¿LA UNIÓN SALVARÁ A LA DERECHA?

Este 27 de octubre, el Frente Amplio obtuvo 1.071.826 votos (43.85%). La Coalición Republicana, por su parte, se hizo con 1.162.050 (47.55%). Para la segunda vuelta, sería lógico que quienes apoyaron al resto de los partidos de derecha se sumen a Delgado: los 3.183 (0.12%) del Partido Por Los Cambios Necesarios y los 1.909 (0.08%) de Avanzar Republicano. Si bien siempre ha habido un trasiego de votos desde este espectro hacia el FA en segunda ronda, es razonable considerar que la Coalición cuenta a priori con 1.167.142 votos (47.76%) medianamente asegurados.

Si el Frente lograse captar los 65.796 (2.69%) de Identidad Soberana, los 10.102 (0.41%) de Unidad Popular y los 9.281 votos (0.38%) del Partido Ecologista Radical Intransigente; la suma sería de 1.157.005 (47.34%). Así y todo, lo deja 10.137 debajo de la Coalición. Por lo que la pregunta que se impone es ¿De donde va a sacar los votos para ganar el 24 de noviembre?

El Partido Nacional no tiene asegurado todo el electorado de sus socios. Desde 1999 para acá, la suma de todos los votos de la derecha de octubre no se repite en noviembre. En aquel año, colorados, blancos y la Unión Cívica obtuvieron 1.188.004 votos (el 53.88%) en primera ronda, en tanto que en el ballotage unos 1.158.708 (52.52%). Esto significa que un 2.46% (unos 29.296) del electorado de los partidos tradicionales (blancos y de la Unión Cívica en este caso) no acompañó a la formula Batlle-Hierro.

Por su parte y con un porcentaje de votos en blanco (de 22.430 en octubre a 64.043 en noviembre), anulados (22.240 y 21.469), hojas solo por el sí (12.840), mayor en el ballotage (2.9%, 64.043) que en la primera vuelta (2.84%, 57.513); 6.530 personas que eligieron un candidato en octubre no lo hicieron en noviembre. En primer lugar, esto da a suponer que quienes votaron solo por el plebiscito se abstuvieron de elegir por una de las dos opciones. En segundo lugar, que el aumento de participación del 91.70% al 91.84% (tan solo 1.228 personas) se comportó de la misma manera. Por tanto 5.503 personas que votaron al Partido Nacional, la Unión Cívica o al Nuevo Espacio (que sacó 4.44% en octubre) no lo hicieron por ninguna de las dos fórmulas.   

Entre la primera vuelta (861.202) y la segunda (981.778) el Frente ganó 120.576 votos; pasando de 39.09% a 44.50%. Si los 5.503 mas que en noviembre decidieron no elegir ninguna de las dos opciones fueron todos del Nuevo Espacio, esto significa que el Frente logró captar a 92.440 de los 97.943 votos de este partido, es decir, al 94.38%; en tanto que de la derecha algo así como 28.139, 1.188.004, un 2.3%. Pero si fueron los votantes de los partidos tradicionales quienes prefirieron no elegir a ninguno, el Frente habría logrado el 100% del electorado del Nuevo Espacio y 22.633 de blancos y la Unión Cívica, un 1.90%.

Las elecciones de 2004 cambiaron el escenario por completo. Los históricos partidos pasaron a sumar un 44.6% de los votos, 8.99% apoyos menos que cinco años atrás: una perdida del 15.81% de su electorado. Una parte (0.45%) pudo haber migrado a las nuevas formaciones derechistas, pero el restante 8.54% (el 14.24%), si se lo suma a lo logrado por el FA y el Nuevo Espacio en la primera vuelta de 1999 (restándole el 1.84% que formó el Partido Independiente cuando el NE se incorporó al FA) da 50.2%, casi exactamente el 50.45% logrado por el Frente Amplio en 2004. Reduciendo las posibilidades de que se hayan abstenido, ya que la baja de 2.08% de la participación (89.62%) parece responder a los 85.656 habilitados más, de los cuales 24.727 decidieron votar y 60.929 no acudir a los comicios (la abstención aumentó en 58.856 personas). En tanto que los blancos y nulos (2.35%) se mantuvieron casi igual -0.26% menos- que en 1999.

En 2009 el FA obtiene 1.105.262 votos en la primera vuelta, una pérdida de 19.499, pasando a representar al 47.96% de la población. Los Partidos tradicionales alcanzaron el 1.062.249 (46.09%) de votos, recuperando 66.474 de los que habían perdido cinco años antes. En la segunda vuelta el FA logra 1.197.638 (52.39%), unos 92.376 votos más. En tanto que la formula encabezada por Lacalle se hizo de 994.510 (43.51%), perdiendo 67.739 votos con respecto a la primera vuelta, una cifra muy parecida a los 66.474 que habían recuperado con respecto a 2004.

En noviembre, los blancos y anulados pasaron a 53.100 personas (2.32%) y 40.103 (1.75%), respectivamente; unos 93.203 (4.07%) en total, es decir 29.015 (1.28%) más que en octubre. Esto hace suponer que ninguno de los 14.410 que en primera rueda votaron solo por los plebiscitos, habrían optado por uno de los dos candidatos. En tanto que la participación también bajó de 2.304.686 a 2.285.958, quedando en 89.18%, unos 18.728 electores menos.

Suponiendo que todos los votos que los partidos tradicionales (en este caso del Partido Colorado) perdieron entre las dos vueltas, fueron al Frente Amplio, esto significa que el 6.37% de su electorado migró al FA. En todo caso, este es el porcentaje que no pudo retener, independiente de si fueron al FA o no optaron por ninguna candidatura. Esta hipótesis puede sostenerse en que los 67.739 votos perdidos con respecto a la primera vuelta, son los 66.474 que habían recuperado con respecto a 2004, un segmento volátil que habría estado dispuesto a votar por los colorados, mas no por los blancos. En función de esta lógica, todos los votantes del Partido Independiente y de Asamblea Popular habrían pasado a formar parte de los 47.784 que incrementaron el voto blanco, nulo, o no participaron (la cuenta da 48.151). Todos menos los 24.637 que optaron por Mujica para completar los 92.376 votos que ganó dicha formula en segunda vuelta; es decir, un 33.84% de su electorado.

Por el contrario, si todos los votantes del Partido Independiente y de Asamblea Popular (72.788 votos, un 3.16% entre los dos) pasaron al FA, tan solo 19.588 de los partidos tradicionales (colorados) hubiera respaldado a Mujica; una cifra muy parecida a la perdida por el Frente en primera ronda con respecto a 2004. Esto significaría que un 1.84% de su electorado (colorado) prefirió respaldar a Mujica en vez de a Lacalle. Un escenario más realista que el anterior, aunque se podría especular que un hipotético 1.06% o 2% que se habría mudado del FA al Partido Independiente y Asamblea Popular entre 2004 y 2009, hubiera regresado a sus filas para el ballotage -un 0.65% de cada partido (14.973 o 26.10% del PI y 10.028 o 97% de Asamblea Popular)-, aproximadamente 25.001, un 34.37% de quienes los votaron en primera vuelta. Esto dejaría a 67.375 colorados votando a la formula Mujica-Astori, un 6.34% de sus votantes.

 En 2014 el Frente consigue 1.134.187 votos, un aumento de 28.925 (pese a captar un poco menos que cinco años atrás, 47.81%). Los partidos tradicionales, por su parte, se hicieron de 1.038.300 (43.77%), 23.949 o 2.32% menos. En la segunda vuelta el FA (1.241.568 o 53.48%) ganó 107.381; en tanto que la derecha (955.741 o 41.17%) otra vez perdió unos 82.559, es decir un 7.95% de su electorado. Aunque improbable, si todos estos votos fueron para el FA, se necesitarían tan solo 24.822 de los 121.301 que eligieron a uno de los partidos menores para completar el caudal que el FA ganó en el ballotage; un 20.46%. Por lo que el resto (96.479) coincidiría con quienes en la segunda vuelta (a diferencia de la primera) no optaron por ninguna de las dos fórmulas. 

