EN CUBA NO HAY SOCIALISMO (II)
LAS REFORMAS LIBERALES
Con la caída de la URSS y el descalabro de la economía de
la isla, llegaron también las políticas liberales, en un proceso reformista -restaurador
del capitalismo- que, comenzó por aquel entonces, y continua hasta nuestros días.
LA APERTURA AL CAPITAL EXTRANJERO DE LOS AÑOS NOVENTA
En la década de los noventa se produce la apertura al
capital extranjero, con sus correspondientes beneficios y flexibilizaciones de
la ley cubana.
Sin embargo, este proceso comienza en la década de los
ochenta, cuando el debilitamiento de la Unión Soviética y la consecuente
pérdida de su principal socio financiero y comercial, propiciaron que el
gobierno cubano promulgara una serie de leyes con el objetivo de atraer
inversión extranjera a la isla.
La primera ley de inversión extranjera en Cuba data de
febrero de 1982, cuando se promulgo el Decreto-Ley No 50, Sobre Asociación Económica
Entre Entidades Cubanas y Extranjeras.
El decreto legaliza la creación de empresas de capital
exclusivamente extranjero y las empresas mixtas entre el Estado cubano y
capitales extranjeros, cuya participación podía alcanzar hasta el 49%, aunque
no se excluía que en determinados casos pudiera ser mayor.
La reglamentación les permitía a las empresas mixtas y a las
demás formas de asociación económica (por ejemplo, unión de uno o más
inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros), exportar
directamente su producción sin ningún tipo de obstáculos aduaneros ni impuestos
del Estado.
A su vez, el Estado cubano garantizaba al socio extranjero
la libre transferencia al exterior de los dividendos o utilidades netas que obtuviese.
También eximía a las empresas mixtas, a las partes en las demás formas de
asociación económica y a sus dirigentes y funcionarios, del pago de los
impuestos sobre ingresos brutos, sobre ingresos personales y sobre trasmisión
de inmuebles y establecimientos mercantiles.
Y si bien dispone que tanto las empresas mixtas, como las
partes en las demás formas de asociación económica, son sujetos del impuesto
sobre utilidades (al que le fija el tipo impositivo del 30% sobre la utilidad
neta anual) y de que grava los pagos a los trabajadores (cuyo tipo impositivo
es del 25%), además del pago de los aranceles y demás derechos recaudables en
las aduanas, del impuesto sobre la propiedad o posesión de vehículos y del
llamado impuesto sobre documentos; la ley también faculta al gobierno para
eximir total o parcialmente del pago de estos impuestos.
El decreto de 1982 también contiene ciertas disposiciones
especiales. La primera de las cuales, refiere a las llamadas zonas de alta
significación para el turismo internacional, las cuales, tenían un régimen
administrativo especial.
Esta disposición especial autorizaba a que, en toda o una parte
de la zona, estuviera libre del pago de impuestos, aranceles de aduana,
derechos, tasas y contribuciones. Además, permitía disponer de un régimen
laboral especial, que incluyera regulaciones distintas del salario, de los
derechos de los trabajadores y de sus obligaciones.
En septiembre de 1995, se promulga la Ley No. 77, Ley de la
Inversión Extranjera.
La cual, en buena parte, ratifica lo dispuesto por el decreto anterior, dándole
un valor mas importante dentro de la legislación cubana, al tratarse de una
ley.
El capítulo V reconoce la posibilidad de creación de empresas
mixtas, la firma de contratos de asociación económica internacional (unión de
uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros),
así como de empresas de capital totalmente extranjero.
El capítulo IV, establece que la inversión extranjera será
autorizada en todos los sectores de la economía -tales como en transporte,
comunicaciones, acueductos, electricidad, o para construir y explotar una obra
pública (capitulo VIII)-, con la excepción de los servicios de salud y educación.
A su vez, podrá invertir en bienes inmuebles y adquirir su propiedad u otros
derechos reales con fines de explotación turística (capítulo VI).
La Ley 77, también le abre la puerta en la privatización
del erario público, al permitir la transmisión a favor de los capitales
extranjeros de la propiedad estatal o de un derecho real propiedad del Estado;
y el sistema empresarial de las instituciones armadas (capitulo VIII).
Lo mismo hace para con los inversionistas nacionales, para
que sean aportados por estos en su asociación con los inversionistas
extranjeros (capitulo VII).
En el capítulo X se vuelve a reconoce el derecho a las
empresas mixtas, los inversionistas nacionales y extranjeros partes en
contratos de asociación económica internacional, y a las empresas de capital
totalmente extranjero, a exportar y a importar directamente.
El Estado garantizará al inversionista extranjero la libre
transferencia al exterior, sin pago de impuesto o ninguna otra exacción
relacionada con dicha transferencia, de las utilidades netas o dividendos que
obtenga por su inversión (capitulo III).
