VENEZUELA: INDICIOS DE FRAUDE

 

Hasta el 7 de agosto el Consejo Electoral de Venezuela (CNE) no había publicado aun las actas que acreditasen la victoria del oficialismo en las elecciones. Sin las pruebas que respalden los resultados de la votación, de ninguna manera se puede dar por valido lo expresado por las autoridades. Al no respetar el proceso prestablecido para la verificación del escrutinio, al ocultar la información y no dar transparencia al procedimiento; el CNE ha violado la ley y, por ende, ha fraguado las elecciones. Al no revelar los datos que sustenten los números entregados, el organismo electoral actúa de manera fraudulenta y antidemocrática: los comicios ya no pueden ser convalidados.

Nada de lo que hagan a continuación las autoridades venezolanas puede ya remediar esta situación. Al ocultar la información, el PSUV ha perdido toda credibilidad, y de ahora en más todas sus actuaciones serán sospechadas. Ni siquiera en el caso de que llegasen a presentar las actas ¿Quién podría creer en la autenticidad de documentos que antes se negaban a revelar? Esto constituye un fraude. Sin saber a ciencia cierta quien ganó las elecciones, tanta opacidad solo puede tener por cometido: robarle las elecciones a la derecha.

A esto se refirió el Centro Carter en una declaración del 30 de julio, en la que se señalaba que no había podido verificar la autenticidad de los resultados comunicados por el CNE, ya que el Consejo no había entregado el detalle de los resultados desglosados por mesa de votación (cometiendo una grave violación de los principios electorales). Por eso, los veedores del Centro consideraron que la elección del 28 de julio “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

El Centro Carter no solo es una de las instituciones internacionales que fueron invitadas por las propias autoridades electorales venezolanas para observar la elección presidencial; la organización fundada por el ex mandatario estadounidense, Jimmy Carter, siempre fue una defensora del sistema de votación del país. En su informe final sobre las elecciones presidenciales de 2012, se podía leer: “El sistema venezolano de votación ha sido el componente más sólido del proceso electoral. El sistema actual usado en las últimas cinco votaciones nacionales, ha protegido de manera confiable la integridad del proceso automatizado de votación.”

El propio Jimmy Carter había reconocido en 2012, durante el congreso anual del Centro Carter en  Atlanta que, “de hecho, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”, destacando las garantías de verificación y transparencia del voto automatizado.

En contraposición, el informe sobre la elección de este año no se limita a denunciar la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados. También se señala que los comicios se desarrollaron en un marco de libertades restringidas para actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Acusa al órgano electoral de mostrar parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Concretamente, cuestiona la actualización del registro de electores, que se realizó “con plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas”. Problema que se agravó en el exterior, donde los venezolanos residentes debieron enfrentar barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón. Estas restricciones se tradujeron en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior.

Por su parte, el registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. El informe hace mención a las intervenciones judiciales que han sufrido los partidos opositores, y que han destituido a sus liderazgos más reconocidos para colocar en su lugar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. “De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.

El Centro, fundado por el ex mandatario Demócrata, también observó un notable desequilibrio a favor del gobierno. El oficialismo contó con amplios recursos económicos, lo que “se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”. 

Por último, el documento menciona las restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales -sobre todo a testigos de la oposición-; y mecanismos de presión sobre el electorado, como puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes.

El subjefe de la misión del Centro Carter en Venezuela, Patricio Ballados Villagómez, le comentó a la CNN que era incongruente que el CNE tuviera las actas suficientes para declarar un ganador -y vaya a entregarlas al Tribunal Supremo de Justicia para un peritaje- pero que no sea capaz de darlas a conocer públicamente. "Si tuvieron la información de las actas mesa por mesa en un 80%, como señaló el presidente (del CNE, Elvis) Amoroso, entonces las pueden publicar. Utilizaron las actas para hacer una contabilidad suficiente de modo que el CNE dio una ventaja irreversible a uno de los candidatos. Entonces, es contradictorio: tuvieron ese 80% de las mesas que les permitió cantar un resultado... pero no tienen ese 80% para publicarlas", dijo al medio estadounidense.  