Entre votos en blanco (27.605, un 1.16%), anulados (33.419, un 1.41%) y quienes votaron solo por el plebiscito (17.083, un 0.72%) sumaron 78.107. En la segunda vuelta estos números escalaron a 63.591 (2.74%) en el primer caso y 60.042 (2.59%) en el segundo, unos 123.633; es decir, unos 45.526 más. La abstención también creció en 50.742 personas (de 90.51% a 88.58% la participación). Por lo que 96.268 que habían votado a algún candidato en octubre, no aceptaron hacerlo por ninguno en noviembre.

En tanto que, en el caso contrario, si todos los votos ganados por el FA en segunda vuelta hubieran correspondido a votantes de estos partidos menores, Mujica-Astori habría recolectado el 88.54% de este segmento y un 0% de los partidos tradicionales. El resto (13.920) se sumarian a los votos perdidos por colorados y blancos que íntegramente habrían decidido no votar a ninguno de los dos (96.479).

En 2019 el FA obtuvo 949.376 votos (39.01%), 184.811 menos que en 2014. Los dos partidos tradicionales alcanzaron los 996.629 (40.95%), una pérdida de 41.671. En la segunda vuelta el Frente logró 1.152.271 (47.35%), unos 202.895 más (muy parecido a los votos perdidos en octubre). En tanto que la nueva alianza derechista que incluía a blancos y colorados, pero también al Partido Independiente (0.97% y 23.580 votos), Partido de la Gente (1.08% y 26.313) y Cabildo Abierto (11.04% y 268.736), logró en octubre 1.315.258 (54.05%); por lo que perdieron 125.945 votos propios, un 9.57% de su electorado.  

Teniendo en cuenta que, en octubre, los blancos (43.597, un 1.73%) y anulados (44.597, un 1.83%) sumaron 88.194. En la segunda vuelta fueron 38.024 (1.56%) y 53.193 (2.19%), respectivamente. Además, la participación se mantuvo estable (de 90.13% a 90.12%), bajando tan solo en 168 personas. Por lo que, quienes decidieron no apoyar ninguna de las fórmulas en noviembre fueron 91.385, 3.191 más que en octubre.

Todos estos votos perdidos por la derecha fueron a parar al Frente. En tanto que los 76.950 restantes para completar los cosechados en noviembre, parecen coincidir exactamente con los 80.331 del resto de los partidos menores - Unidad Popular (19.728, un 0.81%), Partido de los Trabajadores (1.387 y 0.06%), PERI (33.461 y 1.38%), Partido Verde Animalista (19.392 y 0.80%), Partido Digital (6.363, un 0.26%); que si se le restan los 3.191 que decidieron no acompañar a ninguna de las formulas da como resultado 77.140. Esto significa que el FA, logró captar al 95.79% de estas agrupaciones. En tanto que, si se hubiese quedado con el 100% de estos partidos, en vez de haber acaparado todos los votos de la coalición de derecha, se habría hecho con 122.754, un 9.33%.

La derecha ha perdido en las últimas tres elecciones entre un 6.37% y un 9.57% de los votos conseguidos en octubre. Cabria esperar que esta sangría disminuya al estar consolidada la coalición de gobierno, sin embargo, en 2019 esta ya estaba conformada de hecho, y fue cuando perdieron el caudal mas grande. Por lo tanto, la derecha perdería en noviembre entre 74.346 y 111.695. Lo que la dejaría en 1.055.447 o en 1.092.796 votos en el ballotage. Suponiendo que perdiese solo un 2.46% de su electorado -como sucedió en 1999-, quedaría en 1.138.430.

Históricamente, el FA no acapara todos estos votos, pero es posible que si lo haga con entre el 1.84% y el 9.57% de este electorado. Para el primer caso alcanzaría 1.093.301 y en el segundo 1.183.521. Por su parte, si la formula Orsi-Cosse lograse el 100% de los partidos menores que no son de derecha, alcanzaría los 1.157.005. Por los antecedentes, este escenario no se puede descartar, pero quizás sería más realista considerar un piso de 20.46%/30.84% y un máximo de 88.54%. En el primer caso llegaría a los 1.089.253 votos y en el segundo 1.147.243.

A priori el Frente Amplio solo contaría con estos votos para imponerse en el ballotage, teniendo en cuenta que de 1999 para acá los blancos y anulados (este año fueron 3.48%) aumentan entre octubre y noviembre; y quienes en primera ronda solo se manifiestan por los plebiscitos (1.41% en el de este año) no eligen a ninguno de los candidatos de la segunda ronda. De la participación también se puede decir lo mismo, ya que siempre baja un poco.

El piso mínimo de votos de la derecha en noviembre debería ser de 1.055.447; en cuyo caso el FA sin sumar adhesiones, solo con lo logrado en la primera vuelta (1.071.826) ya ganaría. Este escenario es poco probable y habría que descartarlo. Por su parte, si la candidatura de Delgado obtuviese 1.092.796 votos en el ballotage, al Frente le alcanzaría para ganar solo sumando el piso de votos que históricamente ha conquistado a costa de la derecha y de los partidos menores, ya que alcanzaría los 1.110.728.

Parecería imposible que la Coalición obtuviese mas de 1.138.430, es decir, por los antecedentes, no hay forma de que no pierda como mínimo al 2.46% de la suma total de los partidos derechistas. En este caso, el Frente debería alcanzar el máximo posible de los otros partidos no de derecha (unos 1.147.243), y solo podría aspirar a rescatar 21.475 votos de la derecha (su piso mínimo, el 1.84% de su electorado).

Lo cierto es que, por los antecedentes históricos, al FA le debería alcanzar para imponerse en segunda vuelta; pero ahora la derecha se encuentra formalmente unida en una sola coalición, por lo que este novedoso escenario puede hacer desbaratar estos presupuestos.

LA DERECHIZACION DEL FRENTE AMPLIO

La derechización del Frente Amplio no comenzó este año. La moderación se inició lentamente en la primera mitad de los noventa, y se fue consolidando con la alianza con el Encuentro Progresista en 1994 y con el proceso de actualización ideológica de 1997. De esa manera, despareció del discurso toda alusión al socialismo, la revolución, la lucha de clases, la dictadura del proletariado; y se suprimieron de su programa la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la estatización de la banca, el rechazo de la deuda externa y de los organismos financieros internacionales.  

El Frente pasó de una agenda rupturista, a promover una política de acuerdos sociales, de reformas graduales; con el objetivo (no declarado, pero poco velado) de administrar una economía capitalista, de mercado, pero con equidad. El gobierno municipal en Montevideo a partir de 1990 ya había dado una muestra de la nueva impronta: incorporación de las tercerizaciones y acuerdos con el empresariado vinculado a los servicios urbanos. El giro liberal fue público y notorio, y a la vista de todos los militantes frenteamplistas.

Esta transformación fue confirmada por los 15 años del conglomerado en el poder. Es que por más que ni en los principios rectores de la propia fuerza política -ni mucho menos en su programa de gobierno- figurase el objetivo de alcanzar el socialismo; el Frente si se definió siempre como un Partido anti oligárquico, representante de los intereses de los trabajadores, que se proponía la superación del capitalismo para construir una sociedad más justa. Además, independiente del indisimulado giro a la derecha, el FA gana las elecciones de 2004 con una consigna inequívoca y cuasi revolucionaria para los tiempos que corren: la redistribución de la riqueza. 

Nada de esto sucedió en el tiempo que permanecieron en el Ejecutivo. No hubo una sola reforma estructural del sistema económico, ni se tocó jamás los intereses del Capital. Lo que sí hizo el FA, fue subir los sueldos y reducir los niveles de pobreza; algo que sin lugar a dudas le cambió la vida a muchos uruguayos, pero que duró menos de 15 años. Es que cuando el ciclo virtuoso de precios de las materias primas -que había propiciado el crecimiento del PBI- se revirtió, el FA -como cualquier partido de derecha- decretó el ajuste y los ingresos de los trabajadores dejaron de subir y la pobreza dejo de bajar.

En 2004 el 39.9% de la población estaba en la pobreza. Al finalizar el primer quinquenio de Tabaré Vázquez, disminuyó al 21%. En el periodo presidido por Mujica, se redujo hasta el 9.7%. Mientras que en la última administración frenteamplista, bajó al 8.8% de la población. Sin embargo, no solo la reducción es mínima, sino que entre 2014 y 2016 la pobreza se estancó –permaneciendo en 9.7% los dos primeros años, para bajar 3 décimas en 2016-. Y pese a que al año siguiente pasó a 7.9%, subió los siguientes dos años.

