandato de C. A. Pérez. El gasto social represento un 47,6% en el Ejecutivo liderado por Caldera (Aponte Blank, 2006. 96). 

En la primera administración chavista, entre 1999 y 2003, el promedio anual del gasto social del gobierno represento el 50,9% del gasto público total, alcanzando su máximo desde 1969 (Aponte Blank, 2006. 96). Entre 2004 y 2011 (el informe no llega 2012) se promedio 57,1% del gasto total. Pese a los constantes altibajos entre 1999 y 2011 el gasto social siempre supera al efectuado en 1997 y 1998 (Aponte Blank, 2015. 10-12).

GASTO SOCIAL CON MADURO

A partir de 2014 el Gobierno comienza a limitar la información sobre el gasto, con los datos disponibles se puede afirmar que en los primeros dos años de la presidencia de Maduro el gasto social real por persona (Bs. 2007) participa en el periodo con los niveles más altos de la historia de Venezuela iniciado en 2004. Para 2013 fue de Bs. 3.008, que si bien representa un recorte con respecto a los Bs. 3.163 de 2012, supera al trienio 2009-2011 (Bs. 2.708, Bs. 2.605, Bs. 2.987) y a las erogaciones de 2004 y 2005 (Bs. 2.447, Bs. 2.768), además de todo el periodo 1999-2003. De hecho, fue solamente superado  por los Bs. 3.762 de 2006, los Bs. 3.275 de 2007 y Bs. 3.327 de 2008 (y lo dicho de 2012). Mientras que para 2014 baja a Bs. 2.743, solo superior a 2004, 2009-2010, además de al periodo 1999-2003 (Aponte Blank, 2016. 111-112).

Para el 2015 los datos son preliminares, pero muestran una caída de más de la mitad con respecto a 2014: Bs. 1.241, lo que representa un recorte del 54,75%. El autor aclara que el carácter preliminar de estos números subestima el registro definitivo, pero que esta diferencia nunca llego al 30% (entre 2007-2014) Si se calcula un 30% de subestimación la cifra seria de Bs. 1.613, solo superior al año en que se gasto menos (1999) (Aponte Blank, 2016. 112).

Mientras que para 2016, caea niveles alcanzados a fines de los años noventa (Aponte Blank, La política social durante la gestión de Maduro 2013-2016. Revista SIC. Centro Gumilla,  Año 80, núm. 794, Mayo 2017. 177).

Esta caída del gasto per cápita se produce por el derrumbe de la economía del país caribeño y no por un reajuste presupuestal, puesto que el gasto social continua representando –hasta 2015- aproximadamente entre un 55% y un 60% del gasto público total, tal como viene ocurriendo desde el 2004. El autor estima que tampoco habría variado sustancialmente el porcentaje del PBI destinado al gasto social (Aponte Blank, 2016. 111-112). Por lo que desde el quinquenio 1999-2003 el promedio anual del gasto publico social es el más alto de la historia de Venezuela. Pese a la limitada información oficial, Aponte considera una continuación de estos altos niveles hasta 2017 (Aponte Blank, 2017. 176).

Sin datos precisos para los años subsiguientes, y teniendo en cuenta la caída del PBI en el mencionado periodo, resulta lógico suponer que el gasto social (así como el total) se ha reducido drásticamente, a pesar de que su proporción con el presupuesto total del gobierno o con el PBI se haya mantenido.

CUASAS DE LA CRISIS EXOGENAS

Desde que la actividad petrolera se convirtió en una industria moderna, su rol en la economía venezolana es de una centralidad excluyente. Por lo que es imposible negar el papel del histórico auge de precios del petróleo en el buen desempeño económico-social de los gobiernos de Chávez. En 2004 se alcanza el record histórico, y a partir de ahí los precios nunca volverían a los niveles registrados previos a los gobiernos chavistas. Entre 1998 y 2012 aumentaron 878,42%, batiendo todos los records.

Lo mismo puede decirse de su importancia en la terrible crisis que atraviesa hace años Venezuela. En los primeros dos años de Maduro lacesta venezolana baja en años seguidos, no obstante la merma, se mantiene en niveles records para los registros del país. El desplome de los precios del petróleo se da en 2015. Durante la presidencia de Maduro (hasta 2019) la cesta venezolana retrocedió un 42,37%.

Los gobiernos de Chávez y Maduro han enfrentado una desestabilización permanente por parte de la oligarquía local y de Estados Unidos, como ninguna otra administración venezolana. Estos ataques a la economía del país se han desarrollado de manera manifiesta, como los sucesos de 2001-2002, que incluyeron el lock out, sabotaje de la industria petrolera y el golpe de estado a Chávez. Pero también han operado de forma encubierta, a través del desabastecimiento, la suba de precios y la manipulación del tipo de cambio, que destruyo el valor del Bolívar.

