EEUU CELEBRA A LOS TERRORISTAS SIRIOS (II)

Luego de que el Secretario de Estado norteamericano confirmara los contactos con los islamistas del HTS, el enviado especial de la ONU en Siria, Geir Pedersen, se trasladó a Damasco el domingo 15 de diciembre para reunirse con las nuevas autoridades. Según la CNN, ahí dijo que apoyaba el levantamiento de las sanciones al HTS mediante un “proceso ordenado”. El representante de la ONU agregó: “Tengo muchas ganas de continuar mis conversaciones con el gobierno provisional sirio y las autoridades aquí”. 

Pedersen también pidió “justicia y rendición de cuentas por los crímenes” en lugar de “venganza”, mientras Siria comienza un nuevo capítulo en su historia. “El cambio que estamos viendo ahora después de la caída del régimen de Assad ha sido inmenso y, por supuesto, ese cambio en sí mismo crea grandes esperanzas, pero todos sabemos que todavía tenemos muchos desafíos por delante. Por lo tanto, debemos hacer esto bien desde el principio”, afirmó. El enviado también expresó, “esperamos ver un rápido fin de las sanciones, para que podamos ver realmente una unión en torno a la reconstrucción de Siria nuevamente”. 

Además, el 16 de diciembre, Blinken aseguró que, “por primera vez en décadas, Siria tiene la oportunidad de tener un gobierno que verdaderamente sirva a su pueblo, no dominado por un dictador, un grupo religioso o étnico, o un poder externo. Es un momento, tanto de promesas como de peligros, para Siria y sus vecinos. Es por eso que nuestro enfoque en la región es apoyar al pueblo sirio en su transición para alejarse de la brutal dictadura de Assad. No se trata de elegir un camino para Siria, sino de garantizar que el pueblo sirio tenga la oportunidad de elegir su camino a seguir.” El comunicado cierra de la siguiente manera: “Este es un momento de enormes oportunidades potenciales para Siria y estamos decididos a hacer todo lo posible para ayudar al pueblo sirio a hacer realidad sus aspiraciones”.

Desde Washington han asegurado que apoyan un proceso liderado por los sirios, sin la interferencia de intereses extranjeros; sin embargo, la presencia de sus soldados y el de sus aliados en territorio de la república árabe -así como el apoyo que le han dado a la oposición armada desde el 2011- no se condice para nada con esta aseveración. Y llegan al colmo del cinismo cuando celebran el fin de la dictadura de Al Assad, cuando la mayoría de sus socios en la región son monarquías. Tanta mentira e impostura no tiene otro cometido que tratar de ocultar lo evidente: Estados Unidos respalda la toma del poder por parte de los terroristas en Siria.

No son los únicos. Ese mismo lunes 16 de diciembre, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que “encargó a un alto diplomático europeo en Siria que fuera a Damasco para hacer contactos con el nuevo Gobierno y la gente allí”. Asegurando que considerarían más medidas “si vemos que Siria va en la dirección correcta”. Las nuevas medidas se anunciaron luego de que el encuentro se consumara al día siguiente, y al cual Kallas calificó de “primeros contactos constructivos con los nuevos dirigentes y otros grupos, también de la sociedad civil”. En el Parlamento Europeo, la representante comunitaria para Asuntos Exteriores dio a conocer que la Unión Europea reabriría su embajada en Damasco.

Ese mismo martes 17, Francia concretó la reapertura de su delegación en el país árabe. En tanto que los alemanes despacharon ese mismo día una delegación para mantener su primer reunión con las nuevas autoridades sirias. Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores le trasladó a EFE que, “en la medida en que se puede juzgar ahora mismo, hasta el momento están actuando con prudencia. Igual que nuestros socios internacionales, les mediremos por sus acciones. Cualquier cooperación tiene como prerrequisito que se proteja a las minorías étnicas y religiosas y se respeten los derechos de las mujeres”.

A esa altura, el Reino Unido también había enviado a sus representantes a Damasco. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ya había confirmado que su país había establecido dialogo con el HTS. Lammy le dijo a la BBC que a pesar que el grupo islamista sigue estando proscrito en el Reino Unido, ello no impedía que se pueda establecer contacto.   

El 20 de diciembre la CNN publicaba que una delegación estadounidense se encontraba en Siria para reunirse por primera vez con el nuevo gobierno sirio. La delegación estaba compuesta por la subsecretaria de Estado para Asuntos de Medio Oriente, Barbara Leaf; el enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens; y el asesor principal de la AEN, Daniel Rubinstein.

Finalmente, en esa reunión del viernes, Estados Unidos eliminó la antigua recompensa de US$ 10 millones por el líder del HTS. Tras la reunión con Al Jolani (ahora “exyihadista”, según la CNN), la subsecretaria de Estado para Asuntos del Cercano Oriente, dijo que la “decisión política” estaba alineada con la necesidad de trabajar en “asuntos críticos” como combatir el terrorismo.

En la nota de la CNN se decía: “Al-Sharaa (el verdadero nombre de Al Jolani) ‘se comprometió con esto’, dijo Leaf, ‘y en base a nuestra discusión, le dije que no seguiríamos con la oferta de recompensa que ha estado en vigor durante algunos años’ (…) Leaf dijo que al-Sharaa ‘parecía pragmático’ y describió su reunión en Damasco como ‘bastante buena, muy productiva, detallada’ (…) ‘Fue una buena primera reunión’, dijo Leaf, señalando que ‘abarcaron una amplia gama de temas, internos y externos’. Hemos escuchado esto durante algún tiempo, algunas declaraciones muy pragmáticas y moderadas sobre varios temas, desde los derechos de las mujeres hasta la protección de todas las comunidades’, dijo. ‘Juzgaremos por los hechos, no solo por las palabras. Los hechos son lo crítico’”.

La excusa -una forma de justificar estos contactos y, también, de blanquear al HTS- es la búsqueda de ciudadanos estadounidenses desaparecidos en Siria:

“EEUU había estado en contacto directo con HTS sobre estos asuntos y había recibido un compromiso para ayudar a encontrar a Tice, un periodista estadounidense detenido en Siria hace más de una década. EEUU también espera encontrar más información sobre el destino de otros estadounidenses que desaparecieron”, publicó la CNN. El enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes se mostró agradecido con “las autoridades interinas, que hasta este punto han sido muy útiles en estas búsquedas”.

A pesar de las palabras de Biden y los demás mandatarios occidentales de que juzgarían al HTS por sus acciones y no sus palabras; menos de dos semanas en el poder ya fueron suficientes para demostrar que el yihadista que creo la sucursal de Al Qaeda en Siria -por orden del primer líder del ISIS- ya se había transformado en un interlocutor válido.

Llama la atención el momento del cambio de etiqueta: era un terrorista, pero como derrocó a un enemigo de Estados Unidos ya no lo es. Estados Unidos asegura que no apoyó nunca a los grupos yihadistas en Siria, solo a las fuerzas kurdas. Sin embargo, formaba parte del mismo bando que los terroristas islámicos, con (exactamente), el mismo objetivo; la caída de Al Assad. Finalmente, la oposición se hace con el poder -comandada por los extremistas (que desde 2011 Estados Unidos viene desestimando su importancia en el bando opositor)-; y, acto seguido, Washington le quita la designación de terrorista a su líder.

Esto pone en entredicho si de verdad Estados Unidos esta comprometido con combatir el terrorismo y el extremismo islámico, o si en realidad, Washington lo apoya y trabaja en conjunto con estos grupos. Si la designación de terrorista es solo una herramienta de su política internacional, una manera de justificar sus intervenciones en el extranjero y el derrocamiento o empoderamiento de lideres.

 

 

 

EEUU CELEBRA A LOS TERRORISTAS SIRIOS (I)

El 8 de diciembre, cuando se supo que los yihadistas del Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) habían derrocado a la dictadura de Al Assad, el presidente estadounidense, Joe Biden, expresó: “La caída del régimen es un acto fundamental de justicia. Es una oportunidad histórica para que el sufrido pueblo de Siria construya un futuro mejor para su orgulloso país. También es un momento de riesgo e incertidumbre. Mientras todos nos planteamos la cuestión de qué viene después”.