En junio de 2015, por primera vez en una administración frenteamplista, se desindexan los salarios de la inflación. El salario real creció un 26,9% en el primer periodo de Vázquez. En tanto que con Mujica aumentó 19,1%. En el tercer periodo frenteamplista el alza fue tan solo de un 7%. 2019 fue el primer y único año donde los trabajadores perdieron poder adquisitivo en los quince años de gobiernos del Frente Amplio, un 0.27%.

La derechización del FA en esta ultima contienda electoral, pese a su excepcionalidad, no ha sido un quiebre, sino una continuidad. En el 2004, pese a la ya mencionada derechización consumada de su dirigencia (incluidas las nuevas alianzas con sectores de la derecha), la izquierda llegó al poder con el clamor del que se vayan todos y con la esperanza de transformar para siempre el país: la gente voto al Frente no por su moderación o su acercamiento a la derecha, sino para que cambien de verdad las cosas, que era lo que prometía desde su fundación y con lo que había acumulado fuerza política desde entonces.

En 2009 la situación ya cambia notoriamente. Tras la elección de Mujica en la interna, y ante la expectativa de un giro a la izquierda, rápidamente se hizo saber que la economía seguiría siendo manejada por el astorismo, instalándose la idea de que el equipo del ministro controlaría la gestión del (supuesto) sector radical del Frente Amplio.  

Cinco años más tarde y con la vuelta de Tabaré Vázquez, el Frente se consolidaba como un Partido tradicional más, reclamando el voto de la gente en función de la previsibilidad que su experiencia en el gobierno garantizaba, en contraposición del salto al vacío que representaba la candidatura del joven Lacalle Pou. En la campaña no hubo rastro alguno de ninguna de las reivindicaciones históricas de la izquierda uruguaya, en su lugar, apareció el Sistema de Cuidados (el llamado a ser el buque insignia del tercer gobierno frenteamplista, aunque ni siquiera estaba planificado que se implementase de manera sustancial en ese periodo) y la mencionada propuesta de desindexar los salarios de la inflación, del por entonces ministro de Economía, Mario Bergara.

Al final, el temor al regreso de la derecha, le dio la victoria al FA en 2014. Sin embargo, ya no fue suficiente para retener el gobierno en la siguiente contienda. Daniel Martínez repitió la estrategia despolitizadora y desidiologizadora llevada a cabo por Vázquez cinco años atrás; inclusive, yendo más allá, cuando reconoció públicamente que no necesariamente cumpliría con el programa de gobierno del FA, elemento fundamental de la agrupación, y último bastión de la izquierda frenteamplista, dado el peso que tienen las bases militantes en su confección. Claro que no se perdió por el pésimo candidato presentado, sino por los ya mencionados magros resultados del gobierno de Vázquez.

Finalizado el boom de las materias primas, el FA debió decidir si ante el menor crecimiento económico se metía con la renta empresarial para continuar aumentando los ingresos de los trabajadores, o si cortaba con esta política para resguardar los intereses del capital. Sin dudarlo, se inclinaron por esta ultima opción.

De esta manera se llegó a las elecciones de este año. Si bien existe una continuidad en las tácticas empleadas en las campañas anteriores, hay un quiebre fundamental, que es la derechización desembozada del FA. Es cierto que esto fue lo que ocurrió en su último periodo al frente del Ejecutivo; pero no se había dado en momentos de recabar el voto de la ciudadanía. Anteriormente, en estas instancias se buscaba ganar el centro, moderando el discurso, pero ocultando su agenda liberal, más lesiva para su electorado.

Pero en esta elección el Frente ha transparentado sin complejos su proyecto abiertamente anti obrero, posicionándose en contra del plebiscito de la seguridad social y apoyando la desindexaciónsalarial (esta vez de manera pública y en plena campaña, y no como hizo Bergara, en una Comisión del Parlamento). Sacando a relucir lo que antes se empeñaban en esconder, no resulta difícil hacerse una idea de para quién gobernará el Frente Amplio. Y si quedaba alguna duda, la designación de Oddone como ministro de Economía, las despeja por completo. El miembro de la Consultora CPA Ferrere, es un representante orgánico del capital uruguayo.

No se trata de negar que entre los dos candidatos del Ballotage el representante del FA sea la mejor opción que tienen los trabajadores, tampoco de esconder el hecho de que si el país vuelve a crecer a tasas medianamente altas, un cuarto mandato del FA reparta las migajas que sobran entre los más desfavorecidos (como hizo en los anteriores); pero si tienen que quedar claro que la coalición de izquierda no solo no es la defensora de los intereses de la clase trabajadora, sino que gran parte de su proyecto político atenta directamente contra ella.

Es una vergüenza y una afrenta para la izquierda la candidatura de Orsi. Una persona con un discurso absolutamente vaciado de contenido político e ideológico. Un demagogo. Algo esperable del mujiquismo. Lo que no es aceptable es que desde la izquierda frenteamplista surja la opción de Carolina Cosse, a quien le cabe lo mismo que se puede decir de Orsi (incluso, también surgió del MPP).

La intendenta de Montevideo no camparte ninguna de las propuestas que estos sectores podrían llegar a representar; su hipócrita y mentirosa postura sobre el plebiscito así lo demuestra. Su candidatura solo se entiende por la renuncia de la izquierda a dar la pelea en la interna del FA y por un calculo electoralista, marketinero, de imagen pública; con el único objetivo de ganar una elección. Y eso es en lo que parece haberse convertido el FA definitivamente: en un partido que solo le interesa el poder, y que trata de conseguirlo de la manera que sea. Es la profesionalización de la política, la conquista del Estado como fin en si mismo y no para mejorarle la vida a la gente.

Quizás existan argumentos para negar que el Frente Amplio ya se haya convertido en lo mismo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos o los partidos socialistas europeos, lo que si es irrefutable es que hay claros indicios de que hacia allá se dirige. Cabe preguntarse, entonces, que tan provechoso puede llegar a ser para el pueblo uruguayo y para la izquierda avalar esta reafirmación derechista del FA votando por Orsi en el ballotage. A mediano y a largo plazo, al mirar lo que sucede hoy en día en el hemisferio norte, los resultados son catastróficos. Ciertamente, en el corto plazo puede haber un margen para la duda; aunque lo que sucedió en Argentina con la elección de Alberto Fernández y todo lo que vino después no resulta muy alentador. La izquierda uruguaya no debería olvidarse de este ejemplo (tan cercano) sobre lo que implica el voto útil o votar al menos peor.   

 

LA DERECHA Y LA DICTADURA

 

La derecha uruguaya, al igual que las derechas de todo el mundo, no es demócrata. El Partido Colorado y el Partido Nacional apoyaron y apoyan lo hecho por la ultima dictadura militar. Contrariamente a lo sostenido desde 1973 hasta acá, como organización, nunca combatieron a los militares; la resistencia seria y activa solo corrió por cuenta de una minoría.

Para empezar, ambos partidos aportaron jefes de Estado al régimen. Juan María Bordaberry y Alberto Demicheli por el lado de los colorados, y Aparicio Méndez por el de los blancos, encabezaron el gobierno dictatorial hasta septiembre de 1981.  

Lo cierto es que los máximos representantes de la derecha uruguaya se dividieron entre quienes apoyaban sin ambages la intervención de los militares y quienes públicamente la rechazaban. No es difícil cuantificar aproximadamente estos posicionamientos.  

El plebiscito de 1980 para establecer una nueva constitución fue rechazado por el 57,21%, pero respaldado por un 42,79%. El respaldo al proyecto de la dictadura es menor a este porcentaje, teniendo en cuenta que un 13,13% decidió no participar de la votación. No obstante, el apoyo recabado no es menor: un 36,35% entre todos los habilitados a votar.

