EN CUBA NO HAY SOCIALISMO (VI)
LAS REFORMAS LIBERALES
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 2026
El 18 de junio la Asamblea Nacional del Poder Popular
aprobó 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes
temáticos.
En estas se continúa relajando la fijación estatal de
precios para priorizar el libre mercado.
De esta manera, se eliminan los topes de precios de manera
general, que pasan a ser fijados por las empresas estatales y las
administraciones locales de manera particular (117). Aparejado a esto, se deja
sin efecto la obligatoriedad de utilizar el método de gastos en la formación de
precios, para pasar a uno de referencia del mercado (118).
Se va más allá con los precios del sector agropecuario,
donde se reconoce al mercado y a la empresa no estatal en la formación de
precios (60. a).
Las Transformaciones Económicas y Sociales también
continúan con el plan de gobierno de eliminar subsidios (10 y 49). Se insiste
con la eliminación de los subsidios a productos para transformarlos en
subsidios a personas (70); y se habla explícitamente de transitar de la canasta
familiar normada, a las ventas controladas sin subsidios en la red de comercio
(157).
Se acepta un menoscabo de los derechos laborales:
El punto 82 faculta directamente a todos los actores
económicos para determinar los trabajadores que cesan el vínculo laboral por
motivos económicos, tecnológicos y estructurales, previa evaluación en el
órgano colegiado de dirección, de común acuerdo con la organización sindical y
análisis en la asamblea de afiliados y trabajadores:
Los trabajadores en esta condición reciben, por una única
vez, una protección monetaria equivalente a un mínimo de tres y máximo de seis
veces el salario básico del cargo que ocupaban.
Mas grave es en el caso de los cuentapropistas, donde se
establece una protección equivalente a un mes de remuneración ante la
suspensión temporal o cancelación de la actividad (83).
Las medidas también proceden a una privatización de las
empresas públicas.
Las empresas estatales socialistas pasan a transformarse en
sociedades mercantiles por acciones o participaciones (7), en las que el Estado
definirá su participación accionaria en los sectores de la economía,
garantizando su presencia mayoritaria en los considerados estratégicos (7. a).
Se autoriza la compra de acciones de empresas estatales por
personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como
por personas naturales (33) (7. c).
Se habilita la venta de propiedades estatales a personas jurídicas
y naturales, nacionales y extranjeras, incluyendo a cubanos residentes en el
exterior (34).
De hecho, el punto 32 ratifica la propiedad social sobre
los medios fundamentales de producción, pero avanza en la gestión no estatal
sobre estos medios.
Mediante usufructos y arrendamientos a largo plazo también
se avanza hacia privatizaciones encubiertas.
Se permite que las empresas estatales moneticen activos
subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la
economía e inversión extranjera (14. c).
Específicamente, se faculta a la empresa estatal que
administra la tierra propiedad socialista de todo el pueblo que la entregue en
usufructo (58. c).
El punto 58 mantiene el principio de propiedad de la tierra
de todo el pueblo (58. a), pero le otorga el derecho real de usufructo sobre la
tierra a las personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales que lo
soliciten, por tiempo indeterminado y la cantidad de áreas según proyecto
presentado, para todas las producciones agropecuarias, forestales y
tabacaleras, así como para proyectos de desarrollo de eco y agroturismo (58.
b).
Se le conceden derechos reales (en usufructo y superficie)
a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el
desarrollo de sus actividades (24).
Ampliar a otras actividades el otorgamiento de derechos de
superficie hasta 99 años y extender el límite de derechos de usufructo por más
de 50 años para la inversión extranjera (120).
En el sector turístico, se autoriza el otorgamiento de
derechos reales de usufructo con carácter oneroso, concesión de áreas con
activos o en desarrollo en diferentes regiones del país, y la venta de
inmuebles (aprobación caso a caso) (133).
En la misma línea de traspasar activos estatales a los
privados, se establecen diversos mecanismos financieros, tales como
instrumentos que permitan la capitalización de las empresas, sin la
participación del Presupuesto del Estado (13) (94).
La implementación de un Programa Nacional de Valoración y
Titulación de Activos Empresariales Estatales que emita certificados de
propiedad ejecutables, que puedan constituirse en garantía colateral para
créditos bancarios (14)
Las 176 medidas avanzan en la privatización de la economía.