“Permaneceremos alerta. No se equivoquen: algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Al Assad tienen su propio y sombrío historial de terrorismo y abusos contra los derechos humanos. Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de estos grupos rebeldes en los últimos días. Ellos están diciendo las cosas correctas ahora, pero a medida que asuman una mayor responsabilidad, evaluaremos no sólo sus palabras, sino también sus acciones.” 

Sin embargo, a pesar de que “es un momento de considerable riesgo e incertidumbre, también creo que es la mejor oportunidad en generaciones para que los sirios forjen su propio futuro libre de oposición”. Y agregó, “sería un desperdicio de esta oportunidad histórica si un tirano fuera derrocado, sólo para ver surgir uno nuevo en su lugar. Por lo tanto, ahora corresponde a todos los grupos de oposición que buscan un papel en el gobierno de Siria demostrar su compromiso con los derechos de todos los sirios, el Estado de derecho y la protección de las minorías religiosas y étnicas”. Para el mandatario, “estos últimos días han sido históricos, pero son los días venideros los que determinarán el futuro de este país”.

Ese mismo día, su Secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó en un comunicado que, “después de 14 años de conflicto, finalmente, el pueblo sirio tiene un motivo para esperanzarse”. También aseguró que, “Estados Unidos apoya firmemente una transición pacífica del poder a un gobierno sirio responsable, a través de un proceso inclusivo liderado por Siria”. El texto oficial finalizaba remarcaba lo dicho por Biden: “Hemos tomado nota de las declaraciones hechas por los líderes rebeldes en los últimos días, pero a medida que asuman una mayor responsabilidad, evaluaremos no sólo sus palabras sino sus acciones. Nuevamente hacemos un llamado a todos los actores para que respeten los derechos humanos, tomen todas las precauciones para proteger a los civiles y respeten el derecho internacional humanitario.”

Por su parte, desde Francia, también se refirió a la situación Emmanuel Macron. “El estado bárbaro ha caído. Por fin”. “Rindo homenaje al pueblo sirio, a su valentía, a su paciencia. En este momento de incertidumbre, les envío mis deseos de paz, libertad y unidad. Francia seguirá comprometida con la seguridad de todos en el Medio Oriente”, publicó en sus redes sociales.

A su vez, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el fin del régimen de Al Assad era un “desarrollo positivo y esperado”. Y añadió, que estaba en contacto estrecho con ministros de la región. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad en la región. Trabajaré con todos los socios constructivos, en Siria y en la región”, dijo. “El proceso de reconstrucción de Siria será largo y complicado y todas las partes deben estar listas para comprometerse de manera constructiva”.  

En tanto que, desde Alemania, el canciller Olaf Sholz, calificó de “buena noticia” el fin del régimen sirio, el cual “oprimió brutalmente a su gente”, publicó la BBC.

Arabia Saudita expresó que, “el Reino afirma su apoyo al hermano pueblo sirio y sus elecciones en esta etapa crítica de la historia de Siria, y hace un llamado a los esfuerzos concertados para preservar la unidad del épico pueblo sirio, de manera que los proteja –si Dios quiere– de caer en el caos y la división”. Según la CNN, “El reino dijo que estaba satisfecho con los ‘pasos positivos’ tomados para garantizar la seguridad del pueblo sirio mientras las fuerzas rebeldes tomaban Damasco, poniendo fin al largo mandato del presidente Bashar al-Assad”. 

El mismo 8 de diciembre, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que “este es un día histórico en la historia del Medio Oriente”. En tanto que, desde Turquía, el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, expresabaal día siguiente, que “los acontecimientos de ayer en Siria nos han dado un rayo de esperanza”. “Esperamos que los actores internacionales, especialmente la ONU, tiendan la mano al pueblo sirio y apoyen el establecimiento de una administración integradora”, agregó. “Llegados a este punto, ha comenzado una nueva era en Siria. Ahora es necesario centrarse en el futuro”.

Estas exhortaciones al respeto de los derechos humanos, la condena del terrorismo y el respeto a un proceso transparente e inclusivo -condicionando el apoyo a los rebeldes al cumplimiento de estos principios-, se repetirá en todas las declaraciones del gobierno estadounidense y sus aliados. Sin embargo, resulta absurdo pedirles tal compromiso a los integristas islámicos, a los sucesores del ISIS y Al Qaeda. De hecho, la primera vez que desde Washington se refirieron a los acontecimientos en Siria -el 30 de noviembre, a través del vocero del NSC, Sean Savett-, se deslindaron de toda responsabilidad, diciendo que, “Estados Unidos no tiene nada que ver con esta ofensiva, que está dirigida por Hay’at Tahrir al-Sham, una organización designada como terrorista”.  

El 10 de diciembre, el encargado de la política exterior del gobierno de Biden señalaba que, “Estados Unidos reafirma su pleno apoyo a una transición política liderada y controlada por los sirios”. También se podía leer: “El pueblo sirio decidirá el futuro de Siria. Todas las naciones deben comprometerse a apoyar un proceso inclusivo y transparente y abstenerse de interferencia externa. Estados Unidos reconocerá y apoyará plenamente un futuro gobierno sirio que resulte de este proceso”.

Ese mismo día, Geir Pedersen, el enviado de la ONU al país árabe advirtió, “Siria está frente a una encrucijada que ofrece grandes oportunidades y graves riesgos”. Ante la prensa en Ginebra aseguró que, por el momento, el HTS y otras agrupaciones han emitido declaraciones tranquilizadoras, de acuerdo a lo publicado por la ONU. “Hay una oportunidad real para el cambio, pero esta oportunidad debe ser aprovechada por los propios sirios y apoyada por la ONU y la comunidad internacional”, insistió.

A propósito del respaldo internacional y de la dificultad que la designación del HTS como grupo terrorista puede implicar, Pedersen manifestó: “Hay que examinar los hechos y ver lo que ha sucedido durante los últimos nueve años. Han pasado nueve años desde que se adoptó esa resolución [clasificando a los grupos terroristas] y la realidad hasta ahora es que el HTS y los demás grupos armados han estado enviando mensajes positivos al pueblo sirio, mensajes de unidad, de inclusión”. 

El 12 de diciembre fue el turno de los países agrupados en el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) de sentar posición sobre lo que estaba ocurriendo en el país árabe. “Reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de Siria y brindamos nuestro pleno apoyo a un proceso de transición política inclusivo, liderado y controlado por los sirios”, declaraban en un comunicado. “Estamos dispuestos a apoyar un proceso de transición bajo estos marcos, que conduzca a una gobernanza creíble, inclusiva y no sectaria, que garantice el respeto del Estado de derecho, los derechos humanos universales, incluidos los derechos de las mujeres”. Además, se comprometían a que “el G7 trabajará y apoyará plenamente un futuro gobierno sirio que cumpla con esos estándares y sea el resultado de ese proceso”.

“Denunciamos el terrorismo y el extremismo violento en todas sus formas. Tenemos la esperanza de que cualquiera que busque un papel en el gobierno de Siria demuestre un compromiso con los derechos de todos los sirios”, cierra el documento.

Ni en Washington ni en Europa soslayan la naturaleza yihadista del HTS y sus aliados, tampoco ocultan sus dudas sobre lo que un gobierno de estos grupos puede traer aparejado. No obstante, cual pase de magia, son capaces de hacer tabula rasa, olvidar su pasado y otorgarles cierto crédito para lo que viene. Porque no es solo que Occidente este celebrando la caída de una sanguinaria dictadura, sino que están festejando el arribo de las nuevas autoridades. No se puede celebrar la caída de una tiranía a manos de otra tiranía -eso es solo un cambio de nombres, no de régimen-, como bien reconocen en Estados Unidos y Europa.

Como sea, el reconocimiento internacional no se detuvo ahí. El 14 de diciembre, el rey de Jordania, Abdullah II, convocó a su país a los representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Qatar, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Unión Europea, el Grupo de Contacto Árabe en Siria y a la ONU. Estos, publicaron una declaración en la que se “afirmó el pleno apoyo al pueblo sirio en este momento crítico de su historia para construir un futuro más esperanzador, seguro y pacífico.” Además de señalar que “Siria finalmente tiene la oportunidad de poner fin a décadas de aislamiento. Están comprometidos a apoyar y trabajar con el pueblo sirio mientras se embarca en esta transición sin precedentes”. Y en la que se “exigió el respeto por parte de todos de la soberanía de Siria y su unidad, así como su integridad territorial, de conformidad con los principios de la Carta de la ONU.”