En filas coloradas, el batllismo -encabezado por Jorge Batlle, Enrique Tarigo y Julio María Sanguinetti- se posicionó a favor del NO; mientras que el pachequismo apoyó la propuesta militar. En tanto que en las huestes nacionalistas, el wilsonismo -representado por el Movimiento Nacional de Rocha y Por la Patria- y los sectores herreristas de Jorge Silveira Zabala y Luis Alberto Lacalle apoyaron el NO; por su parte, el resto del herrerismo, los dirigidos por Alberto Gallinal, Carlos Garat, Arturo Heber y Nicolás Storace respaldaron el SI.

En 1982 el régimen organizó elecciones internas en los tres partidos de la derecha (Colorado, Nacional y Unión Cívica). En el Partido Nacional, aproximadamente el 82% de su electorado eligió a las fracciones opositoras a la dictadura (las wilsonistas Por la Patria y Movimiento Nacional de Rocha; Divisa Blanca y Consejo Nacional Herrerista, las principales); mientras que, en el Partido Colorado, estas obtienen cerca del 71% (los sectores Libertad y Cambio de Enrique Tarigo, y Unidad y Reforma de Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti). En total, las listas afines al régimen lograron algo así como el 23% del electorado. Con una participación del 60%, la dictadura tan solo cosechó un 13% de adhesiones entre todos los habilitados para votar.

En 1984 en las elecciones presidenciales que marcaron el fin de la dictadura las listas que apoyaron a los militares obtuvieron un 14,28% de los votos de los partidos tradicionales (un 23,63% en el Partido Colorado y un magro 3,27% en el Partido Nacional). Un 9,34% de todos los habilitados a sufragar apoyaron las listas afines al régimen.

En vistas al total respaldo y protección que la derecha ha brindado a las fuerzas armadas luego de que estas devolvieran el poder, la perdida de apoyos de la dictadura dentro de los partidos tradicionales, debe ser adjudicada más a la empobrecedora política económica del régimen, que a las convicciones democráticas de blancos y colorados. De hecho, el porcentaje de quienes defienden el legado de los militares volverá a crecer dentro de esos partidos a medida que su electorado mas de centro emigre al Frente Amplio, y a partir de que los sectores que se habían manifestado contrarios al régimen dentro de estas organizaciones pasaran a asumir una acérrima defensa de la dictadura.

Es que inmediatamente que los militares devolvieron el poder, quienes en la derecha decían combatirlos, pasaron a protegerlos. Tal fue el caso de la aprobación de la Ley de Caducidad, pergeñada y aprobada en el Parlamento por estos sectores. La norma fue propuesta por el gobierno de Sanguinetti y aprobada por ambas cámaras los días 21 y 22 de diciembre de 1986, fecha en que la Justicia había citado a declarar a los primeros militares.

La ley fue votada por todos los senadores colorados -incluido el vicepresidente de la República, Enrique Tarigo- y por 8 de los 11 representantes del Partido Nacional. En tanto que, en la cámara de diputados, la norma fue votada por todos los colorados -con la única excepción de Víctor Vaillant- y por 20 de los 33 nacionalistas. Dentro de las filas blancas la impunidad fue respaldada por el herrerismo opositor a la dictadura y por su sector mayoritario, Por la Patria, liderado por Wilson Ferreira Aldunate; solo El Movimiento Nacional de Rocha, de Carlos Julio Pereyra, se opuso a la ley.

Pero no fueron solos sus lideres, el electorado de derecha también se volcó a respaldar esta conversión, ratificando la impunidad contra los criminales de Estado en el referéndum de 1989 para la revocación de la ley. El 56,29% votó por mantener la norma frente a un 41,55% que apoyó su derogación. No todo el electorado de la derecha voto a favor de la impunidad. Si se tiene en cuenta que en las elecciones presidenciales de ese año blancos y colorados obtuvieron un 69,16% conjunto, y que las candidaturas del Frente Amplio y de Hugo Batalla sumaron 30,24%; se puede considerar que hasta un máximo del 20% del electorado de los partidos tradicionales se negó a apoyar la impunidad que sus lideres le regalaron a los golpistas.

También puede llegar a afirmarse, que esta mínima disidencia dentro de la derecha se extinguió -o por lo menos continuó reduciéndose- al constatar que el nuevo intento por derogar la Ley de Caducidad (20 años después), cosechó un 47,36% de los votos, coincidentes con los 47,96% que alcanzó el FA en la primera vuelta de aquel año; por lo que, con seguridad, solo la izquierda voto en contra de la impunidad. De hecho, solo este espacio hizo campaña para su revocación.

Pero los dirigentes colorados y blancos (y su militancia) no solo trabajaron incansablemente para mantener a los militares lejos de cárceles y juzgados, sino que protegieron y salvaguardaron todos sus privilegios. Fue así como a quienes habían atentado contra la democracia y la constitución, quienes habían encarcelado, torturado, asesinado y desaparecido uruguayos, los partidos Nacional y Colorado los premiaron manteniéndoles sus altos salarios y suntuosas jubilaciones.

Ninguno de los partidos tradicionales renegó de su electorado pro dictadura, sino que continúo representándolo con dirigentes que habían respaldado el golpe de Estado, desde Pacheco Areco hasta el hijo del dictador Bordaberry. El General del régimen, Hugo Medina, fue Comandante en Jefe del Ejército y luego ministro de Defensa del primer gobierno de Sanguinetti. Quien se desempeñó como canciller entre junio de 1973 y diciembre de 1976, Juan Carlos Blanco, fue senador por el pachequismo, entre 1990 y 1995.

Cuatro integrantes del Consejo de Estado de la dictadura (de un total de 113), fueron legisladores por el Partido Colorado: Pedro Cersósimo entre 1985 y 1990, Wilson Craviotto en el periodo siguiente, Pablo Millor entre 1985 y 2005 y Walter Belvisi desde 1990 al 1995 (además de Intendente de Paysandú entre 1985 y 1990.

Sin la misma preponderancia, lo mismo sucedió con los blancos. Arturo Heber Füllgraff, que apoyó el SI en el plebiscito de 1980, fue legislador desde 1990 a 2005. Otro que apoyo la reforma constitucional de la dictadura fue Nicolás Storace, congresista entre 1990 y el 2000. Mismo caso que el de Carlos Garat, quien se desempeñó como senador desde 1985 a 2005. Por su parte, Domingo Burgueño Miguel, integrante del Consejo de Estado, estuvo dos períodos consecutivos (1990-1998) en la Intendencia de Maldonado por el Partido Nacional.

El compromiso de la derecha uruguaya con los terroristas de Estado llegó hasta el punto de rescribir la historia para justificar el quiebre democrático y las violaciones a los derechos humanos. Desde que retomaron el gobierno, blancos y colorados insisten con que los militares dieron el golpe para salvar las instituciones republicanas de la subversión izquierdista. De este modo, la culpa pasa a recaer en la guerrilla tupamara, mientras que al Ejército solo se lo hace responsables de querer perpetuarse en el poder y de cometer ciertos excesos en la represión.   

La falacia de esta explicación, no solo equipara el accionar de un grupo insurgente con toda la maquinaria del Estado uruguayo, sino que omite que los tupamaros ya habían sido derrotados en 1972, y que el objetivo de los militares era el exterminio de la izquierda en general, como demuestra la filiación partidaria de sus victimas y la proscripción del Frente Amplio. Estas no son las únicas mentiras que colorados y blancos vienen repitiendo hace décadas para proteger a los golpistas. La insistencia con la teoría de que las Fuerzas Armadas no poseen informaciónsobre los desaparecidos o que los cuerpos de estos fueron desenterrados y cremados, ha sido parte fundamental de los esfuerzos para no buscar el paradero de estos.         

Esta acérrima defensa se debe a las coincidencias fundamentales entre el proyecto político de la dictadura y el de los partidos tradicionales. Independiente de las formas y las maneras -de la conveniencia de hacerlo dentro de los marcos legales o por medio de un régimen autoritario- el combate a la izquierda siempre aunará a fascistas y liberales.

El otro punto en común es la economía. La política económica es la base de todo proyecto político. La dictadura vino a consolidar (o a terminar de hacerlo) una restructura de la economía uruguaya que ya había comenzado años antes. La liberalización económica, la liquidación de la pequeña industria uruguaya en pos de una total primarización de su producción, volcada exclusivamente a la exportación de materias primas y abierto a las importaciones. La transformación del Uruguay en una plaza financiera. Este era el mismo programa que tenían los partidos tradicionales, y que no modificaron en los más mínimo en su retorno al poder. La defensa de este modelo es la razón fundamental de la alianza con los militares de los sectores que decían oponerse a ellos.

