LOS ANTECEDENTES QUE COMPLICAN AL PSUV (I)
El chavismo siempre se mostró orgulloso de sus credenciales
democráticas. Ante las acusaciones de fraude y autoritarismo que la oposición
(venezolana e internacional) levantó desde que Chávez ganó su primera elección;
respondían con que ningún país del mundo había celebrado tantas elecciones como
en Venezuela, y que sus victorias, en la inmensa mayoría de estas, habían sido certificadas
por uno de los mejores sistemas de votación del mundo. Además, en las pocas ocasiones
que les había tocado perder, habían reconocido la derrota sin problema. Todo esto
era cierto; sin embargo, dejó de serlo en 2015.
El 6 de diciembre de aquel año, el país caribeño celebró elecciones
parlamentarias para renovar todos los escaños de su Asamblea Nacional. A
diferencia de las votaciones anteriores, en la noche de aquel domingo, los
resultados venían demorados, era una situación extraña. Finalmente, tarde en la
madrugada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena,
se presentó ante la prensa con el primer boletín de resultados (a las 00:30,
más de 6 horas luego del cierre de las urnas). Lucena confirmaba las sospechas
sobre los motivos de la espera: luego de la sufrida en el referéndum de 2007,
el oficialismo era derrotado por segunda vez en las urnas.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se hizo con el 56,21%
de las preferencias del electorado, cosechando 7.728.025 de votos. En tanto que
la coalición oficialista alcanzaba los 5.625.248, un 40,92%. La derecha le
sacaba así el control del parlamento, apoderándose de 112 de los 167 escaños. Pese
a que en un primer momento el PSUV aceptó los resultados, a los pocos días
comenzó a moverse para desconocerlos.
Se acusó a la oposición de fraude por medio de la compra de
votos, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la
gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de
personas para votar por los candidatos opositores.
Semanas después el gobierno de Maduro presentó al Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) 7 denuncias de impugnaciones sobre un total de 8 diputados electos para
representar a los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy. Solo una de estas fue
aceptada como procedente. El TSJ ordenó la suspensión de los actos de
totalización de votos y proclamación de resultados en todos los circuitos del
estado Amazonas, afectando a tres diputados electos por la MUD (uno de ellos de
la representación indígena por la región sur) y a un diputado del PSUV.
Rápidamente, el 30 de diciembre de 2015, el TSJ prohibió la
juramentación de los representantes de Amazonas.
La suspensión de los tres representantes de la MUD buscaba arrebatarle la
mayoría absoluta en la Asamblea (dos tercios de los diputados), la cual le
otorgaba generosos poderes, como la de derogar o reformar leyes orgánicas.
También habilitaba a la derecha a convocar una Asamblea Constituyente, la cual
le permitiría forzar nuevas elecciones presidenciales y renovar las autoridades
de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, en manos del chavismo.
Pese a la orden del TSJ, el 6 de enero de 2016 -un día después
de que asumieran los 163 de los 167 parlamentarios-, antes del inicio de la
primera sesión ordinaria, la derecha procedió a la juramentación de sus 3 diputados,
lo que llevó al Tribunal a declarar en desacato al Congreso y declarar nulas
todas sus actuaciones. Unos días después, los diputados en cuestión decidieron
desincorporarse para revertir la condición de desacato impuesta, decisión
aprobada por el Parlamento y notificada al TSJ el 13 de enero. Sin embargo, la
sentencia no fue modificada.
La conocida como sentencia 156, emitida el miércoles 29 de
marzo de 2017 por el TSJ, ratificaba lo ya dispuesto, y establecía que, “mientras
persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la
Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias
parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que
ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Tras las protestas generadas por la disolución de facto del
parlamente y, para intentar darle un marco de legalidad a semejante deriva
antidemocrática, el 1 de mayo de 2017 el gobierno de Nicolas Maduro convocó una
Asamblea Nacional Constituyente, la cual asumiría las competencias del
legislativo controlado por la derecha. La elección se llevó a cabo el 30 de
julio, únicamente con candidatos del oficialismo, ya que, obviamente, la
oposición no se presentó.
El primer boletín de resultados emitido por el CNE, informó una
participaron de 8.089.320 de venezolanos, un 41,53 % del padrón electoral. Al
mismo tiempo, la derecha entregaba cifras distintas. La MUD informó que votaron
2.483.073, alrededor del 12,4% del padrón electoral; y desde la agencia de
noticias Reuters, aseguraron que -según documentos internos del CNE en su poder-
el total era de 3.720.465 votos, un 18%.
Los más de 8 millones de votos anunciados por las autoridades electorales generaron
suspicacia. Eran justo los que precisaba el gobierno de Maduro para superar los
más de 7,6 millones de votos con los que habría contado el plebiscito no
oficial -organizado dos semanas antes por la derecha- en rechazo a la
iniciativa constituyente.
Al igual que lo que sucedió este año, en 2017 tampoco aparecían las actas de votación; el CNE no presentó el detalle del escrutinio.
El primero de agosto, Luis Emilio Rondón, uno de los rectores del CNE de la época,
denunció que no podía confiar en cifras “burdas de un proceso que no contó con
los controles que se han incluido en los demás comicios”. Rondón exigía que se
publicara “no solo el resultado final de participación y el nombre de quienes
resultaron adjudicados como ganadores, sino que deben presentar las actas de
escrutinio con el total de votos por cada mesa y los votos obtenidos de cada
candidato”. Además, expresaba que, “no puedo tener confianza en cifra alguna
que haya surgido de un proceso que no contó con todos los controles que se han
dado a lo largo de estos años para generar confianza en los comicios que se
llevan a cabo en Venezuela”. Para Rondón lo resuelto por el ente electoral “vulnera
nuestros controles electorales y crean precedentes que no deben ser repetidos
en otro proceso electoral venezolano”.
Por su parte, Antonio Mugica -representante de Smartmatic, que
desde 2004 era la empresa encargada del sistema electrónico de votación
venezolano- advirtió en una conferencia de prensa en la ciudad de Londres, que las
cifras anunciadas fueron manipuladas y que habrían participado menos votantes
de los que arrojan los resultados oficiales: "la diferencia entre la
cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de
electores". Mugica señaló que, “lo que puedo asegurar es que las cifras
oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan”.
La farsa de la Asamblea Nacional Constituyente se reveló al
concluir su labor el 18 de diciembre de 2020 sin la redacción de una nueva
constitución para ser considerada por la población.
La fecha no era casual, el 5 de enero de 2021, un nuevo parlamento -formado
exclusivamente por el oficialismo- se aprestaba a iniciar una nueva legislatura
(la actual, en funciones hasta el 2026), fruto de unas elecciones en que la
derecha había decidido no presentarse.