Se permite la contratación de más de 100 trabajadores (a
partir de esta cifra se clasificarán como empresas privadas) (20). Además, se
autoriza que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa
privada (21).
Se amplían las formas societarias bajo las que pueden
organizarse las empresas privadas, incluyendo sociedades anónimas por acciones
(22). Permitiendo que una misma persona natural cuente con participación
accionaria en más de una empresa privada (23).
Se habilita a las formas de gestión no estatal para que
desarrollen otras actividades productivas y de servicios, aparte de su
actividad principal (6). En consonancia con la reducción de la lista de
actividades prohibidas para los actores económicos no estatales (27):
Por ejemplo, el punto 29 habilita a la empresa privada a
participar en la actividad agropecuaria (29).
El 99 abre el mercado cambiario oficial y de remesas con la
participación de actores económicos no estatales, incluido otorgar licencias
para operaciones de casas de cambio privadas.
Se autoriza la creación de instituciones financieras no
bancarias privadas que se dediquen a la canalización de flujos financieros,
incluyendo las remesas, a través de operaciones cambiarias (101).
Habilitación para que empresas privadas y cooperativas
realicen directamente actividades de comercio exterior (129).
Se permite la importación para el ensamblaje y
comercialización de vehículos eléctricos a las personas no estatales que se
autoricen (148).
El sector privado queda autorizado para comercializar
servicios de centros de datos (que no alojen plataformas de gestión de las
infraestructuras críticas del país), así como la fabricación y comercialización
de equipos de telecomunicaciones, centros de contacto, y de instalación y
montaje de redes de acceso móvil y fija (168).
Por último, las empresas mixtas podrán operar
infraestructura postal y logística de última milla (171).
A nivel municipal, se habilita la participación de los
diferentes actores económicos, cubanos residentes en el país y en el exterior,
y a la inversión extranjera en los sistemas productivos locales (43. E, 44 y
46).
Explícitamente, se le propone a los municipios el tránsito
de los proyectos económico-productivos hacia formas de gestión no estatales
(50).
También continúan el proceso de extranjerización del país.
Estimular la participación de inversión extranjera en
empresas privadas y cooperativas, mediante la creación de empresas mixtas y
contratos de asociación económica internacional (119).
Fomentar las exportaciones de bienes y servicios que,
mediante la descentralización de facultades de exportación, incentivos
diferenciados e integración productiva con el capital extranjero, eleven el
valor total de las exportaciones para lograr una balanza comercial de bienes y
servicios superavitaria de forma sostenida (127).
Se modifica la gestión administrativa estatal del comercio,
la gastronomía y los servicios, dando prioridad a las formas de gestión no
estatal y a las modalidades de inversión extranjera (149).
En otros sectores, como el comercio mayorista, también se
le abre la puerta a los capitales privados y extranjeros para la creación de
mercados de abasto (150).
Se abre al capital privado y extranjero la importación y
comercialización de combustibles (incluida la red minorista) (52), así como el
sistema financiero (incluido el de los microcréditos) (84).
Se invita directamente a las trasnacionales (151) a crear
cadenas de tiendas, restaurantes y red de gastronomía ligera de marcas
reconocidas (152), y a franquicias de alimentos ligeros (153).
A su vez, el proyecto encomienda el diseño de incentivos
para que todos los actores económicos (incluidos privados y extranjeros)
comercialicen insumos y equipos agropecuarios en divisas y en pesos, y tengan
acceso al mercado cambiario (61).
Se establecen mecanismos efectivos para la recogida de
desechos sólidos y escombros a través de modelos de negocios, la inversión
extranjera, y otros que puede incluir el pago de este servicio mediante tarifas
diferenciadas (49).
El turismo y el sector inmobiliario también se abren a la
inversión privada y foránea:
Se incluye en la Cartera de Oportunidades de Negocios
determinadas áreas del país como “Zonas de Desarrollo Económico”, donde se
establecen regímenes especiales (134).
Se permite la aplicación de todas las modalidades de
negocios en los cayos, zonas patrimoniales de la Habana Vieja y Trinidad, así
como en todos los destinos turísticos del país donde estos modelos sean
beneficiosos para el sector (135).