En una conferencia de prensa en Jordania, Blinken confirmó por primera vez la interacción directa del gobierno estadounidense con el HTS. “Sí, hemos estado en contacto con HTS y el resto de las partes”, aseguró el Secretario de Estado. Blinken no dio detalles sobre cuándo se realizó el contacto o a qué nivel, señaló la CNN; que, sin embargo, se apresuró a aclarar que “no hay barreras legales para hablar con un grupo designado como terrorista”.

 

 

SIRIA: SON TERRORISTAS ISLÁMICOS

Desafortunadamente, la caída de la dinastía Al Assad no traerá nada bueno para el pueblo sirio. Esta no es una rebelión de los sirios, esta no es su victoria. De las genuinas y legitimas manifestaciones populares iniciadas en 2011 -cruelmente reprimidas por la dictadura- ya no queda nada. Las esperanzas de su gente quedaron atrapadas en medio de una disputa entre potencias, donde los sirios no tenían (ni tienen) nada que ganar.

Nada puede esperar el pueblo de los terroristas islámicos que acaban de hacerse con el poder. El levantamiento fue conducido y protagonizado por el grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) (en español, Organismo de Liberación del Levante). El HTS es parte de la coalición militar Al Fatá al Mubin (La Gran Conquista) -creada en 2019- y que luego de un cambio de nombre, ahora se la conoce como Comando de Operaciones Militares. Además del HTS, la alianza está compuesta por otras organizaciones islamistas que gobiernan la provincia de Idlib.

Si bien el HTS es el grupo más importante, también han participado del derrocamiento de la dictadura de Al Assad, el Ejército Nacional Sirio, las milicias kurdas y otros grupos de carácter islamista, incluido el Estado Islámico.

El HTS tiene sus orígenes en el Frente al-Nusra, el antiguo brazo de Al-Qaeda en Siria. Su líder es Abu Mohamed al Jolani. Según el medio español Publico, Al Jolani se inició en la yihad en 2003 tras la invasión estadounidense en Irak, supuestamente para luchar contra el invasor. De hecho, fue arrestado por los americanos y pasó en total cinco años encerrado en diferentes cárceles iraquíes.

Al Jolani, fue desde el inicio de la guerra en 2011, el hombre de Al Qaeda en Siria. Fue en aquel año, que Abu Bakr al Bagdadi -quien fue luego el primer líder del Estado Islámico-, le encargó que estableciera una rama de Al Qaeda en Siria. De esta manera surgió el Frente al Nusra en 2012, que contaba con "miembros, dinero, armas y asesoramiento directamente de Al Qaeda", de acuerdo al Consejo de Seguridad de la ONU. En 2016 Al Jolani se alejó de Al Qaeda, disolvió el Frente al Nusra y creó el Frente de la Conquista del Levante, el cual al siguiente año pasó a llamarse HTS, al fusionarse con otros grupos.

Supuestamente, este camino emprendido por Al Jolani, es el resultado de la moderación de sus planteamientos, como asegura gran parte de la prensa occidental. Sin embargo, es probable que su intentó de desvincularse de sus raíces extremistas, solo se trate de una medida para posicionarse como un interlocutor válido para la comunidad internacional.

De todas maneras, todo esto no fue suficiente para Washington. Al Jolani y su organización siguieron siendo considerados terroristas por Estados Unidos (la incluyó en su lista de grupos terroristas en 2018) y por el Consejo de Seguridad de la ONU. Inclusive, Washington le puso precio a su cabeza en 2017: nada más ni nada menos que 10 millones de dólares. Recompensa todavía vigente, informa Publico. De hecho, en los primeros días del levantamiento, el gobierno de Biden expresó que Estados Unidos "no tiene nada que ver con esta ofensiva, dirigida por Hayat Tahrir al-Sham, organización designada terrorista".

Occidente acusa al líder del HTS -cuyo verdadero nombre es Ahmed al Sharaa (Al Jolani es su apelativo de guerra)- de cometer crímenes contra los derechos humanos en sus años de yihadismo, siendo parte de las atrocidades cometidas por los islamistas en el extenso conflicto sirio.

Pero ahora, Al Jolani y su HTS han logrado derrotar al enemigo común, y Estados Unidos parece dispuesto a olvidar su pasado. Algo fácil de hacer, teniendo en cuenta que han combatido en el mismo bando desde el principio de la guerra. Por lo tanto, ahora desde occidente se subraya la transformación del HTS que, pese a no abandonar su rigurosidad religiosa y a su voluntad de imponer por la fuerza su ley, parece haber abandonado la idea de la yihad global. Y a pesar de que hasta hace poco propugnaba la creación de un estado islámico en Siria y la aplicación de la sharía (la ley islámica), ahora, se afirma que solo pretende la creación de un califato islámico en su país.

Leila Nachawati cita para un artículo de Publico a un periodista sirio con amplia experiencia en las áreas controladas por el HTS, Fared Al Mahlool, quien afirma que: “Aunque HTS es de corte islámico, no es extremista en el sentido en que lo es ISIS. No imponen estrictas leyes religiosas sobre la población, como obligar a las mujeres a vestir de una forma específica”. Sin embargo, “han cometido abusos contra la población, como todas las facciones, aunque en los últimos años estos han disminuido".

Estas promesas de moderación, hacen recordar a las de los talibanes en el marco del acuerdo de paz firmado con EEUU, que le devolvió el poder a los integristas islámicos en Afganistán.

“Extrañamente moderados y conciliadores, aunque firmes en su defensa de la ley islámica”. De esta forma consignaba la BBC la actitud y el comportamiento de los representantes del gobierno talibán en su primera conferencia de prensa desde su vuelta al poder. “Va a haber una amnistía. No habrá ninguna venganza”, señaló en aquella oportunidad el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. “Hemos perdonado a todos los que han luchado contra nosotros en aras de la estabilidad y la paz en Afganistán. Han terminado las animosidades. No queremos enemigos externos o internos”, añadió.

En tanto que, sobre los derechos de las mujeres, Zabihullah Mujahid expresó: “Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien dentro de nuestro marco. Las mujeres van a ser muy activas dentro de nuestra sociedad”. Y cerró afirmando que, “hay una diferencia entre lo que somos ahora y lo que éramos hace 20 años (…) Ha habido un proceso de evolución”.

Tan solo tres días después, un informe confidencial de la ONU daba cuenta que los talibanes estaban llevando a cabo una cacería puerta a puerta de sus enemigos. En cuanto a las mujeres, a un año y medio de la vuelta al poder de los integristas, el medio ingles titulaba: “Afganistán no es un país, sino una jaula para las mujeres”.

En el caso del HTS, los hechos también parecen contradecir estas promesas. Según informa Publico, en febrero de este año, grupos de manifestantes salieron a las calles de algunas ciudades de Idlib pidiendo la caída de Al Jolani, protestas que continuaron durante algunos meses. La gente demandaba el fin de las violaciones de derechos humanos en las cárceles, reformas económicas para mejorar las malas condiciones de vida, así como el fin del monopolio del HTS en la toma de decisiones.

De acuerdo al medio español, las unidades de seguridad del HTS atacaron a los manifestantes con palos y gases lacrimógenos; a pesar de que al mismo tiempo -con el fin de contentar a la población-, emitieron un decreto de amnistía general para quienes cometieron delitos, pero hubieran mostrado buena conducta. El informe de septiembre de 2024 de la Comisión de Investigación sobre Siria (creada por la ONU), determinó que, luego las protestas, se llevaron a cabo campañas de arrestos contra miembros del propio HTS, grupos rivales, partidos políticos y civiles. Además, el informe aseguró que los detenidos fueron sometidos a tortura.

Es el HTS el que colocó a Mohamed al Bashir como nuevo primer ministro de la nación árabe. Éste será el encargado de formar un Gobierno de transición que se mantendrá en funciones durante tres meses. Así quedó establecido tras una sesión del Consejo de ministros, en la que se han traspasado los poderes del gabinete del anterior régimen a un nuevo Ejecutivo. Un encuentro que contó con la presencia del primer ministro de Al Assad, Mohamed Ghazi al Jalali. “Este encargo fue por parte del Mando General. Se nos ha encomendado llevar el Gobierno de Siria en funciones hasta 1 de marzo de 2025”, dijo Al Bashir.

