lunes, 16 de noviembre de 2026

 

EN CUBA NO HAY SOCIALISMO (II)

 

LAS REFORMAS LIBERALES

Con la caída de la URSS y el descalabro de la economía de la isla, llegaron también las políticas liberales, en un proceso reformista -restaurador del capitalismo- que, comenzó por aquel entonces, y continua hasta nuestros días.

 

LA APERTURA AL CAPITAL EXTRANJERO DE LOS AÑOS NOVENTA

En la década de los noventa se produce la apertura al capital extranjero, con sus correspondientes beneficios y flexibilizaciones de la ley cubana.

Sin embargo, este proceso comienza en la década de los ochenta, cuando el debilitamiento de la Unión Soviética y la consecuente pérdida de su principal socio financiero y comercial, propiciaron que el gobierno cubano promulgara una serie de leyes con el objetivo de atraer inversión extranjera a la isla.

La primera ley de inversión extranjera en Cuba data de febrero de 1982, cuando se promulgo el Decreto-Ley No 50, Sobre Asociación Económica Entre Entidades Cubanas y Extranjeras.

El decreto legaliza la creación de empresas de capital exclusivamente extranjero y las empresas mixtas entre el Estado cubano y capitales extranjeros, cuya participación podía alcanzar hasta el 49%, aunque no se excluía que en determinados casos pudiera ser mayor.

La reglamentación les permitía a las empresas mixtas y a las demás formas de asociación económica (por ejemplo, unión de uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros), exportar directamente su producción sin ningún tipo de obstáculos aduaneros ni impuestos del Estado.

A su vez, el Estado cubano garantizaba al socio extranjero la libre transferencia al exterior de los dividendos o utilidades netas que obtuviese. También eximía a las empresas mixtas, a las partes en las demás formas de asociación económica y a sus dirigentes y funcionarios, del pago de los impuestos sobre ingresos brutos, sobre ingresos personales y sobre trasmisión de inmuebles y establecimientos mercantiles.

Y si bien dispone que tanto las empresas mixtas, como las partes en las demás formas de asociación económica, son sujetos del impuesto sobre utilidades (al que le fija el tipo impositivo del 30% sobre la utilidad neta anual) y de que grava los pagos a los trabajadores (cuyo tipo impositivo es del 25%), además del pago de los aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas, del impuesto sobre la propiedad o posesión de vehículos y del llamado impuesto sobre documentos; la ley también faculta al gobierno para eximir total o parcialmente del pago de estos impuestos.

El decreto de 1982 también contiene ciertas disposiciones especiales. La primera de las cuales, refiere a las llamadas zonas de alta significación para el turismo internacional, las cuales, tenían un régimen administrativo especial.

Esta disposición especial autorizaba a que, en toda o una parte de la zona, estuviera libre del pago de impuestos, aranceles de aduana, derechos, tasas y contribuciones. Además, permitía disponer de un régimen laboral especial, que incluyera regulaciones distintas del salario, de los derechos de los trabajadores y de sus obligaciones.

En septiembre de 1995, se promulga la Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera. La cual, en buena parte, ratifica lo dispuesto por el decreto anterior, dándole un valor mas importante dentro de la legislación cubana, al tratarse de una ley.

El capítulo V reconoce la posibilidad de creación de empresas mixtas, la firma de contratos de asociación económica internacional (unión de uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros), así como de empresas de capital totalmente extranjero.

El capítulo IV, establece que la inversión extranjera será autorizada en todos los sectores de la economía -tales como en transporte, comunicaciones, acueductos, electricidad, o para construir y explotar una obra pública (capitulo VIII)-, con la excepción de los servicios de salud y educación. A su vez, podrá invertir en bienes inmuebles y adquirir su propiedad u otros derechos reales con fines de explotación turística (capítulo VI).

La Ley 77, también le abre la puerta en la privatización del erario público, al permitir la transmisión a favor de los capitales extranjeros de la propiedad estatal o de un derecho real propiedad del Estado; y el sistema empresarial de las instituciones armadas (capitulo VIII).

Lo mismo hace para con los inversionistas nacionales, para que sean aportados por estos en su asociación con los inversionistas extranjeros (capitulo VII).

En el capítulo X se vuelve a reconoce el derecho a las empresas mixtas, los inversionistas nacionales y extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional, y a las empresas de capital totalmente extranjero, a exportar y a importar directamente.

El Estado garantizará al inversionista extranjero la libre transferencia al exterior, sin pago de impuesto o ninguna otra exacción relacionada con dicha transferencia, de las utilidades netas o dividendos que obtenga por su inversión (capitulo III).