Autorización para el desarrollo inmobiliario en todas las
zonas turísticas del país donde se requiera este tipo de negocios. Establecer
la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en zonas de
la ciudad de La Habana y otras zonas urbanas del país vinculadas a la actividad
turística (136).
Permitir que los negocios inmobiliarios puedan realizar
operaciones de compraventa de unidades residenciales (122).
Permitir la inversión extranjera en la Habana Vieja y otras
zonas patrimoniales (126).
Se aprueban, para todos los actores económicos beneficios
tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismo y otras modalidades de
turismo especializado (138).
Se les autoriza su participación en el alquiler de autos
(140) y en el negocio de las agencias de viajes (141).
Por último, también se pasan a aceptar los guías de turismo
y agentes de venta privados (142), además de empresas mixtas y arrendamiento
para la negociación de las marinas turísticas (137).
Permitir la inversión extranjera en la construcción y
ampliación de las capacidades de los centros de datos de ETECSA (167).
También se abren los parques recreativos, zoológicos,
acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento (incluyendo porcentajes de
ventas en pesos y en divisas) (154).
Eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para
seleccionar y contratar al personal en la inversión extranjera (123).
Reducir la documentación, plazos, así como descentralizar
la aprobación de la inversión extranjera, lo que incluye aplicar el silencio
administrativo positivo. Este último será aplicado en todos los procesos
relacionados con la expedición de licencias para las actividades económicas,
financieras y comerciales con efecto directo en la actividad registral (125).
Aplicar el principio de nomenclatura negativa para las
empresas que realizan comercio exterior, incluyendo la inversión extranjera
(128).
Las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por el
gobierno también retoman la dolarización de la economía cubana.
Se expresa sin ambages el deber de garantizar que la
inversión extranjera disponga de sus ingresos en divisas y opere con
flexibilidad en un entorno de dolarización parcial de la economía; así como su
acceso al mercado cambiario (124). Además, de ampliar el alcance de la
dolarización parcial de la economía en las operaciones interempresariales y
comerciales, acorde a la situación actual (131).
Por ejemplo, el punto 85 elimina las restricciones a los
pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores
nacionales.
Se autoriza que los depósitos de divisas en efectivo de
actores no estatales se acrediten en cuentas bancarias en la misma moneda
extranjera (25). A su vez, se permite la apertura de cuentas en divisas, tanto
en Cuba como en el exterior, por parte de personas jurídicas y naturales, sin
autorización administrativa previa (86).
Otras medidas ahondan el proceso de desocialización de la
sociedad que el gobierno revolucionario viene acometiendo hace tiempo. En este
sentido, el punto 36 es toda una declaración de principios:
En él se reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio
financiero y material de las personas jurídicas y naturales. Garantizando la
protección de los derechos laborales y sociales sin permitir una explotación
indiscriminada del hombre por el hombre.
Lo mismo se puede decir del 37. El cual, habla de
perfeccionar la planificación de mediano y largo plazo, enfocada en el diseño
del desarrollo, priorizando los equilibrios macroeconómicos; reducir problemas
estructurales y dar señales de política para todos los actores económicos.
O el 38, donde se encomienda transitar hacia un modelo de
planificación financiera, donde el Estado abandona progresivamente la
distribución física de recursos, dando mayor participación a las señales del
mercado.
Como en el caso de las empresas estatales, que accederán de
forma descentralizada a insumos, divisas y otros recursos para su producción, a
través de mecanismos de mercado (38. a).
Además, se eliminan los requisitos de trabajo directo y
estable en la tierra por parte de los usufructuarios (58. e).
El punto 100 establece directamente realizar devaluaciones
sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipo de cambio.
Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas.
Y mientras se habla de perfeccionar la imposición al
consumo, mediante la implementación gradual del Impuesto sobre el Valor
Agregado (104); se reduce la carga fiscal del sector empresarial por concepto
del Impuesto sobre Utilidades (107 y 108), con el diseño de un régimen de
depreciación acelerada para la adquisición de bienes de producción (110), así
como beneficios arancelarios para la importación de insumos (116).