Al Bashir es un hombre del HTS. Desde enero de este año fungía como presidente delGobierno de Salvación, la rama política y civil del grupo islamista, que se creó en Idlib, para gobernar la provincia del noroeste sirio, bastión opositor. Antes de eso, fue ministro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios bajo el que era entonces el cabecilla de esa Administración en Idlib, Ali Keda. Establecido en 2017, el Gobierno de Salvación organizó ministerios, departamentos, así como autoridades judiciales y de seguridad para administrar la zona. Al Bashir se encontraba al frente del gobierno cuando se reprimieron las mencionadas protestas de febrero.

 

 

¿QUÉ CAMBIÓ EN ESTA ELECCIÓN?

Los votos en blanco pasaron de 32.356 (1.32%) en la primera vuelta a 39.542 (1.62%) en el ballotage. En tanto que los votos anulados crecieron de 52.750 (2.15%) a 64.654 (2.65%). A su vez, la participación disminuyó levemente: desde los 2.443.801 (89.61%) en octubre a los 2.436.780 (89.35%) en noviembre. Lo que significa un incremento de 26.111 personas que decidieron no optar por ninguno de los candidatos entre ambas instancias.  

Sin embargo, este aumento no alcanza a cubrir a las 34.383 que en la primera vuelta habían votado únicamente por los plebiscitos; por lo que, cabría suponer, que 8.272 (un 24.05%) de estos, al final se decantaron por una de las dos fórmulas. Esto significa que, por primera vez desde que se implementó el ballotage, una parte de quienes no eligieron a ningún candidato en octubre, si lo hicieron en noviembre.  

Teniendo en cuenta que los blancos, anulados y la abstención mantuvo su tendencia histórica a aumentar entre ambas vueltas -y que es de suponer que quienes no los sedujo ninguno de los 11 candidatos iniciales, menos lo hicieran una de las dos fórmulas que pasaron al ballotage-, es altamente probable que estos 8.272 provengan de quienes al menos se manifestaron por algunas de las opciones que había en juego en estas elecciones (los plebiscitos).

Bajo esta misma lógica, todos los votos perdidos por la derecha habrían ido a parar al Frente Amplio, al igual que los de los partidos menores por fuera de este espectro. Lo cual también seria inédito. Si bien los votos perdidos por la derecha, así como los que conquistó el Frente provenientes de este espacio y del resto los partidos menores, se encuentran dentro de los rangos históricos; lo que nunca había pasado es que captaran, al mismo tiempo, el 100% de estos (a pesar de que en 2019 se habían acercado bastante).

En 1999 el FA consiguió entre el 94.38% y el 100% de estas agrupaciones menores. En tanto que habría sido capaz de recolectar entre un 77.23% y un 93.49% de los electores perdidos por la derecha entre octubre y noviembre (el resto engrosaría los votos blancos o nulos, o bien, se habría abstenido). En 2009 fue entre un 33.84% y un 100% en el primer caso; y entre un 28.88% y un 99.52% en el segundo. En 2014 entre un 20.24% y un 88.54%; y entre un 0% y un 100%. Mientras que en 2019, lo dicho, el Frente se habría hecho con entre el 95.79% y el 100% de los partidos menores; y entre el 97.49% y el 100% de los que votaron por uno de los partidos de derecha en primera vuelta pero decidieron no hacerlo por la formula Lacalle-Argimón.

Este año, la Coalición Republicana (más el Partido Por Los Cambios Necesarios y Avanzar Republicano) pasaron de 1.167.142 (47.76%) a 1.119.537 (45.94%), por lo que perdieron 47.605 votos. Esto significa que, como viene sucediendo desde que se implementó el ballotage, no pudieron retener a todo el electorado de derecha. En esta ocasión, la perdida fue del 4.07%. Algo que, no obstante, representa una mejora con respecto a las tres últimas elecciones, cuando habían perdido el 9.57% en 2019, un 7.95% en 2014 y 6.37% en 2009.

De hecho, es la menor sangría desde 1999, cuando tan solo se les escapó el 2.46% de los votos. Es decir, la Coalición no salvó a la derecha, pero si le sirvió para detener una tendencia creciente y contener de mejor manera a su electorado. A priori, parece claro que es un mecanismo útil para consolidar el espacio derechista. También para ampliarlo, ya que este año (47.55% y 45.94% en el ballotage) y en 2019 (54.05% y 48.07%) -año en que esta alianza ya existía de hecho y que, a pesar de que fue cuando más votos perdió, consiguió el gobierno- fueron los mejores resultados de la derecha en lo que va del siglo (salvo en la primera ronda de 2009, cuando alcanzaron el 46.09%). Por supuesto, que esto no le hará ganar las elecciones -siempre es la gestión el factor más determinante- pero la ayudará; tal como sucede con el Frente Amplio.

Parece que el aumentó en la oferta de partidos es clave para que la derecha pueda captar una parte más importante del espectro (3 en 1999, 4 en 2004, 2 en 2009 y 2014, 5 en 2019 y 7 en 2024), pero a la hora de retener los votos en una segunda vuelta, queda claro que las identidades partidarias todavía pesan y que todavía una pequeña minoría (decisiva, sin embargo, para ganar una elección) prefiere votar al FA que a otro partido de derecha.

Tampoco se puede soslayar que esta menor fuga de votos -al igual que en 1999- se da con los partidos tradicionales en el poder. En la próxima elección, se verá si fue este factor, y no la ampliación de partidos y el proceso de confluencia, el elemento más determinante para la retención de votos. Por último, en las elecciones del 99 fue la formula colorada la que pasó al ballotage; puede que los integrantes de este partido sean mas reacios a apoyar un candidato nacionalista, que en el caso inverso (algo que difícilmente se pueda comprobar en cinco años).  

El FA, por su parte, pasó de los 1.071.826 votos (43.85%) en octubre a los 1.212.833 (49.77%) con que ganó la segunda vuelta. Un incremento de 141.007. Para llegar a esta cifra, el Frente debió captar el 100% de los partidos menores por fuera del espacio derechista; es decir los 65.796 (2.69%) de Identidad Soberana, los 10.102 (0.41%) de Unidad Popular y los 9.281 votos (0.38%) del Partido Ecologista Radical Intransigente, los cuales suman 85.179. También la totalidad de los votos perdidos por la Coalición, los ya mencionados 47.605. Además de los 8.272 que no habían elegido a ningún candidato en la primera vuelta, pero si lo hicieron en el ballotage -los cuales, presumiblemente, provienen de los que solo votaron el plebiscito de la seguridad social en octubre-. Una sumatoria que da 141.056 votos.

 

 

 

 

 

 

¿LA UNIÓN SALVARÁ A LA DERECHA?

Este 27 de octubre, el Frente Amplio obtuvo 1.071.826 votos (43.85%). La Coalición Republicana, por su parte, se hizo con 1.162.050 (47.55%). Para la segunda vuelta, sería lógico que quienes apoyaron al resto de los partidos de derecha se sumen a Delgado: los 3.183 (0.12%) del Partido Por Los Cambios Necesarios y los 1.909 (0.08%) de Avanzar Republicano. Si bien siempre ha habido un trasiego de votos desde este espectro hacia el FA en segunda ronda, es razonable considerar que la Coalición cuenta a priori con 1.167.142 votos (47.76%) medianamente asegurados.

Si el Frente lograse captar los 65.796 (2.69%) de Identidad Soberana, los 10.102 (0.41%) de Unidad Popular y los 9.281 votos (0.38%) del Partido Ecologista Radical Intransigente; la suma sería de 1.157.005 (47.34%). Así y todo, lo deja 10.137 debajo de la Coalición. Por lo que la pregunta que se impone es ¿De donde va a sacar los votos para ganar el 24 de noviembre?