Ballados también comentó que, previo a las elecciones, contaron con la colaboración de la autoridad electoral, del gobierno y de las fuerzas armadas; sin embargo, posterior al anuncio que declaró la victoria de Maduro "se cerró la puerta", aseguró. "Tuvimos una gran colaboración del CNE hasta el día de la jornada electoral, se nos abrieron las puertas, pudimos platicar con los rectores y con los funcionarios. Pero posterior a este anuncio se cerró la puerta", relató.

El CNE acusó que su sistema informático había sido atacado, lo cual le impidió la oportuna transmisión de los resultados electorales. Una excusa muy oportuna. Fue cerca de la medianoche del lunes, cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó a la población que con el 80% de las actas escrutadas Nicolás Maduro había ganado las elecciones con 5.150.092 votos, el 51.20% del total; contra los 4.445.978 millones de Edmundo González, un 44%, en representación de la coalición opositora Plataforma Unitaria. Sin embargo, la institución electoral no publicó los resultados detallados por colegio electoral y mesa de votación que respaldasen el anunció.

Por el lado de la oposición, horas más tarde, en la misma noche de la votación, María Corina Machado y Edmundo González se presentaron ante los periodistas y anunciaron tener en su poder el 73,20% de las actas, las cuales demostraban que recibieron aproximadamente 6,2 millones de votos frente a los 2,7 millones de Maduro. Todo lo escaneado por la oposición fue cargado en un sitio web, donde cualquiera podía utilizar su número de identificación gubernamental para ver el acta perteneciente a la máquina que utilizó para votar. Luego del anuncio de la derecha, el Gobierno afirmó que el sitio web del CNE había sido hackeado, el cual permanece inactivo hasta ahora.

Para el martes 30, María Corina Machado aseguraba que ya contaban con más del 84% de las actas computadas. En ese momento, ya estaba online el portal resultadosconvzla.com, con el 81.21% de las actas digitalizadas que probaban, supuestamente, la victoria opositora.

El viernes 2 de agosto el CNE entregó un nuevo computo, donde otorgaba un 51,95% de los votos al oficialismo (6,4 millones de votos) contra un 43,18% para la candidatura de González (5,3 millones), con el 96,87% de las actas. Sin embargo, en ese segundo boletín tampoco publicó las actas. En contraposición, la oposición subió a una página web "el 81%" de las actas electorales que, según ellos, demostraban su amplia victoria.

Si bien es lógico desconfiar de todo lo que provenga de una derecha fascista, totalmente antidemocrática y abiertamente golpista, la cual nunca ha reconocido las victorias del chavismo; la falta de transparencia y decidida apuesta por la opacidad, hacen imposible confiar en el oficialismo.

El ataque del que el Consejo Electoral dice ser víctima no parece razón suficiente para que las actas no se hayan dado a conocer al pueblo venezolano. Si la derecha fue capaz de hacer públicas las que estaban en su poder, el CNE también podría haber hecho lo mismo. También lo podría haber hecho el PSUV, con las actas recolectadas por sus testigos, pero prefirió acudir a la mediación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que por más que sea el camino indicado por la ley, es un organismo controlado por el oficialismo. Tampoco se entiende porque el CNE pudo entregar las actas al TSJ (el martes 6 de agosto Amoroso entregó las actas de escrutinio de las mesas de votación, el acta de adjudicación y el acta de proclamación) pero no a la ciudadanía.

 Las actas de votación están disponibles. Cada una de las poco más de 30.000 máquinas de votación electrónica usadas por el sistema electoral venezolano imprimen una copia de las actas de escrutinio después del cierre de las urnas, antes de que los resultados sean transmitidos al CNE. Inclusive, cada una de estas hojas de escrutinio poseen impreso un código QR para su fácil digitalización. Venezuela hace aproximadamente dos décadas que utilizado máquinas de votación electrónica. Las máquinas registran los votos, proporcionan un recibo en papel para el votante y, después del cierre de las urnas, imprimen copias de las actas de escrutinio. Estas, muestran el total de votos desglosados por candidato, el código QR y las firmas de los representantes de los partidos, un empleado del organismo electoral y los trabajadores electorales que son sorteados para participar. Cada representante de partido tiene derecho a un acta de escrutinio, mientras que otra copia se coloca en un sobre y se entrega en la sede del CNE. El escaneo de los mencionados QR otorga acceso inmediato a los resultados de la votación. Si bien la ley no lo obliga a publicar imágenes de las actas, en elecciones anteriores ha compartido los totales de cada acta.