El verdadero problema de los blancos y colorados con los militares era que estos querían quedarse con el poder político. El proyecto de la dictadura buscaba quitarle la conducción del Estado a los partidos, y someterlos al control de las fuerzas armadas. Este nuevo orden era, precisamente, el que se proponía construir la reforma constitucional de 1980. Su disputa con el régimen era por su supervivencia como clase dirigente, encargada de comandar los destinos del país. Los militares se propusieron arrebatarles el poder a los políticos, algo que colorados y blancos no podían permitir, independiente de las coincidencias ideológicas y las formas de conducir el Uruguay. Fue una disputa que prontamente se volvió personal, con proscripciones, exilio, persecución y hasta asesinatos. En 1978, Carlos Julio Pereyra, Luis Alberto Lacalle y Mario Heber recibieron vinos envenenados. Pereyra y Lacalle no los llegaron a beber, pero sí lo hizo la esposa de Heber, Cecilia Fontana, quien falleció.

La alianza establecida entre los sectores que se posicionaron como oposición y los militares, una vez que estos devolvieron el poder a la clase política, demuestra la coincidencia de la mayor parte de la derecha con el proyecto de la dictadura, y que el único diferendo era quien encabezaría su conducción.

 

 

LOS ANTECEDENTES QUE COMPLICAN AL PSUV (II)

La deriva autoritaria que le siguió al desconocimiento de la derrota del 2015, prosiguió al año siguiente con el intento de la derecha de convocar un referéndum revocatorio contra Maduro. El Consejo Nacional Electoral (CNE) había autorizado el inicio del proceso el 26 de abril de 2016, cuando aprobó la entrega del formulario para la activación del mecanismo. Sin embargo, rápidamente dejó entrever su poca predisposición con la medida. Desde el principio -alegando razones logísticas- el ente anunció que, en caso de llevarse a cabo, se realizaría recién a mediados del primer trimestre de 2017.

La elección de la fecha no era un tema menor. Según el artículo 72 la Constitución venezolana, el referéndum solo puede invocarse tras cumplirse los primeros tres años del periodo presidencial; alcanzados los cuatro años (después del 10 de enero de 2017, en este caso), si el mandato llegase a ser revocado, el presidente debe ser reemplazado por su vicepresidente, por todo el resto del período, sin posibilidad de elecciones adelantadas.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había realizado las primeras solicitudes oficiales al CNE para activar la primera etapa del proceso (fase de promoción) a principios de marzo de 2016, esperando recibir del ente un modelo de planilla oficial que sirviese para recolectar las firmas de los ciudadanos. Pero el CNE rechazó reiteradamente las solicitudes bajo argumentos técnicos, llegando a alegar en última instancia que, para la entrega del modelo de planilla, era necesario respaldar el pedido por medio de asambleas ciudadanas; ya que, según la autoridad electoral, la solicitud no podía ser tomado como un derecho de los partidos políticos, sino de los ciudadanos.​

El 12 de abril la derecha presentó 2.040 firmas recolectadas en las asambleas requeridas. Finalmente, el CNE terminó entregando el modelo de planilla a la MUD el 26 de abril. Pero contraviniendo el reglamento previsto por el CNE, la autoridad electoral impuso como nueva medida que la recolección y autentificación debía contabilizar no menos del 1% del electorado en cada Estado, y no a nivel nacional, por lo que si en cualquiera de las 24 administraciones regionales se contabilizaba menos del 1%, la convocatoria no prosperaría. A pesar de todo el 2 de mayo la coalición entregó 1,85 millones de actas de voluntad, cuando el equivalente del 1% requerido eran 195.721.

Rápidamente, el gobierno de Maduro organizó una comisión dirigida por el entonces alcalde del municipio Libertador de Caracas y ex rector del CNE, Jorge Rodríguez, para que auditase la totalidad de las firmas recogidas por la MUD, a fin de “revisar el cumplimiento de los términos legales” para tal proceso constitucional. La comisión visitó las oficinas del CNE en Caracas para exigir al ente la entrega de copias de todas las planillas originales entregadas por la oposición para constatar su autenticidad, previo al proceso de verificación oficial dirigido por el poder electoral.  

En aquel momento, Rodríguez justificó el pedido argumentando que “las manifestaciones de voluntad son públicas”. También informó que acudirían al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para para activar una serie de mecanismos jurídicos para defender el trabajo del CNE de los ataques destinados a desprestigiarlo. También aseguró que en caso de que la oposición tomase caminos violentos solicitarían al ente comicial la suspensión del revocatorio. ​

Los dirigentes de la oposición rechazaron la conformación y las exigencias del PSUV. El representante de la MUD ante el CNE, Juan Carlos Caldera, reclamó que la auditoría de las firmas no estaba prevista -ni en la Constitución ni en las resoluciones de 2007 que reglamentaban el referéndum- para la fase de promoción del proceso, sino para la siguiente etapa; y que el PSUV solo buscaba usurpar las funciones del CNE y amedrentar a los firmantes. Una apreciación compartida por el ex rector del organismo, Vicente Díaz.

El 9 de junio, el CNE informó que la auditoría de las actas presentadas dio como resultado la inhabilitación de 600 mil de las firmas, debido a fallas en su calidad o autenticidad, tales como la presunta usurpación de la identidad de ciudadanos fallecidos. Acto seguido, la autoridad electoral agregó un nuevo proceso (que no figuraba en la normativa), denominado de autoexclusión -precedente al de autentificación de las firmas- en el que los ciudadanos podían remover sus actas de voluntad de la base de datos para que no contasen en el proceso de validación. Sin embargo, para el 17 de junio tan solo 5 mil 500 electores habían firmado para que se los excluya, una cifra intrascendente para el proceso final. Por el contrario, una semana después, el proceso de validación logró certificar 409 mil firmas.

Fu en ese momento que el PSUV decidió jugar la carta judicial para frenar el revocatorio. El 13 de junio el oficialismo ya había presentado un amparo ante el TSJ por las firmas fraudulentas y defectuosas presentadas por la derecha. Un mes después, el 26 de julio, interpuso una solicitud formal ante el CNE para que se anulase la inscripción formal de la MUD como partido político -inhabilitando a tal formación como solicitante del referéndum revocatorio- en virtud de lo contenido en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos. A juicio del oficialismo, las 600 mil actas inhabilitadas serian la prueba de que la oposición habría incurrido en "el fraude más grande que haya conocido la historia venezolana", un acto deliberado contra la Constitución".

En tanto que el primero de agosto, el PSUV notificó al ente comicial que había presentado ante tribunales un aproximado de 8.600 denuncias formales por presuntas usurpaciones de identidad por parte de la MUD durante la recolección de firmas del 27 de abril, a fin de que el CNE ratificara la nulidad del proceso. A su salida de la reunión con la rectoría del ente, Rodríguez opinó que el proceso de referéndum estaba “legalmente muerto”.

Las fechas de las presentaciones no eran casuales.Tras una extensa auditoría que culminó el 26 de julio, el 1 de agosto la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, confirmó en una rueda de prensa que en todos los estados se había logrado el requerimiento del 1%. Pese a que no entregó detalles del número exacto de actas validadas de forma efectiva por Estado, anunció que habían sido validadas 399 mil firmas de las más de 407 mil que fueron emitidas en la etapa de validación.

El 2 de agosto la MUD presentó la solicitud formal para la convocatoria del proceso de recolección de firmas del 20% del electorado. A pesar de que los plazos fijados por el reglamento de 2007 establecían que el 20 de agosto el CNE debía dar su respuesta sobre la activación del mecanismo, la presidenta del poder electoral anunció el 9 de ese mes que el ente no se pronunciaría hasta el 14 de septiembre; por lo cual, de darse por satisfechos los requisitos, el proceso no tendría lugar sino hasta finales de octubre.