El Partido Nacional no tiene asegurado todo el electorado de sus socios. Desde 1999 para acá, la suma de todos los votos de la derecha de octubre no se repite en noviembre. En aquel año, colorados, blancos y la Unión Cívica obtuvieron 1.188.004 votos (el 53.88%) en primera ronda, en tanto que en el ballotage unos 1.158.708 (52.52%). Esto significa que un 2.46% (unos 29.296) del electorado de los partidos tradicionales (blancos y de la Unión Cívica en este caso) no acompañó a la formula Batlle-Hierro.

Por su parte y con un porcentaje de votos en blanco (de 22.430 en octubre a 64.043 en noviembre), anulados (22.240 y 21.469), hojas solo por el sí (12.840), mayor en el ballotage (2.9%, 64.043) que en la primera vuelta (2.84%, 57.513); 6.530 personas que eligieron un candidato en octubre no lo hicieron en noviembre. En primer lugar, esto da a suponer que quienes votaron solo por el plebiscito se abstuvieron de elegir por una de las dos opciones. En segundo lugar, que el aumento de participación del 91.70% al 91.84% (tan solo 1.228 personas) se comportó de la misma manera. Por tanto 5.503 personas que votaron al Partido Nacional, la Unión Cívica o al Nuevo Espacio (que sacó 4.44% en octubre) no lo hicieron por ninguna de las dos fórmulas.   

Entre la primera vuelta (861.202) y la segunda (981.778) el Frente ganó 120.576 votos; pasando de 39.09% a 44.50%. Si los 5.503 mas que en noviembre decidieron no elegir ninguna de las dos opciones fueron todos del Nuevo Espacio, esto significa que el Frente logró captar a 92.440 de los 97.943 votos de este partido, es decir, al 94.38%; en tanto que de la derecha algo así como 28.139, 1.188.004, un 2.3%. Pero si fueron los votantes de los partidos tradicionales quienes prefirieron no elegir a ninguno, el Frente habría logrado el 100% del electorado del Nuevo Espacio y 22.633 de blancos y la Unión Cívica, un 1.90%.

Las elecciones de 2004 cambiaron el escenario por completo. Los históricos partidos pasaron a sumar un 44.6% de los votos, 8.99% apoyos menos que cinco años atrás: una perdida del 15.81% de su electorado. Una parte (0.45%) pudo haber migrado a las nuevas formaciones derechistas, pero el restante 8.54% (el 14.24%), si se lo suma a lo logrado por el FA y el Nuevo Espacio en la primera vuelta de 1999 (restándole el 1.84% que formó el Partido Independiente cuando el NE se incorporó al FA) da 50.2%, casi exactamente el 50.45% logrado por el Frente Amplio en 2004. Reduciendo las posibilidades de que se hayan abstenido, ya que la baja de 2.08% de la participación (89.62%) parece responder a los 85.656 habilitados más, de los cuales 24.727 decidieron votar y 60.929 no acudir a los comicios (la abstención aumentó en 58.856 personas). En tanto que los blancos y nulos (2.35%) se mantuvieron casi igual -0.26% menos- que en 1999.

En 2009 el FA obtiene 1.105.262 votos en la primera vuelta, una pérdida de 19.499, pasando a representar al 47.96% de la población. Los Partidos tradicionales alcanzaron el 1.062.249 (46.09%) de votos, recuperando 66.474 de los que habían perdido cinco años antes. En la segunda vuelta el FA logra 1.197.638 (52.39%), unos 92.376 votos más. En tanto que la formula encabezada por Lacalle se hizo de 994.510 (43.51%), perdiendo 67.739 votos con respecto a la primera vuelta, una cifra muy parecida a los 66.474 que habían recuperado con respecto a 2004.

En noviembre, los blancos y anulados pasaron a 53.100 personas (2.32%) y 40.103 (1.75%), respectivamente; unos 93.203 (4.07%) en total, es decir 29.015 (1.28%) más que en octubre. Esto hace suponer que ninguno de los 14.410 que en primera rueda votaron solo por los plebiscitos, habrían optado por uno de los dos candidatos. En tanto que la participación también bajó de 2.304.686 a 2.285.958, quedando en 89.18%, unos 18.728 electores menos.

Suponiendo que todos los votos que los partidos tradicionales (en este caso del Partido Colorado) perdieron entre las dos vueltas, fueron al Frente Amplio, esto significa que el 6.37% de su electorado migró al FA. En todo caso, este es el porcentaje que no pudo retener, independiente de si fueron al FA o no optaron por ninguna candidatura. Esta hipótesis puede sostenerse en que los 67.739 votos perdidos con respecto a la primera vuelta, son los 66.474 que habían recuperado con respecto a 2004, un segmento volátil que habría estado dispuesto a votar por los colorados, mas no por los blancos. En función de esta lógica, todos los votantes del Partido Independiente y de Asamblea Popular habrían pasado a formar parte de los 47.784 que incrementaron el voto blanco, nulo, o no participaron (la cuenta da 48.151). Todos menos los 24.637 que optaron por Mujica para completar los 92.376 votos que ganó dicha formula en segunda vuelta; es decir, un 33.84% de su electorado.

Por el contrario, si todos los votantes del Partido Independiente y de Asamblea Popular (72.788 votos, un 3.16% entre los dos) pasaron al FA, tan solo 19.588 de los partidos tradicionales (colorados) hubiera respaldado a Mujica; una cifra muy parecida a la perdida por el Frente en primera ronda con respecto a 2004. Esto significaría que un 1.84% de su electorado (colorado) prefirió respaldar a Mujica en vez de a Lacalle. Un escenario más realista que el anterior, aunque se podría especular que un hipotético 1.06% o 2% que se habría mudado del FA al Partido Independiente y Asamblea Popular entre 2004 y 2009, hubiera regresado a sus filas para el ballotage -un 0.65% de cada partido (14.973 o 26.10% del PI y 10.028 o 97% de Asamblea Popular)-, aproximadamente 25.001, un 34.37% de quienes los votaron en primera vuelta. Esto dejaría a 67.375 colorados votando a la formula Mujica-Astori, un 6.34% de sus votantes.

 En 2014 el Frente consigue 1.134.187 votos, un aumento de 28.925 (pese a captar un poco menos que cinco años atrás, 47.81%). Los partidos tradicionales, por su parte, se hicieron de 1.038.300 (43.77%), 23.949 o 2.32% menos. En la segunda vuelta el FA (1.241.568 o 53.48%) ganó 107.381; en tanto que la derecha (955.741 o 41.17%) otra vez perdió unos 82.559, es decir un 7.95% de su electorado. Aunque improbable, si todos estos votos fueron para el FA, se necesitarían tan solo 24.822 de los 121.301 que eligieron a uno de los partidos menores para completar el caudal que el FA ganó en el ballotage; un 20.46%. Por lo que el resto (96.479) coincidiría con quienes en la segunda vuelta (a diferencia de la primera) no optaron por ninguna de las dos fórmulas. 

Entre votos en blanco (27.605, un 1.16%), anulados (33.419, un 1.41%) y quienes votaron solo por el plebiscito (17.083, un 0.72%) sumaron 78.107. En la segunda vuelta estos números escalaron a 63.591 (2.74%) en el primer caso y 60.042 (2.59%) en el segundo, unos 123.633; es decir, unos 45.526 más. La abstención también creció en 50.742 personas (de 90.51% a 88.58% la participación). Por lo que 96.268 que habían votado a algún candidato en octubre, no aceptaron hacerlo por ninguno en noviembre.

En tanto que, en el caso contrario, si todos los votos ganados por el FA en segunda vuelta hubieran correspondido a votantes de estos partidos menores, Mujica-Astori habría recolectado el 88.54% de este segmento y un 0% de los partidos tradicionales. El resto (13.920) se sumarian a los votos perdidos por colorados y blancos que íntegramente habrían decidido no votar a ninguno de los dos (96.479).

En 2019 el FA obtuvo 949.376 votos (39.01%), 184.811 menos que en 2014. Los dos partidos tradicionales alcanzaron los 996.629 (40.95%), una pérdida de 41.671. En la segunda vuelta el Frente logró 1.152.271 (47.35%), unos 202.895 más (muy parecido a los votos perdidos en octubre). En tanto que la nueva alianza derechista que incluía a blancos y colorados, pero también al Partido Independiente (0.97% y 23.580 votos), Partido de la Gente (1.08% y 26.313) y Cabildo Abierto (11.04% y 268.736), logró en octubre 1.315.258 (54.05%); por lo que perdieron 125.945 votos propios, un 9.57% de su electorado.  

