LA IZQUIERDA VENEZOLANA DENUNCIA IRREGULARIDADES

El fascismo venezolano ha sido claro en denunciar las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A menos de dos horas para la entrega de los primeros resultados, Delsa Solorzano -líder del partido Encuentro Ciudadano y testigo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denunció que el CNE dejó de transmitir las actas desde los locales de votación e impidió a los testigos el acceso a ellas. Solorzano, también reclamo que, en su condición de testigo de Edmundo González en la sede del CNE, se le había impedido el acceso al recinto igual que al resto de los representantes de la oposición.

No es que estas denuncias deban ser desestimadas, pero la palabra de una derecha que jamás reconoció ninguna de las victorias del chavismo y nunca ocultó sus intenciones golpistas, inspira nula confianza. Sin embargo, esta vez, las críticas sobre la limpieza de las elecciones también provienen de la izquierda.

El Partido Comunista y otras organizaciones dieron a conocer diversas irregularidades que habrían cometido las autoridades electorales. Entre estas, figuraba una denuncia formulada por uno de los candidatos, que señalaba que el Boletín N°1 -que leyó Amoroso en la noche de las elecciones- no se imprimió en la Sala de totalización, en presencia de testigos de los partidos, como señala el protocolo que se debió realizar. Otra denuncia, del equipo de otro de los presidenciables, señala que el resultado a favor de Maduro anunciado por el director del CNE, no se corresponde con la totalización del 80%, de acuerdo a las actas que estaban en su poder.

El partido Comunista también hizo saber sus dudas acerca de la denuncia del presidente del CNE de un hackeo masivo de la plataforma electoral considerada invulnerable, puesto como excusa para la interrupción de la transmisión de datos la noche de la elección; así como, la no publicación de los resultados desagregados -mesa por mesa- tal como ha ocurrido a las pocas horas de procesos anteriores, de manera tal que la ciudadanía pueda controlar el proceso.  

“La fortaleza del sistema electoral venezolano, probado en decenas de elecciones, es su transparencia y auditabilidad. En esta ocasión, hay hechos y denuncias que limitan seriamente esas características y, en consecuencia, debilitan la credibilidad de los anuncios parciales realizados por el CNE”, señaló la izquierda venezolana.

Según un comunicado del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista: “La proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto bajo este escenario de incertidumbre en el que los resultados presentados por Amoroso contrastan abiertamente con el ánimo que imperó durante la jornada electoral, no es más que una provocación que abre paso a la configuración de situaciones de violencia.”

Por su parte, la Liga de Trabajadores por el Socialismo de Venezuela, se hizo eco de la denuncia realizada por la derecha en cuanto a que la noche de la totalización de los resultados, a mitad del proceso, el gobierno decidió impedir el acceso a testigos de Edmundo González, dejando a estos con menos de la mitad de los datos totalizados. El partido izquierdista también señaló que los funcionarios del ente electoral se negaron a darle copias de las actas a los testigos en numerosos centros de votación. Y al igual que los comunistas venezolanos, también se quejaron de que el acta con los resultados finales no se imprimió en la sala de totalización del CNE, a la vista de todos los testigos -y como está estipulado-, sino que la imprimió directamente el presidente del organismo, no se sabe dónde, y se la presentó al resto de rectores.

La Liga de Trabajadores por el Socialismo hizo ver que estos reclamos provienen no solo de los sectores afines a Estados Unidos, sino también de los partidos de derecha que mantienen buenas relaciones con el gobierno. Tal es el caso de Enrique Márquez, uno de los aspirantes que compitieron por la presidencia y ex miembro del CNE, quien denunció que "a la mayoría de nuestros testigos se les impidió acceder a los centros de votación. Quienes pudieron ingresar presenciaron el proceso y esperaron las actas, pero no se las entregaron como lo exige la ley y su reglamento. No solo viola la ley, sino que genera oscuridad, opacidad, falta de transparencia”.

A su vez, también advirtieron que el CNE ha evitado las auditorías que corresponden, de acuerdo a las propias normas del proceso, luego de anunciados los resultados, para completar la verificación.

Además de las irregularidades de esta votación en particular, existe un elemento que claramente descarta la condición democrática de las elecciones venezolanas: las inhabilitaciones de partidos y candidatos. Hace años que el oficialismo, por intermedio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), viene prohibiendo la actividad política de determinados políticos y organizaciones. Excluyendo a los principales referentes de la derecha de participar en las elecciones, el PSUV ha logrado limitar por completo las posibilidades de que le arrebaten el poder. En las últimas dos elecciones presidenciales (2018 y 2024) las figuras más populares de la derecha no han sido habilitadas para presentarse.

Para borrar la oposición a su gobierno, el PSUV ha recurrido a la intervención de los partidos.  Las intervenciones han removido a las juntas directivas y las han sustituido por miembros designados por el TSJ, dejando a las agrupaciones en manos de sectores afines al dialogo con el gobierno. Si bien las primeras intervenciones datan del 2012, hubo dos momentos, particularmente notorios, en 2015 y 2020. Fueron destituidas las cupulas dirigenciales de los principales partidos de derecha -COPEI en 2015, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular en 2020- además de otras organizaciones menores.

Casi la totalidad de estos partidos han participado en los intentos de derrocar al chavismo desde el día en que este ganó su primera elección; la mayoría de estos nunca reconoció victoria alguna del PSUV. Se podría llegar a pensar que este mecanismo de sustitución de autoridades podría ser una buena manera de purgar el sistema político de actores indisimuladamente golpistas, sin tener que llegar a prohibir las organizaciones opositoras. Sin embargo, la proscripción de políticos y partidos que no han sido condenados por la justicia por ninguno de los atentados al sistema democrático venezolano en los que han participado, no puede ser resuelta a discreción del gobierno por medio de un tribunal bajo su control.

La arbitrariedad de estas medidas quedó al descubierto cuando alcanzó a los partidos de izquierda que rompieron con el PSUV. En 2020 fueron intervenidos Tupamaro, Patria Para Todos y en 2023 fue el turno del Partido Comunista; demostrando que el mecanismo no se regía por criterios democráticos o de justicia, sino para borrar toda oposición a la gestión del oficialismo. Colocando directivas afines, el PSUV lograba desarticular a los opositores sin la necesidad de prohibir sus organizaciones, algo que habría dejado en total evidencia la inexistencia de un marco democrático. Se trata de aparentar una libertad de organización que ya no es tal.   

 Si para el caso de la derecha esto se podía comprender (aunque no compartir), las inhabilitaciones de la izquierda dejan en evidencia la voluntad antidemocrática del PSUV. El crimen de los partidos de izquierda fue entrar en conflicto con las políticas neoliberales de Maduro y (lo más importante) salir de la alianza con el gobierno para crear un nuevo referente electoral.

Entre las agrupaciones intervenidas se encuentran las que para las elecciones parlamentarias de 2020 conformaron la coalición Alternativa Popular Revolucionaria, un frente de izquierda por fuera del chavismo. Los partidos que la integraban, vieron usurpado su registro electoral, para usarlo en favor de la candidatura del PSUV. Para este año, el gobierno fue más allá, y no solo negó el registro de una nueva organización con el que la izquierda pudiese presentar una candidatura, sino que también le negó al PCV y a las otras fuerzas el registro de la candidatura de Manuel Isidro Molina, negando el acceso al sistema de postulación a la organización habilitada para inscribir.