Según la rectora, tras el proceso de tres días de recolección de firmas, el CNE dispondría de 29 días de plazo para evaluar la validez de dichas actas, tras lo cual comenzaría el lapso reglamentario de 90 días máximos para la realización del referéndum.​ Sin embargo, el reglamento sólo contemplaba 15 días de auditoría para el proceso de participación, antes de que corriera el plazo de los 90 días. Por su parte, la rectora Sandra Oblitas detalló que el lapso de 29 días contemplaba tres días para la realización de la recolección de actas, cinco para la recepción de actas, y 15 días para la verificación de las mismas.​ Las directoras se resistieron a especificar textualmente fechas tentativas para la realización de la consulta, y desde la oposición se quejaron de que el cumplimiento de todos los plazos máximos expuestos en el cronograma sólo permitirían que el mismo fuese posible entre febrero y marzo de 2017.

Recién el 21 de septiembre concluyeron las discusiones dentro del CNE. El rector Luis Emilio Rondón adelantó algunas de las definiciones alcanzadas. Se estableció que el 20% de las firmas requeridas debían recogerse por Estado y no a nivel nacional como ocurrió en 2004; se fijaron 5.392 máquinas para hacer la recolección los días 26, 27 y 28 de octubre.​ Rondón destacó que el suyo fue el único voto salvado dentro del directorio, por considerar que las condiciones previstas resultaban restrictivas y porque la regionalización del cuórum mínimo contravenía de manera explícita el artículo 72 de la Constitución.

Pero nunca llegó a haber una comunicación oficial por parte de la autoridad electoral. En una nota de prensa, adelantaba que el cumplimiento de los lapsos reglamentarios haría que el CNE no anunciase el cumplimiento o no de la cuota nacional hasta finales de noviembre, y que por lo tanto, el referéndum tendría lugar “a mediados del primer trimestre de 2017”.

Finalmente, el 20 de octubre de 2016, el CNE suspendió la recolección de las firmas con la excusa de que tribunales de los estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas, Apure y Zulia (que se sumaría un día después) dictaminaron de manera paralela la anulación del primer proceso de recolección de firmas -la etapa de promoción, que exige la convocatoria del 1% del electorado- para el referéndum. La justicia de estados mencionados acusó a la derecha de cometer fraude (firmas de personas muertas, en prisión y suplantación de identidad). ​​

La MUD denunció que la decisión de validar para todo el país un fallo de tribunales regional era una medida ilegal, ya que solo aquellos con jurisdicción nacional serían los únicos habilitados para modificar o suspender la realización de un referéndum nacional. Sin embargo, el gobierno se salió con la suya y logró abortar un proceso que, muy probablemente, le hubiese resultado adverso.

 

 

LOS ANTECEDENTES QUE COMPLICAN AL PSUV (I)

El chavismo siempre se mostró orgulloso de sus credenciales democráticas. Ante las acusaciones de fraude y autoritarismo que la oposición (venezolana e internacional) levantó desde que Chávez ganó su primera elección; respondían con que ningún país del mundo había celebrado tantas elecciones como en Venezuela, y que sus victorias, en la inmensa mayoría de estas, habían sido certificadas por uno de los mejores sistemas de votación del mundo. Además, en las pocas ocasiones que les había tocado perder, habían reconocido la derrota sin problema. Todo esto era cierto; sin embargo, dejó de serlo en 2015.

El 6 de diciembre de aquel año, el país caribeño celebró elecciones parlamentarias para renovar todos los escaños de su Asamblea Nacional. A diferencia de las votaciones anteriores, en la noche de aquel domingo, los resultados venían demorados, era una situación extraña. Finalmente, tarde en la madrugada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, se presentó ante la prensa con el primer boletín de resultados (a las 00:30, más de 6 horas luego del cierre de las urnas). Lucena confirmaba las sospechas sobre los motivos de la espera: luego de la sufrida en el referéndum de 2007, el oficialismo era derrotado por segunda vez en las urnas.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se hizo con el 56,21% de las preferencias del electorado, cosechando 7.728.025 de votos. En tanto que la coalición oficialista alcanzaba los 5.625.248, un 40,92%. La derecha le sacaba así el control del parlamento, apoderándose de 112 de los 167 escaños. Pese a que en un primer momento el PSUV aceptó los resultados, a los pocos días comenzó a moverse para desconocerlos.

Se acusó a la oposición de fraude por medio de la compra de votos, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Semanas después el gobierno de Maduro presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 7 denuncias de impugnaciones sobre un total de 8 diputados electos para representar a los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy. Solo una de estas fue aceptada como procedente. El TSJ ordenó la suspensión de los actos de totalización de votos y proclamación de resultados en todos los circuitos del estado Amazonas, afectando a tres diputados electos por la MUD (uno de ellos de la representación indígena por la región sur) y a un diputado del PSUV.

Rápidamente, el 30 de diciembre de 2015, el TSJ prohibió la juramentación de los representantes de Amazonas. La suspensión de los tres representantes de la MUD buscaba arrebatarle la mayoría absoluta en la Asamblea (dos tercios de los diputados), la cual le otorgaba generosos poderes, como la de derogar o reformar leyes orgánicas. También habilitaba a la derecha a convocar una Asamblea Constituyente, la cual le permitiría forzar nuevas elecciones presidenciales y renovar las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, en manos del chavismo.

Pese a la orden del TSJ, el 6 de enero de 2016 -un día después de que asumieran los 163 de los 167 parlamentarios-, antes del inicio de la primera sesión ordinaria, la derecha procedió a la juramentación de sus 3 diputados, lo que llevó al Tribunal a declarar en desacato al Congreso y declarar nulas todas sus actuaciones. Unos días después, los diputados en cuestión decidieron desincorporarse para revertir la condición de desacato impuesta, decisión aprobada por el Parlamento y notificada al TSJ el 13 de enero. Sin embargo, la sentencia no fue modificada.

La conocida como sentencia 156, emitida el miércoles 29 de marzo de 2017 por el TSJ, ratificaba lo ya dispuesto, y establecía que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Tras las protestas generadas por la disolución de facto del parlamente y, para intentar darle un marco de legalidad a semejante deriva antidemocrática, el 1 de mayo de 2017 el gobierno de Nicolas Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, la cual asumiría las competencias del legislativo controlado por la derecha. La elección se llevó a cabo el 30 de julio, únicamente con candidatos del oficialismo, ya que, obviamente, la oposición no se presentó.

El primer boletín de resultados emitido por el CNE, informó una participaron de 8.089.320 de venezolanos, un 41,53 % del padrón electoral. Al mismo tiempo, la derecha entregaba cifras distintas. La MUD informó que votaron 2.483.073, alrededor del 12,4% del padrón electoral; y desde la agencia de noticias Reuters, aseguraron que -según documentos internos del CNE en su poder- el total era de 3.720.465 votos, un 18%. Los más de 8 millones de votos anunciados por las autoridades electorales generaron suspicacia. Eran justo los que precisaba el gobierno de Maduro para superar los más de 7,6 millones de votos con los que habría contado el plebiscito no oficial -organizado dos semanas antes por la derecha- en rechazo a la iniciativa constituyente. 

Al igual que lo que sucedió este año, en 2017 tampoco aparecían las actas de votación; el CNE no presentó el detalle del escrutinio. El primero de agosto, Luis Emilio Rondón, uno de los rectores del CNE de la época, denunció que no podía confiar en cifras “burdas de un proceso que no contó con los controles que se han incluido en los demás comicios”. Rondón exigía que se publicara “no solo el resultado final de participación y el nombre de quienes resultaron adjudicados como ganadores, sino que deben presentar las actas de escrutinio con el total de votos por cada mesa y los votos obtenidos de cada candidato”. Además, expresaba que, “no puedo tener confianza en cifra alguna que haya surgido de un proceso que no contó con todos los controles que se han dado a lo largo de estos años para generar confianza en los comicios que se llevan a cabo en Venezuela”. Para Rondón lo resuelto por el ente electoral “vulnera nuestros controles electorales y crean precedentes que no deben ser repetidos en otro proceso electoral venezolano”. 

Por su parte, Antonio Mugica -representante de Smartmatic, que desde 2004 era la empresa encargada del sistema electrónico de votación venezolano- advirtió en una conferencia de prensa en la ciudad de Londres, que las cifras anunciadas fueron manipuladas y que habrían participado menos votantes de los que arrojan los resultados oficiales: "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores". Mugica señaló que, “lo que puedo asegurar es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan”.