Teniendo en cuenta que, en octubre, los blancos (43.597, un 1.73%) y anulados (44.597, un 1.83%) sumaron 88.194. En la segunda vuelta fueron 38.024 (1.56%) y 53.193 (2.19%), respectivamente. Además, la participación se mantuvo estable (de 90.13% a 90.12%), bajando tan solo en 168 personas. Por lo que, quienes decidieron no apoyar ninguna de las fórmulas en noviembre fueron 91.385, 3.191 más que en octubre.

Todos estos votos perdidos por la derecha fueron a parar al Frente. En tanto que los 76.950 restantes para completar los cosechados en noviembre, parecen coincidir exactamente con los 80.331 del resto de los partidos menores - Unidad Popular (19.728, un 0.81%), Partido de los Trabajadores (1.387 y 0.06%), PERI (33.461 y 1.38%), Partido Verde Animalista (19.392 y 0.80%), Partido Digital (6.363, un 0.26%); que si se le restan los 3.191 que decidieron no acompañar a ninguna de las formulas da como resultado 77.140. Esto significa que el FA, logró captar al 95.79% de estas agrupaciones. En tanto que, si se hubiese quedado con el 100% de estos partidos, en vez de haber acaparado todos los votos de la coalición de derecha, se habría hecho con 122.754, un 9.33%.

La derecha ha perdido en las últimas tres elecciones entre un 6.37% y un 9.57% de los votos conseguidos en octubre. Cabria esperar que esta sangría disminuya al estar consolidada la coalición de gobierno, sin embargo, en 2019 esta ya estaba conformada de hecho, y fue cuando perdieron el caudal mas grande. Por lo tanto, la derecha perdería en noviembre entre 74.346 y 111.695. Lo que la dejaría en 1.055.447 o en 1.092.796 votos en el ballotage. Suponiendo que perdiese solo un 2.46% de su electorado -como sucedió en 1999-, quedaría en 1.138.430.

Históricamente, el FA no acapara todos estos votos, pero es posible que si lo haga con entre el 1.84% y el 9.57% de este electorado. Para el primer caso alcanzaría 1.093.301 y en el segundo 1.183.521. Por su parte, si la formula Orsi-Cosse lograse el 100% de los partidos menores que no son de derecha, alcanzaría los 1.157.005. Por los antecedentes, este escenario no se puede descartar, pero quizás sería más realista considerar un piso de 20.46%/30.84% y un máximo de 88.54%. En el primer caso llegaría a los 1.089.253 votos y en el segundo 1.147.243.

A priori el Frente Amplio solo contaría con estos votos para imponerse en el ballotage, teniendo en cuenta que de 1999 para acá los blancos y anulados (este año fueron 3.48%) aumentan entre octubre y noviembre; y quienes en primera ronda solo se manifiestan por los plebiscitos (1.41% en el de este año) no eligen a ninguno de los candidatos de la segunda ronda. De la participación también se puede decir lo mismo, ya que siempre baja un poco.

El piso mínimo de votos de la derecha en noviembre debería ser de 1.055.447; en cuyo caso el FA sin sumar adhesiones, solo con lo logrado en la primera vuelta (1.071.826) ya ganaría. Este escenario es poco probable y habría que descartarlo. Por su parte, si la candidatura de Delgado obtuviese 1.092.796 votos en el ballotage, al Frente le alcanzaría para ganar solo sumando el piso de votos que históricamente ha conquistado a costa de la derecha y de los partidos menores, ya que alcanzaría los 1.110.728.

Parecería imposible que la Coalición obtuviese mas de 1.138.430, es decir, por los antecedentes, no hay forma de que no pierda como mínimo al 2.46% de la suma total de los partidos derechistas. En este caso, el Frente debería alcanzar el máximo posible de los otros partidos no de derecha (unos 1.147.243), y solo podría aspirar a rescatar 21.475 votos de la derecha (su piso mínimo, el 1.84% de su electorado).

Lo cierto es que, por los antecedentes históricos, al FA le debería alcanzar para imponerse en segunda vuelta; pero ahora la derecha se encuentra formalmente unida en una sola coalición, por lo que este novedoso escenario puede hacer desbaratar estos presupuestos.

LA DERECHIZACION DEL FRENTE AMPLIO

La derechización del Frente Amplio no comenzó este año. La moderación se inició lentamente en la primera mitad de los noventa, y se fue consolidando con la alianza con el Encuentro Progresista en 1994 y con el proceso de actualización ideológica de 1997. De esa manera, despareció del discurso toda alusión al socialismo, la revolución, la lucha de clases, la dictadura del proletariado; y se suprimieron de su programa la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la estatización de la banca, el rechazo de la deuda externa y de los organismos financieros internacionales.  

El Frente pasó de una agenda rupturista, a promover una política de acuerdos sociales, de reformas graduales; con el objetivo (no declarado, pero poco velado) de administrar una economía capitalista, de mercado, pero con equidad. El gobierno municipal en Montevideo a partir de 1990 ya había dado una muestra de la nueva impronta: incorporación de las tercerizaciones y acuerdos con el empresariado vinculado a los servicios urbanos. El giro liberal fue público y notorio, y a la vista de todos los militantes frenteamplistas.

Esta transformación fue confirmada por los 15 años del conglomerado en el poder. Es que por más que ni en los principios rectores de la propia fuerza política -ni mucho menos en su programa de gobierno- figurase el objetivo de alcanzar el socialismo; el Frente si se definió siempre como un Partido anti oligárquico, representante de los intereses de los trabajadores, que se proponía la superación del capitalismo para construir una sociedad más justa. Además, independiente del indisimulado giro a la derecha, el FA gana las elecciones de 2004 con una consigna inequívoca y cuasi revolucionaria para los tiempos que corren: la redistribución de la riqueza. 

Nada de esto sucedió en el tiempo que permanecieron en el Ejecutivo. No hubo una sola reforma estructural del sistema económico, ni se tocó jamás los intereses del Capital. Lo que sí hizo el FA, fue subir los sueldos y reducir los niveles de pobreza; algo que sin lugar a dudas le cambió la vida a muchos uruguayos, pero que duró menos de 15 años. Es que cuando el ciclo virtuoso de precios de las materias primas -que había propiciado el crecimiento del PBI- se revirtió, el FA -como cualquier partido de derecha- decretó el ajuste y los ingresos de los trabajadores dejaron de subir y la pobreza dejo de bajar.

En 2004 el 39.9% de la población estaba en la pobreza. Al finalizar el primer quinquenio de Tabaré Vázquez, disminuyó al 21%. En el periodo presidido por Mujica, se redujo hasta el 9.7%. Mientras que en la última administración frenteamplista, bajó al 8.8% de la población. Sin embargo, no solo la reducción es mínima, sino que entre 2014 y 2016 la pobreza se estancó –permaneciendo en 9.7% los dos primeros años, para bajar 3 décimas en 2016-. Y pese a que al año siguiente pasó a 7.9%, subió los siguientes dos años.

En junio de 2015, por primera vez en una administración frenteamplista, se desindexan los salarios de la inflación. El salario real creció un 26,9% en el primer periodo de Vázquez. En tanto que con Mujica aumentó 19,1%. En el tercer periodo frenteamplista el alza fue tan solo de un 7%. 2019 fue el primer y único año donde los trabajadores perdieron poder adquisitivo en los quince años de gobiernos del Frente Amplio, un 0.27%.

La derechización del FA en esta ultima contienda electoral, pese a su excepcionalidad, no ha sido un quiebre, sino una continuidad. En el 2004, pese a la ya mencionada derechización consumada de su dirigencia (incluidas las nuevas alianzas con sectores de la derecha), la izquierda llegó al poder con el clamor del que se vayan todos y con la esperanza de transformar para siempre el país: la gente voto al Frente no por su moderación o su acercamiento a la derecha, sino para que cambien de verdad las cosas, que era lo que prometía desde su fundación y con lo que había acumulado fuerza política desde entonces.

En 2009 la situación ya cambia notoriamente. Tras la elección de Mujica en la interna, y ante la expectativa de un giro a la izquierda, rápidamente se hizo saber que la economía seguiría siendo manejada por el astorismo, instalándose la idea de que el equipo del ministro controlaría la gestión del (supuesto) sector radical del Frente Amplio.  