Cuando estallo la crisis, y el país se vio con la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento, estas se le negaron de facto, vía el encarecimiento de las mismas. Entre 2013 y 2016 el riesgo país (J.P Morgan EMBI+ a fin de periodo) subió un 95,60% para Venezuela; mientras que para el conjunto de América Latina aumento un 17,80% (CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017, 2018. 115). Si bien el PBI (CEPAL) ya había disminuido un 25,23% y los precios del petróleo caído un 64,66%, hasta ese año el país cumplía sin excepciones  con el pago de sus deudas. La incertidumbre que se cernía sobre el país caribeño podría justificar el crecimiento del riesgo país, pero lo cierto, es que el costo que el país tomaba por endeudarse venia subiendo con anterioridad a la crisis. Entre 2006 y 2012 –con el precio del petróleo subiendo 79,23% y con una economía creciendo un 20,13%- el riesgo país escalo un 324,72% (CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015, 2016. 79), por su parte, para el resto del subcontinente fue de 70,43%.

En 2017, treinta días antes de que comenzaran las sanciones, los tenedores de bonos venezolanos demandaron una tasa de riesgo soberano (spread) 7,8 veces superior a la media de América Latina y 9,5 a la pagada por los mercados emergentes por aquel tiempo (De Freitas (Coord.), Sanciones Internacionales a Venezuela ¿Origen o fin de la crisis? Transparencia Internacional, 2020. 12).

Las operaciones encubiertas, llevadas a cabo para impedir las vías de financiamiento, así como las acometidas contra la producción y distribución de bienes, se revelaron públicas cuando Washington comenzó a imponer sanciones a Venezuela.

El 25 de agosto de 2017 el gobierno de Estados Unidos prohibió todas las transacciones vinculadas a la provisión de financiamiento del Estado venezolano en EE.UU (De Freitas (Coord.), 2020. 7-9).

En noviembre de 2018 se impusieron sanciones contra la exportación de oro y otros sectores económicos. En enero de 2019, las propiedades de PDVSA sujetas a jurisdicción estadounidense fueron bloqueadas, así como la prohibición de los estadounidenses de hacer negocios con la empresa (se emitieron licencias para continuar de forma limitada ciertas transacciones). A partir de marzo estas mismas sanciones comenzaron a apuntar a bancos y navieras que trabajaban con PDVSA (De Freitas (Coord.), 2020. 7-9).

Estas sanciones, también afectaron al Banco Nacional de Desarrollo Económico  Social de Venezuela, en marzo de 2019; en abril del mismo año al Banco Central de Venezuela; y desde el 5 de agosto la aerolínea estatal venezolana Conviasa. El 15 de mayo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspendió todos los vuelos comerciales y de carga entre las dos naciones (De Freitas (Coord.), 2020. 7-9).

A partir de julio de 2019, idénticas sanciones se han interpuesto a las empresas que han participado en los programas de compra directa de alimentos por parte del gobierno venezolano (CLAP) (De Freitas (Coord.), 2020. 57-58).

CAUSAS ENDOGENAS DE LA CRISIS

Pese a que las circunstancias que atraviesa hoy Venezuela, son definidas determinantemente por dinámicas ajenas al gobierno de Maduro, deben identificarse y delimitarse las responsabilidades que los dos gobiernos chavistas han tenido en la crisis.

En primera instancia, la opción desaprovechada que brindaron los altos precios alcanzados por el petróleo para: diversificar la economía, limitando la excesiva dependencia de las materias primas –cometido que no ha sido realizado por ningún gobierno en la historia de América Latina-; lograr la autonomía tecnológica petrolera, lo cual hubiese salvaguardado el abastecimiento del mercado interno de las sanciones a PDVSA.

La prevalencia de las importaciones por sobre la producción nacional –al igual que con los gobiernos anteriores- continuo con el chavismo.

En 2018 el gobierno dio a conocer los nuevos lineamientos para las negociaciones colectivas de trabajo. La circular 2792, establecía que toda escala salarial acordada, cuyo inicio de su base de cálculo, establezca valores por encima del Salario Mínimo Nacional (establecido por el gobierno), serian sometidos a revisión (capítulos 2 y 3). De hecho, se estableció la revisión de todos los contratos privados y publico, cuyas escalas salariales pusieran en peligro la supervivencia de la fuente de trabajo (4, 7 y 8). La circular sirvió de certificación oficial al recorte salarial y al aumento de la pobreza de los últimos años, que el gobierno no supo enfrentar y prefirió negar con el ocultamiento de las estadísticas oficiales.