La farsa de la Asamblea Nacional Constituyente se reveló al concluir su labor el 18 de diciembre de 2020 sin la redacción de una nueva constitución para ser considerada por la población. La fecha no era casual, el 5 de enero de 2021, un nuevo parlamento -formado exclusivamente por el oficialismo- se aprestaba a iniciar una nueva legislatura (la actual, en funciones hasta el 2026), fruto de unas elecciones en que la derecha había decidido no presentarse.

LA IZQUIERDA VENEZOLANA DENUNCIA IRREGULARIDADES

El fascismo venezolano ha sido claro en denunciar las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A menos de dos horas para la entrega de los primeros resultados, Delsa Solorzano -líder del partido Encuentro Ciudadano y testigo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denunció que el CNE dejó de transmitir las actas desde los locales de votación e impidió a los testigos el acceso a ellas. Solorzano, también reclamo que, en su condición de testigo de Edmundo González en la sede del CNE, se le había impedido el acceso al recinto igual que al resto de los representantes de la oposición.

No es que estas denuncias deban ser desestimadas, pero la palabra de una derecha que jamás reconoció ninguna de las victorias del chavismo y nunca ocultó sus intenciones golpistas, inspira nula confianza. Sin embargo, esta vez, las críticas sobre la limpieza de las elecciones también provienen de la izquierda.

El Partido Comunista y otras organizaciones dieron a conocer diversas irregularidades que habrían cometido las autoridades electorales. Entre estas, figuraba una denuncia formulada por uno de los candidatos, que señalaba que el Boletín N°1 -que leyó Amoroso en la noche de las elecciones- no se imprimió en la Sala de totalización, en presencia de testigos de los partidos, como señala el protocolo que se debió realizar. Otra denuncia, del equipo de otro de los presidenciables, señala que el resultado a favor de Maduro anunciado por el director del CNE, no se corresponde con la totalización del 80%, de acuerdo a las actas que estaban en su poder.

El partido Comunista también hizo saber sus dudas acerca de la denuncia del presidente del CNE de un hackeo masivo de la plataforma electoral considerada invulnerable, puesto como excusa para la interrupción de la transmisión de datos la noche de la elección; así como, la no publicación de los resultados desagregados -mesa por mesa- tal como ha ocurrido a las pocas horas de procesos anteriores, de manera tal que la ciudadanía pueda controlar el proceso.  

“La fortaleza del sistema electoral venezolano, probado en decenas de elecciones, es su transparencia y auditabilidad. En esta ocasión, hay hechos y denuncias que limitan seriamente esas características y, en consecuencia, debilitan la credibilidad de los anuncios parciales realizados por el CNE”, señaló la izquierda venezolana.

Según un comunicado del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista: “La proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto bajo este escenario de incertidumbre en el que los resultados presentados por Amoroso contrastan abiertamente con el ánimo que imperó durante la jornada electoral, no es más que una provocación que abre paso a la configuración de situaciones de violencia.”

Por su parte, la Liga de Trabajadores por el Socialismo de Venezuela, se hizo eco de la denuncia realizada por la derecha en cuanto a que la noche de la totalización de los resultados, a mitad del proceso, el gobierno decidió impedir el acceso a testigos de Edmundo González, dejando a estos con menos de la mitad de los datos totalizados. El partido izquierdista también señaló que los funcionarios del ente electoral se negaron a darle copias de las actas a los testigos en numerosos centros de votación. Y al igual que los comunistas venezolanos, también se quejaron de que el acta con los resultados finales no se imprimió en la sala de totalización del CNE, a la vista de todos los testigos -y como está estipulado-, sino que la imprimió directamente el presidente del organismo, no se sabe dónde, y se la presentó al resto de rectores.

La Liga de Trabajadores por el Socialismo hizo ver que estos reclamos provienen no solo de los sectores afines a Estados Unidos, sino también de los partidos de derecha que mantienen buenas relaciones con el gobierno. Tal es el caso de Enrique Márquez, uno de los aspirantes que compitieron por la presidencia y ex miembro del CNE, quien denunció que "a la mayoría de nuestros testigos se les impidió acceder a los centros de votación. Quienes pudieron ingresar presenciaron el proceso y esperaron las actas, pero no se las entregaron como lo exige la ley y su reglamento. No solo viola la ley, sino que genera oscuridad, opacidad, falta de transparencia”.

A su vez, también advirtieron que el CNE ha evitado las auditorías que corresponden, de acuerdo a las propias normas del proceso, luego de anunciados los resultados, para completar la verificación.

Además de las irregularidades de esta votación en particular, existe un elemento que claramente descarta la condición democrática de las elecciones venezolanas: las inhabilitaciones de partidos y candidatos. Hace años que el oficialismo, por intermedio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), viene prohibiendo la actividad política de determinados políticos y organizaciones. Excluyendo a los principales referentes de la derecha de participar en las elecciones, el PSUV ha logrado limitar por completo las posibilidades de que le arrebaten el poder. En las últimas dos elecciones presidenciales (2018 y 2024) las figuras más populares de la derecha no han sido habilitadas para presentarse.

Para borrar la oposición a su gobierno, el PSUV ha recurrido a la intervención de los partidos.  Las intervenciones han removido a las juntas directivas y las han sustituido por miembros designados por el TSJ, dejando a las agrupaciones en manos de sectores afines al dialogo con el gobierno. Si bien las primeras intervenciones datan del 2012, hubo dos momentos, particularmente notorios, en 2015 y 2020. Fueron destituidas las cupulas dirigenciales de los principales partidos de derecha -COPEI en 2015, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular en 2020- además de otras organizaciones menores.

Casi la totalidad de estos partidos han participado en los intentos de derrocar al chavismo desde el día en que este ganó su primera elección; la mayoría de estos nunca reconoció victoria alguna del PSUV. Se podría llegar a pensar que este mecanismo de sustitución de autoridades podría ser una buena manera de purgar el sistema político de actores indisimuladamente golpistas, sin tener que llegar a prohibir las organizaciones opositoras. Sin embargo, la proscripción de políticos y partidos que no han sido condenados por la justicia por ninguno de los atentados al sistema democrático venezolano en los que han participado, no puede ser resuelta a discreción del gobierno por medio de un tribunal bajo su control.

La arbitrariedad de estas medidas quedó al descubierto cuando alcanzó a los partidos de izquierda que rompieron con el PSUV. En 2020 fueron intervenidos Tupamaro, Patria Para Todos y en 2023 fue el turno del Partido Comunista; demostrando que el mecanismo no se regía por criterios democráticos o de justicia, sino para borrar toda oposición a la gestión del oficialismo. Colocando directivas afines, el PSUV lograba desarticular a los opositores sin la necesidad de prohibir sus organizaciones, algo que habría dejado en total evidencia la inexistencia de un marco democrático. Se trata de aparentar una libertad de organización que ya no es tal.   

 Si para el caso de la derecha esto se podía comprender (aunque no compartir), las inhabilitaciones de la izquierda dejan en evidencia la voluntad antidemocrática del PSUV. El crimen de los partidos de izquierda fue entrar en conflicto con las políticas neoliberales de Maduro y (lo más importante) salir de la alianza con el gobierno para crear un nuevo referente electoral.

Entre las agrupaciones intervenidas se encuentran las que para las elecciones parlamentarias de 2020 conformaron la coalición Alternativa Popular Revolucionaria, un frente de izquierda por fuera del chavismo. Los partidos que la integraban, vieron usurpado su registro electoral, para usarlo en favor de la candidatura del PSUV. Para este año, el gobierno fue más allá, y no solo negó el registro de una nueva organización con el que la izquierda pudiese presentar una candidatura, sino que también le negó al PCV y a las otras fuerzas el registro de la candidatura de Manuel Isidro Molina, negando el acceso al sistema de postulación a la organización habilitada para inscribir.