El capítulo XII menciona los impuestos de los que son sujeto las empresas mixtas, los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales partes en contratos de asociación económica internacional:

Impuestos sobre utilidades. A un tipo impositivo del 30% sobre la utilidad neta imponible.

Impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo. Aplicándose un tipo impositivo del 11% y uno del 14% para la contribución a la seguridad social.

Aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas.

Impuesto sobre el transporte terrestre, que grava la propiedad o posesión de vehículos automotores de transporte terrestre.

Impuesto sobre documentos, que contempla las tasas y derechos por la solicitud, obtención o renovación de determinados documentos.

Sin embargo, en los casos que el gobierno estime conveniente, se podrá exonerar, en parte o en su totalidad, el pago de impuesto sobre utilidades netas que se reinvierta en el país. En contraposición, cuando concurre la explotación de recursos naturales, renovables o no, puede aumentarse el tipo impositivo del Impuesto sobre Utilidades por decisión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros hasta un cincuenta por ciento (50%).

Además, los inversionistas extranjeros socios en empresas mixtas o partes en contratos de asociación económica internacional, quedan exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales.

La ley también estipulaba concepciones a las personas naturales y jurídicas en cuanto al régimen aduanero.

No obstante, las empresas de capital totalmente extranjero estaban obligadas durante toda la duración de sus operaciones, al pago de los tributos, con arreglo a la legislación del sistema tributario vigente.

Por otra parte, al igual que el decreto de 1982, se vuelve a garantizar, a modo de excepción, la disposición a establecer regulaciones laborales especiales (capitulo XI).

Finalmente, la letra de la ley establece que el Ministerio de Finanzas y Precios, puede conceder exenciones totales o parciales, de manera temporal, u otorgar los beneficios que correspondan, con relación a este sistema tributario especial.

En junio de 1996 se publica el Decreto-Ley No. 165, De las Zonas Francas y Parques Industriales. En este, se permite a personas naturales y jurídicas extranjeras operar una Zona Franca (capítulo VI), con la expresa garantía de la libre transferencia al exterior, sin pago de ningún impuesto relacionado con dicha transferencia, las utilidades netas o dividendos que obtengan (artículo 38.1).

Como señala el articulo 23, la gama de actividades que se pueden llevar a cabo en estas jurisdicciones especiales, van desde manufactura, ensamblaje, procesamiento de productos terminados o semielaborados, hasta comerciales, servicios bancarios, financieros y de seguro, tecnológicas y de investigación científica operacionales y agropecuarias.

El decreto establecía que, como incentivo para la inversión, las Zonas Francas contaban con un régimen especial, compuesto por regulaciones aduaneras, bancarias, tributarias, laborales y de orden público también especiales, más atractivas, menos rígidas y onerosas que las comunes (artículo 31.1). Prebendas que, en ningún caso podrán modificarse en perjuicio de ellos (artículo 31.2).

Entre los beneficios otorgados a estos emplazamientos, se encontraban:

Las importaciones de las zonas francas al territorio aduanero cubano podían descontar de los aranceles el porcentaje de valor agregado incorporado en su operación (artículo 26.3). Pero si este valor agregado le aportaba, al menos, el 50% de su valor final, los bienes no pagaban aranceles (artículo 26.4).

Exención del pago de aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas, por la introducción de productos destinados al desarrollo de las actividades autorizadas. Las exportaciones desde la zona franca (a otros países) tampoco estaban gravadas por aranceles y demás derechos de aduanas (artículo 32).

Los operadores que realizasen actividades de producción, manufactura, ensamblaje, procesamiento de productos terminados o semielaborados y agropecuaria, estaban totalmente exentos del pago del impuesto sobre utilidades y del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo durante los primeros doce años y bonificados en un 50% durante los siguientes cinco años (artículo 35).

En el caso de aquellos que realizaban actividades comerciales y de prestación de servicios, no debían abonar nada (por los dos impuestos ya mencionados) durante los primeros cinco años y se les bonificaba el 50% durante los siguientes tres años (artículo 35).

No obstante lo anterior, el gobierno podía conceder exenciones tributarias más favorables que las establecidas o acordar otros incentivos (artículo 36). Además, los plazos de estas exenciones, podían prorrogarse por iguales términos que los originales (artículo 37.1). Finalmente, una vez vencidos estos plazos, y durante todo el periodo restante de sus actividades, los concesionarios y operadores pasaban a pagar los impuestos referidos en la Ley de la Inversión Extranjera, de 1995 (artículo 37.2).

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