LOS ANTECEDENTES QUE COMPLICAN AL PSUV (I)

El chavismo siempre se mostró orgulloso de sus credenciales democráticas. Ante las acusaciones de fraude y autoritarismo que la oposición (venezolana e internacional) levantó desde que Chávez ganó su primera elección; respondían con que ningún país del mundo había celebrado tantas elecciones como en Venezuela, y que sus victorias, en la inmensa mayoría de estas, habían sido certificadas por uno de los mejores sistemas de votación del mundo. Además, en las pocas ocasiones que les había tocado perder, habían reconocido la derrota sin problema. Todo esto era cierto; sin embargo, dejó de serlo en 2015.

El 6 de diciembre de aquel año, el país caribeño celebró elecciones parlamentarias para renovar todos los escaños de su Asamblea Nacional. A diferencia de las votaciones anteriores, en la noche de aquel domingo, los resultados venían demorados, era una situación extraña. Finalmente, tarde en la madrugada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, se presentó ante la prensa con el primer boletín de resultados (a las 00:30, más de 6 horas luego del cierre de las urnas). Lucena confirmaba las sospechas sobre los motivos de la espera: luego de la sufrida en el referéndum de 2007, el oficialismo era derrotado por segunda vez en las urnas.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se hizo con el 56,21% de las preferencias del electorado, cosechando 7.728.025 de votos. En tanto que la coalición oficialista alcanzaba los 5.625.248, un 40,92%. La derecha le sacaba así el control del parlamento, apoderándose de 112 de los 167 escaños. Pese a que en un primer momento el PSUV aceptó los resultados, a los pocos días comenzó a moverse para desconocerlos.

Se acusó a la oposición de fraude por medio de la compra de votos, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Semanas después el gobierno de Maduro presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 7 denuncias de impugnaciones sobre un total de 8 diputados electos para representar a los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy. Solo una de estas fue aceptada como procedente. El TSJ ordenó la suspensión de los actos de totalización de votos y proclamación de resultados en todos los circuitos del estado Amazonas, afectando a tres diputados electos por la MUD (uno de ellos de la representación indígena por la región sur) y a un diputado del PSUV.

Rápidamente, el 30 de diciembre de 2015, el TSJ prohibió la juramentación de los representantes de Amazonas. La suspensión de los tres representantes de la MUD buscaba arrebatarle la mayoría absoluta en la Asamblea (dos tercios de los diputados), la cual le otorgaba generosos poderes, como la de derogar o reformar leyes orgánicas. También habilitaba a la derecha a convocar una Asamblea Constituyente, la cual le permitiría forzar nuevas elecciones presidenciales y renovar las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, en manos del chavismo.

Pese a la orden del TSJ, el 6 de enero de 2016 -un día después de que asumieran los 163 de los 167 parlamentarios-, antes del inicio de la primera sesión ordinaria, la derecha procedió a la juramentación de sus 3 diputados, lo que llevó al Tribunal a declarar en desacato al Congreso y declarar nulas todas sus actuaciones. Unos días después, los diputados en cuestión decidieron desincorporarse para revertir la condición de desacato impuesta, decisión aprobada por el Parlamento y notificada al TSJ el 13 de enero. Sin embargo, la sentencia no fue modificada.

La conocida como sentencia 156, emitida el miércoles 29 de marzo de 2017 por el TSJ, ratificaba lo ya dispuesto, y establecía que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Tras las protestas generadas por la disolución de facto del parlamente y, para intentar darle un marco de legalidad a semejante deriva antidemocrática, el 1 de mayo de 2017 el gobierno de Nicolas Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, la cual asumiría las competencias del legislativo controlado por la derecha. La elección se llevó a cabo el 30 de julio, únicamente con candidatos del oficialismo, ya que, obviamente, la oposición no se presentó.

El primer boletín de resultados emitido por el CNE, informó una participaron de 8.089.320 de venezolanos, un 41,53 % del padrón electoral. Al mismo tiempo, la derecha entregaba cifras distintas. La MUD informó que votaron 2.483.073, alrededor del 12,4% del padrón electoral; y desde la agencia de noticias Reuters, aseguraron que -según documentos internos del CNE en su poder- el total era de 3.720.465 votos, un 18%. Los más de 8 millones de votos anunciados por las autoridades electorales generaron suspicacia. Eran justo los que precisaba el gobierno de Maduro para superar los más de 7,6 millones de votos con los que habría contado el plebiscito no oficial -organizado dos semanas antes por la derecha- en rechazo a la iniciativa constituyente. 

Al igual que lo que sucedió este año, en 2017 tampoco aparecían las actas de votación; el CNE no presentó el detalle del escrutinio. El primero de agosto, Luis Emilio Rondón, uno de los rectores del CNE de la época, denunció que no podía confiar en cifras “burdas de un proceso que no contó con los controles que se han incluido en los demás comicios”. Rondón exigía que se publicara “no solo el resultado final de participación y el nombre de quienes resultaron adjudicados como ganadores, sino que deben presentar las actas de escrutinio con el total de votos por cada mesa y los votos obtenidos de cada candidato”. Además, expresaba que, “no puedo tener confianza en cifra alguna que haya surgido de un proceso que no contó con todos los controles que se han dado a lo largo de estos años para generar confianza en los comicios que se llevan a cabo en Venezuela”. Para Rondón lo resuelto por el ente electoral “vulnera nuestros controles electorales y crean precedentes que no deben ser repetidos en otro proceso electoral venezolano”. 

Por su parte, Antonio Mugica -representante de Smartmatic, que desde 2004 era la empresa encargada del sistema electrónico de votación venezolano- advirtió en una conferencia de prensa en la ciudad de Londres, que las cifras anunciadas fueron manipuladas y que habrían participado menos votantes de los que arrojan los resultados oficiales: "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores". Mugica señaló que, “lo que puedo asegurar es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan”.

La farsa de la Asamblea Nacional Constituyente se reveló al concluir su labor el 18 de diciembre de 2020 sin la redacción de una nueva constitución para ser considerada por la población. La fecha no era casual, el 5 de enero de 2021, un nuevo parlamento -formado exclusivamente por el oficialismo- se aprestaba a iniciar una nueva legislatura (la actual, en funciones hasta el 2026), fruto de unas elecciones en que la derecha había decidido no presentarse.