 

VENEZUELA: INDICIOS DE FRAUDE

 

Hasta el 7 de agosto el Consejo Electoral de Venezuela (CNE) no había publicado aun las actas que acreditasen la victoria del oficialismo en las elecciones. Sin las pruebas que respalden los resultados de la votación, de ninguna manera se puede dar por valido lo expresado por las autoridades. Al no respetar el proceso prestablecido para la verificación del escrutinio, al ocultar la información y no dar transparencia al procedimiento; el CNE ha violado la ley y, por ende, ha fraguado las elecciones. Al no revelar los datos que sustenten los números entregados, el organismo electoral actúa de manera fraudulenta y antidemocrática: los comicios ya no pueden ser convalidados.

Nada de lo que hagan a continuación las autoridades venezolanas puede ya remediar esta situación. Al ocultar la información, el PSUV ha perdido toda credibilidad, y de ahora en más todas sus actuaciones serán sospechadas. Ni siquiera en el caso de que llegasen a presentar las actas ¿Quién podría creer en la autenticidad de documentos que antes se negaban a revelar? Esto constituye un fraude. Sin saber a ciencia cierta quien ganó las elecciones, tanta opacidad solo puede tener por cometido: robarle las elecciones a la derecha.

A esto se refirió el Centro Carter en una declaración del 30 de julio, en la que se señalaba que no había podido verificar la autenticidad de los resultados comunicados por el CNE, ya que el Consejo no había entregado el detalle de los resultados desglosados por mesa de votación (cometiendo una grave violación de los principios electorales). Por eso, los veedores del Centro consideraron que la elección del 28 de julio “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

El Centro Carter no solo es una de las instituciones internacionales que fueron invitadas por las propias autoridades electorales venezolanas para observar la elección presidencial; la organización fundada por el ex mandatario estadounidense, Jimmy Carter, siempre fue una defensora del sistema de votación del país. En su informe final sobre las elecciones presidenciales de 2012, se podía leer: “El sistema venezolano de votación ha sido el componente más sólido del proceso electoral. El sistema actual usado en las últimas cinco votaciones nacionales, ha protegido de manera confiable la integridad del proceso automatizado de votación.”

El propio Jimmy Carter había reconocido en 2012, durante el congreso anual del Centro Carter en  Atlanta que, “de hecho, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”, destacando las garantías de verificación y transparencia del voto automatizado.

En contraposición, el informe sobre la elección de este año no se limita a denunciar la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados. También se señala que los comicios se desarrollaron en un marco de libertades restringidas para actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Acusa al órgano electoral de mostrar parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Concretamente, cuestiona la actualización del registro de electores, que se realizó “con plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas”. Problema que se agravó en el exterior, donde los venezolanos residentes debieron enfrentar barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón. Estas restricciones se tradujeron en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior.

Por su parte, el registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. El informe hace mención a las intervenciones judiciales que han sufrido los partidos opositores, y que han destituido a sus liderazgos más reconocidos para colocar en su lugar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. “De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.

El Centro, fundado por el ex mandatario Demócrata, también observó un notable desequilibrio a favor del gobierno. El oficialismo contó con amplios recursos económicos, lo que “se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”. 

Por último, el documento menciona las restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales -sobre todo a testigos de la oposición-; y mecanismos de presión sobre el electorado, como puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes.

El subjefe de la misión del Centro Carter en Venezuela, Patricio Ballados Villagómez, le comentó a la CNN que era incongruente que el CNE tuviera las actas suficientes para declarar un ganador -y vaya a entregarlas al Tribunal Supremo de Justicia para un peritaje- pero que no sea capaz de darlas a conocer públicamente. "Si tuvieron la información de las actas mesa por mesa en un 80%, como señaló el presidente (del CNE, Elvis) Amoroso, entonces las pueden publicar. Utilizaron las actas para hacer una contabilidad suficiente de modo que el CNE dio una ventaja irreversible a uno de los candidatos. Entonces, es contradictorio: tuvieron ese 80% de las mesas que les permitió cantar un resultado... pero no tienen ese 80% para publicarlas", dijo al medio estadounidense.  

Ballados también comentó que, previo a las elecciones, contaron con la colaboración de la autoridad electoral, del gobierno y de las fuerzas armadas; sin embargo, posterior al anuncio que declaró la victoria de Maduro "se cerró la puerta", aseguró. "Tuvimos una gran colaboración del CNE hasta el día de la jornada electoral, se nos abrieron las puertas, pudimos platicar con los rectores y con los funcionarios. Pero posterior a este anuncio se cerró la puerta", relató.

El CNE acusó que su sistema informático había sido atacado, lo cual le impidió la oportuna transmisión de los resultados electorales. Una excusa muy oportuna. Fue cerca de la medianoche del lunes, cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó a la población que con el 80% de las actas escrutadas Nicolás Maduro había ganado las elecciones con 5.150.092 votos, el 51.20% del total; contra los 4.445.978 millones de Edmundo González, un 44%, en representación de la coalición opositora Plataforma Unitaria. Sin embargo, la institución electoral no publicó los resultados detallados por colegio electoral y mesa de votación que respaldasen el anunció.

Por el lado de la oposición, horas más tarde, en la misma noche de la votación, María Corina Machado y Edmundo González se presentaron ante los periodistas y anunciaron tener en su poder el 73,20% de las actas, las cuales demostraban que recibieron aproximadamente 6,2 millones de votos frente a los 2,7 millones de Maduro. Todo lo escaneado por la oposición fue cargado en un sitio web, donde cualquiera podía utilizar su número de identificación gubernamental para ver el acta perteneciente a la máquina que utilizó para votar. Luego del anuncio de la derecha, el Gobierno afirmó que el sitio web del CNE había sido hackeado, el cual permanece inactivo hasta ahora.

Para el martes 30, María Corina Machado aseguraba que ya contaban con más del 84% de las actas computadas. En ese momento, ya estaba online el portal resultadosconvzla.com, con el 81.21% de las actas digitalizadas que probaban, supuestamente, la victoria opositora.

El viernes 2 de agosto el CNE entregó un nuevo computo, donde otorgaba un 51,95% de los votos al oficialismo (6,4 millones de votos) contra un 43,18% para la candidatura de González (5,3 millones), con el 96,87% de las actas. Sin embargo, en ese segundo boletín tampoco publicó las actas. En contraposición, la oposición subió a una página web "el 81%" de las actas electorales que, según ellos, demostraban su amplia victoria.

Si bien es lógico desconfiar de todo lo que provenga de una derecha fascista, totalmente antidemocrática y abiertamente golpista, la cual nunca ha reconocido las victorias del chavismo; la falta de transparencia y decidida apuesta por la opacidad, hacen imposible confiar en el oficialismo.

El ataque del que el Consejo Electoral dice ser víctima no parece razón suficiente para que las actas no se hayan dado a conocer al pueblo venezolano. Si la derecha fue capaz de hacer públicas las que estaban en su poder, el CNE también podría haber hecho lo mismo. También lo podría haber hecho el PSUV, con las actas recolectadas por sus testigos, pero prefirió acudir a la mediación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que por más que sea el camino indicado por la ley, es un organismo controlado por el oficialismo. Tampoco se entiende porque el CNE pudo entregar las actas al TSJ (el martes 6 de agosto Amoroso entregó las actas de escrutinio de las mesas de votación, el acta de adjudicación y el acta de proclamación) pero no a la ciudadanía.

 Las actas de votación están disponibles. Cada una de las poco más de 30.000 máquinas de votación electrónica usadas por el sistema electoral venezolano imprimen una copia de las actas de escrutinio después del cierre de las urnas, antes de que los resultados sean transmitidos al CNE. Inclusive, cada una de estas hojas de escrutinio poseen impreso un código QR para su fácil digitalización. Venezuela hace aproximadamente dos décadas que utilizado máquinas de votación electrónica. Las máquinas registran los votos, proporcionan un recibo en papel para el votante y, después del cierre de las urnas, imprimen copias de las actas de escrutinio. Estas, muestran el total de votos desglosados por candidato, el código QR y las firmas de los representantes de los partidos, un empleado del organismo electoral y los trabajadores electorales que son sorteados para participar. Cada representante de partido tiene derecho a un acta de escrutinio, mientras que otra copia se coloca en un sobre y se entrega en la sede del CNE. El escaneo de los mencionados QR otorga acceso inmediato a los resultados de la votación. Si bien la ley no lo obliga a publicar imágenes de las actas, en elecciones anteriores ha compartido los totales de cada acta.