Cinco años más tarde y con la vuelta de Tabaré Vázquez, el Frente se consolidaba como un Partido tradicional más, reclamando el voto de la gente en función de la previsibilidad que su experiencia en el gobierno garantizaba, en contraposición del salto al vacío que representaba la candidatura del joven Lacalle Pou. En la campaña no hubo rastro alguno de ninguna de las reivindicaciones históricas de la izquierda uruguaya, en su lugar, apareció el Sistema de Cuidados (el llamado a ser el buque insignia del tercer gobierno frenteamplista, aunque ni siquiera estaba planificado que se implementase de manera sustancial en ese periodo) y la mencionada propuesta de desindexar los salarios de la inflación, del por entonces ministro de Economía, Mario Bergara.

Al final, el temor al regreso de la derecha, le dio la victoria al FA en 2014. Sin embargo, ya no fue suficiente para retener el gobierno en la siguiente contienda. Daniel Martínez repitió la estrategia despolitizadora y desidiologizadora llevada a cabo por Vázquez cinco años atrás; inclusive, yendo más allá, cuando reconoció públicamente que no necesariamente cumpliría con el programa de gobierno del FA, elemento fundamental de la agrupación, y último bastión de la izquierda frenteamplista, dado el peso que tienen las bases militantes en su confección. Claro que no se perdió por el pésimo candidato presentado, sino por los ya mencionados magros resultados del gobierno de Vázquez.

Finalizado el boom de las materias primas, el FA debió decidir si ante el menor crecimiento económico se metía con la renta empresarial para continuar aumentando los ingresos de los trabajadores, o si cortaba con esta política para resguardar los intereses del capital. Sin dudarlo, se inclinaron por esta ultima opción.

De esta manera se llegó a las elecciones de este año. Si bien existe una continuidad en las tácticas empleadas en las campañas anteriores, hay un quiebre fundamental, que es la derechización desembozada del FA. Es cierto que esto fue lo que ocurrió en su último periodo al frente del Ejecutivo; pero no se había dado en momentos de recabar el voto de la ciudadanía. Anteriormente, en estas instancias se buscaba ganar el centro, moderando el discurso, pero ocultando su agenda liberal, más lesiva para su electorado.

Pero en esta elección el Frente ha transparentado sin complejos su proyecto abiertamente anti obrero, posicionándose en contra del plebiscito de la seguridad social y apoyando la desindexaciónsalarial (esta vez de manera pública y en plena campaña, y no como hizo Bergara, en una Comisión del Parlamento). Sacando a relucir lo que antes se empeñaban en esconder, no resulta difícil hacerse una idea de para quién gobernará el Frente Amplio. Y si quedaba alguna duda, la designación de Oddone como ministro de Economía, las despeja por completo. El miembro de la Consultora CPA Ferrere, es un representante orgánico del capital uruguayo.

No se trata de negar que entre los dos candidatos del Ballotage el representante del FA sea la mejor opción que tienen los trabajadores, tampoco de esconder el hecho de que si el país vuelve a crecer a tasas medianamente altas, un cuarto mandato del FA reparta las migajas que sobran entre los más desfavorecidos (como hizo en los anteriores); pero si tienen que quedar claro que la coalición de izquierda no solo no es la defensora de los intereses de la clase trabajadora, sino que gran parte de su proyecto político atenta directamente contra ella.

Es una vergüenza y una afrenta para la izquierda la candidatura de Orsi. Una persona con un discurso absolutamente vaciado de contenido político e ideológico. Un demagogo. Algo esperable del mujiquismo. Lo que no es aceptable es que desde la izquierda frenteamplista surja la opción de Carolina Cosse, a quien le cabe lo mismo que se puede decir de Orsi (incluso, también surgió del MPP).

La intendenta de Montevideo no camparte ninguna de las propuestas que estos sectores podrían llegar a representar; su hipócrita y mentirosa postura sobre el plebiscito así lo demuestra. Su candidatura solo se entiende por la renuncia de la izquierda a dar la pelea en la interna del FA y por un calculo electoralista, marketinero, de imagen pública; con el único objetivo de ganar una elección. Y eso es en lo que parece haberse convertido el FA definitivamente: en un partido que solo le interesa el poder, y que trata de conseguirlo de la manera que sea. Es la profesionalización de la política, la conquista del Estado como fin en si mismo y no para mejorarle la vida a la gente.

Quizás existan argumentos para negar que el Frente Amplio ya se haya convertido en lo mismo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos o los partidos socialistas europeos, lo que si es irrefutable es que hay claros indicios de que hacia allá se dirige. Cabe preguntarse, entonces, que tan provechoso puede llegar a ser para el pueblo uruguayo y para la izquierda avalar esta reafirmación derechista del FA votando por Orsi en el ballotage. A mediano y a largo plazo, al mirar lo que sucede hoy en día en el hemisferio norte, los resultados son catastróficos. Ciertamente, en el corto plazo puede haber un margen para la duda; aunque lo que sucedió en Argentina con la elección de Alberto Fernández y todo lo que vino después no resulta muy alentador. La izquierda uruguaya no debería olvidarse de este ejemplo (tan cercano) sobre lo que implica el voto útil o votar al menos peor.   

 

LA DERECHA Y LA DICTADURA

 

La derecha uruguaya, al igual que las derechas de todo el mundo, no es demócrata. El Partido Colorado y el Partido Nacional apoyaron y apoyan lo hecho por la ultima dictadura militar. Contrariamente a lo sostenido desde 1973 hasta acá, como organización, nunca combatieron a los militares; la resistencia seria y activa solo corrió por cuenta de una minoría.

Para empezar, ambos partidos aportaron jefes de Estado al régimen. Juan María Bordaberry y Alberto Demicheli por el lado de los colorados, y Aparicio Méndez por el de los blancos, encabezaron el gobierno dictatorial hasta septiembre de 1981.  

Lo cierto es que los máximos representantes de la derecha uruguaya se dividieron entre quienes apoyaban sin ambages la intervención de los militares y quienes públicamente la rechazaban. No es difícil cuantificar aproximadamente estos posicionamientos.  

El plebiscito de 1980 para establecer una nueva constitución fue rechazado por el 57,21%, pero respaldado por un 42,79%. El respaldo al proyecto de la dictadura es menor a este porcentaje, teniendo en cuenta que un 13,13% decidió no participar de la votación. No obstante, el apoyo recabado no es menor: un 36,35% entre todos los habilitados a votar.

En filas coloradas, el batllismo -encabezado por Jorge Batlle, Enrique Tarigo y Julio María Sanguinetti- se posicionó a favor del NO; mientras que el pachequismo apoyó la propuesta militar. En tanto que en las huestes nacionalistas, el wilsonismo -representado por el Movimiento Nacional de Rocha y Por la Patria- y los sectores herreristas de Jorge Silveira Zabala y Luis Alberto Lacalle apoyaron el NO; por su parte, el resto del herrerismo, los dirigidos por Alberto Gallinal, Carlos Garat, Arturo Heber y Nicolás Storace respaldaron el SI.

En 1982 el régimen organizó elecciones internas en los tres partidos de la derecha (Colorado, Nacional y Unión Cívica). En el Partido Nacional, aproximadamente el 82% de su electorado eligió a las fracciones opositoras a la dictadura (las wilsonistas Por la Patria y Movimiento Nacional de Rocha; Divisa Blanca y Consejo Nacional Herrerista, las principales); mientras que, en el Partido Colorado, estas obtienen cerca del 71% (los sectores Libertad y Cambio de Enrique Tarigo, y Unidad y Reforma de Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti). En total, las listas afines al régimen lograron algo así como el 23% del electorado. Con una participación del 60%, la dictadura tan solo cosechó un 13% de adhesiones entre todos los habilitados para votar.

En 1984 en las elecciones presidenciales que marcaron el fin de la dictadura las listas que apoyaron a los militares obtuvieron un 14,28% de los votos de los partidos tradicionales (un 23,63% en el Partido Colorado y un magro 3,27% en el Partido Nacional). Un 9,34% de todos los habilitados a sufragar apoyaron las listas afines al régimen.