El capítulo XII menciona los impuestos de los que son
sujeto las empresas mixtas, los inversionistas extranjeros y los inversionistas
nacionales partes en contratos de asociación económica internacional:
Impuestos sobre utilidades. A un tipo impositivo del 30% sobre
la utilidad neta imponible.
Impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo. Aplicándose
un tipo impositivo del 11% y uno del 14% para la contribución a la seguridad
social.
Aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas.
Impuesto sobre el transporte terrestre, que grava la
propiedad o posesión de vehículos automotores de transporte terrestre.
Impuesto sobre documentos, que contempla las tasas y
derechos por la solicitud, obtención o renovación de determinados documentos.
Sin embargo, en los casos que el gobierno estime
conveniente, se podrá exonerar, en parte o en su totalidad, el pago de impuesto
sobre utilidades netas que se reinvierta en el país. En contraposición, cuando
concurre la explotación de recursos naturales, renovables o no, puede
aumentarse el tipo impositivo del Impuesto sobre Utilidades por decisión del
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros hasta un cincuenta por ciento (50%).
Además, los inversionistas extranjeros socios en empresas
mixtas o partes en contratos de asociación económica internacional, quedan
exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales.
La ley también estipulaba concepciones a las personas
naturales y jurídicas en cuanto al régimen aduanero.
No obstante, las empresas de capital totalmente extranjero
estaban obligadas durante toda la duración de sus operaciones, al pago de los
tributos, con arreglo a la legislación del sistema tributario vigente.
Por otra parte, al igual que el decreto de 1982, se vuelve
a garantizar, a modo de excepción, la disposición a establecer regulaciones
laborales especiales (capitulo XI).
Finalmente, la letra de la ley establece que el Ministerio
de Finanzas y Precios, puede conceder exenciones totales o parciales, de manera
temporal, u otorgar los beneficios que correspondan, con relación a este
sistema tributario especial.
En junio de 1996 se publica el Decreto-Ley No. 165, De las Zonas Francas y Parques Industriales. En este, se permite a personas naturales y jurídicas extranjeras operar una Zona Franca (capítulo VI), con la expresa garantía de la libre transferencia al exterior, sin pago de ningún impuesto relacionado con dicha transferencia, las utilidades netas o dividendos que obtengan (artículo 38.1).
Como señala el articulo 23, la gama de actividades que se
pueden llevar a cabo en estas jurisdicciones especiales, van desde manufactura,
ensamblaje, procesamiento de productos terminados o semielaborados, hasta comerciales,
servicios bancarios, financieros y de seguro, tecnológicas y de investigación científica
operacionales y agropecuarias.
El decreto establecía que, como incentivo para la
inversión, las Zonas Francas contaban con un régimen especial, compuesto por regulaciones
aduaneras, bancarias, tributarias, laborales y de orden público también especiales,
más atractivas, menos rígidas y onerosas que las comunes (artículo 31.1).
Prebendas que, en ningún caso podrán modificarse en perjuicio de ellos
(artículo 31.2).
Entre los beneficios otorgados a estos emplazamientos, se
encontraban:
Las importaciones de las zonas francas al territorio
aduanero cubano podían descontar de los aranceles el porcentaje de valor
agregado incorporado en su operación (artículo 26.3). Pero si este valor
agregado le aportaba, al menos, el 50% de su valor final, los bienes no pagaban
aranceles (artículo 26.4).
Exención del pago de aranceles y demás derechos recaudables
en las aduanas, por la introducción de productos destinados al desarrollo de
las actividades autorizadas. Las exportaciones desde la zona franca (a otros países)
tampoco estaban gravadas por aranceles y demás derechos de aduanas (artículo
32).
Los operadores que realizasen actividades de producción,
manufactura, ensamblaje, procesamiento de productos terminados o semielaborados
y agropecuaria, estaban totalmente exentos del pago del impuesto sobre
utilidades y del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo durante los
primeros doce años y bonificados en un 50% durante los siguientes cinco años
(artículo 35).
En el caso de aquellos que realizaban actividades
comerciales y de prestación de servicios, no debían abonar nada (por los dos
impuestos ya mencionados) durante los primeros cinco años y se les bonificaba
el 50% durante los siguientes tres años (artículo 35).
No obstante lo anterior, el gobierno podía conceder exenciones tributarias más favorables que las establecidas o acordar otros incentivos (artículo 36). Además, los plazos de estas exenciones, podían prorrogarse por iguales términos que los originales (artículo 37.1). Finalmente, una vez vencidos estos plazos, y durante todo el periodo restante de sus actividades, los concesionarios y operadores pasaban a pagar los impuestos referidos en la Ley de la Inversión Extranjera, de 1995 (artículo 37.2).