En vistas al total respaldo y protección que la derecha ha brindado a las fuerzas armadas luego de que estas devolvieran el poder, la perdida de apoyos de la dictadura dentro de los partidos tradicionales, debe ser adjudicada más a la empobrecedora política económica del régimen, que a las convicciones democráticas de blancos y colorados. De hecho, el porcentaje de quienes defienden el legado de los militares volverá a crecer dentro de esos partidos a medida que su electorado mas de centro emigre al Frente Amplio, y a partir de que los sectores que se habían manifestado contrarios al régimen dentro de estas organizaciones pasaran a asumir una acérrima defensa de la dictadura.

Es que inmediatamente que los militares devolvieron el poder, quienes en la derecha decían combatirlos, pasaron a protegerlos. Tal fue el caso de la aprobación de la Ley de Caducidad, pergeñada y aprobada en el Parlamento por estos sectores. La norma fue propuesta por el gobierno de Sanguinetti y aprobada por ambas cámaras los días 21 y 22 de diciembre de 1986, fecha en que la Justicia había citado a declarar a los primeros militares.

La ley fue votada por todos los senadores colorados -incluido el vicepresidente de la República, Enrique Tarigo- y por 8 de los 11 representantes del Partido Nacional. En tanto que, en la cámara de diputados, la norma fue votada por todos los colorados -con la única excepción de Víctor Vaillant- y por 20 de los 33 nacionalistas. Dentro de las filas blancas la impunidad fue respaldada por el herrerismo opositor a la dictadura y por su sector mayoritario, Por la Patria, liderado por Wilson Ferreira Aldunate; solo El Movimiento Nacional de Rocha, de Carlos Julio Pereyra, se opuso a la ley.

Pero no fueron solos sus lideres, el electorado de derecha también se volcó a respaldar esta conversión, ratificando la impunidad contra los criminales de Estado en el referéndum de 1989 para la revocación de la ley. El 56,29% votó por mantener la norma frente a un 41,55% que apoyó su derogación. No todo el electorado de la derecha voto a favor de la impunidad. Si se tiene en cuenta que en las elecciones presidenciales de ese año blancos y colorados obtuvieron un 69,16% conjunto, y que las candidaturas del Frente Amplio y de Hugo Batalla sumaron 30,24%; se puede considerar que hasta un máximo del 20% del electorado de los partidos tradicionales se negó a apoyar la impunidad que sus lideres le regalaron a los golpistas.

También puede llegar a afirmarse, que esta mínima disidencia dentro de la derecha se extinguió -o por lo menos continuó reduciéndose- al constatar que el nuevo intento por derogar la Ley de Caducidad (20 años después), cosechó un 47,36% de los votos, coincidentes con los 47,96% que alcanzó el FA en la primera vuelta de aquel año; por lo que, con seguridad, solo la izquierda voto en contra de la impunidad. De hecho, solo este espacio hizo campaña para su revocación.

Pero los dirigentes colorados y blancos (y su militancia) no solo trabajaron incansablemente para mantener a los militares lejos de cárceles y juzgados, sino que protegieron y salvaguardaron todos sus privilegios. Fue así como a quienes habían atentado contra la democracia y la constitución, quienes habían encarcelado, torturado, asesinado y desaparecido uruguayos, los partidos Nacional y Colorado los premiaron manteniéndoles sus altos salarios y suntuosas jubilaciones.

Ninguno de los partidos tradicionales renegó de su electorado pro dictadura, sino que continúo representándolo con dirigentes que habían respaldado el golpe de Estado, desde Pacheco Areco hasta el hijo del dictador Bordaberry. El General del régimen, Hugo Medina, fue Comandante en Jefe del Ejército y luego ministro de Defensa del primer gobierno de Sanguinetti. Quien se desempeñó como canciller entre junio de 1973 y diciembre de 1976, Juan Carlos Blanco, fue senador por el pachequismo, entre 1990 y 1995.

Cuatro integrantes del Consejo de Estado de la dictadura (de un total de 113), fueron legisladores por el Partido Colorado: Pedro Cersósimo entre 1985 y 1990, Wilson Craviotto en el periodo siguiente, Pablo Millor entre 1985 y 2005 y Walter Belvisi desde 1990 al 1995 (además de Intendente de Paysandú entre 1985 y 1990.

Sin la misma preponderancia, lo mismo sucedió con los blancos. Arturo Heber Füllgraff, que apoyó el SI en el plebiscito de 1980, fue legislador desde 1990 a 2005. Otro que apoyo la reforma constitucional de la dictadura fue Nicolás Storace, congresista entre 1990 y el 2000. Mismo caso que el de Carlos Garat, quien se desempeñó como senador desde 1985 a 2005. Por su parte, Domingo Burgueño Miguel, integrante del Consejo de Estado, estuvo dos períodos consecutivos (1990-1998) en la Intendencia de Maldonado por el Partido Nacional.

El compromiso de la derecha uruguaya con los terroristas de Estado llegó hasta el punto de rescribir la historia para justificar el quiebre democrático y las violaciones a los derechos humanos. Desde que retomaron el gobierno, blancos y colorados insisten con que los militares dieron el golpe para salvar las instituciones republicanas de la subversión izquierdista. De este modo, la culpa pasa a recaer en la guerrilla tupamara, mientras que al Ejército solo se lo hace responsables de querer perpetuarse en el poder y de cometer ciertos excesos en la represión.   

La falacia de esta explicación, no solo equipara el accionar de un grupo insurgente con toda la maquinaria del Estado uruguayo, sino que omite que los tupamaros ya habían sido derrotados en 1972, y que el objetivo de los militares era el exterminio de la izquierda en general, como demuestra la filiación partidaria de sus victimas y la proscripción del Frente Amplio. Estas no son las únicas mentiras que colorados y blancos vienen repitiendo hace décadas para proteger a los golpistas. La insistencia con la teoría de que las Fuerzas Armadas no poseen informaciónsobre los desaparecidos o que los cuerpos de estos fueron desenterrados y cremados, ha sido parte fundamental de los esfuerzos para no buscar el paradero de estos.         

Esta acérrima defensa se debe a las coincidencias fundamentales entre el proyecto político de la dictadura y el de los partidos tradicionales. Independiente de las formas y las maneras -de la conveniencia de hacerlo dentro de los marcos legales o por medio de un régimen autoritario- el combate a la izquierda siempre aunará a fascistas y liberales.

El otro punto en común es la economía. La política económica es la base de todo proyecto político. La dictadura vino a consolidar (o a terminar de hacerlo) una restructura de la economía uruguaya que ya había comenzado años antes. La liberalización económica, la liquidación de la pequeña industria uruguaya en pos de una total primarización de su producción, volcada exclusivamente a la exportación de materias primas y abierto a las importaciones. La transformación del Uruguay en una plaza financiera. Este era el mismo programa que tenían los partidos tradicionales, y que no modificaron en los más mínimo en su retorno al poder. La defensa de este modelo es la razón fundamental de la alianza con los militares de los sectores que decían oponerse a ellos.

El verdadero problema de los blancos y colorados con los militares era que estos querían quedarse con el poder político. El proyecto de la dictadura buscaba quitarle la conducción del Estado a los partidos, y someterlos al control de las fuerzas armadas. Este nuevo orden era, precisamente, el que se proponía construir la reforma constitucional de 1980. Su disputa con el régimen era por su supervivencia como clase dirigente, encargada de comandar los destinos del país. Los militares se propusieron arrebatarles el poder a los políticos, algo que colorados y blancos no podían permitir, independiente de las coincidencias ideológicas y las formas de conducir el Uruguay. Fue una disputa que prontamente se volvió personal, con proscripciones, exilio, persecución y hasta asesinatos. En 1978, Carlos Julio Pereyra, Luis Alberto Lacalle y Mario Heber recibieron vinos envenenados. Pereyra y Lacalle no los llegaron a beber, pero sí lo hizo la esposa de Heber, Cecilia Fontana, quien falleció.

La alianza establecida entre los sectores que se posicionaron como oposición y los militares, una vez que estos devolvieron el poder a la clase política, demuestra la coincidencia de la mayor parte de la derecha con el proyecto de la dictadura, y que el único diferendo era quien encabezaría su conducción.